Las dos formaciones comparten la necesidad de reformar la Carta Magna, pero discrepan en el procedimiento y en los tiempos. El partido de Rivera considera que no hay que pisar el acelerado
Ciudadanos se convirtió en el aliado preferente de Pedro Sánchez para el impulso de la reforma constitucional y de las medidas de regeneración democrática. Pero en la primera materia, Albert Rivera no quiere poner el pie en el acelerador. Está de acuerdo con que se abra el debate sobre la Carta Magna, pero no que se arranque el proceso ahora como una vía para intentar hacer frente al referéndum unilateral del 1 de octubre. Considera que ambas cuestiones, el cambio de la Ley Fundamental y el abordaje del pulso soberanista, deben caminar por separado. La formación naranja comparte el fondo y el objetivo, pero no está de acuerdo, por tanto, ni con los procedimientos ni con los tiempos que prefiere el PSOE. No caerá, dice, en sus «prisas».
La nueva portavoz socialista, Margarita Robles, pudo constatar las diferencias con Ciudadanos en la «primera toma de contacto» con el secretario general del grupo, Miguel Gutiérrez, este martes. Ambos se vieron por espacio de media hora en la Cámara Baja y apenas llegaron a concretar nada, más allá del compromiso de ambos de intercambiarse documentos sobre los asuntos que los dos partidos quieren retocar de la Constitución. Gutiérrez, además, manifestó a Robles durante el café la necesidad de poner en marcha las reformas que su formación ha venido exigiendo reiteradamente: el fin de los aforamientos, la limitación de mandatos y la modificación de la Ley Electoral, que son los mismos puntos que ya abordaron Sánchez y Rivera en su entrevista de hace dos semanas.
Pero la posición de C’s «no ha cambiado desde entonces», subrayan desde el entorno del líder centrista, y eso es, objetivamente, un escollo para un PSOE que sí ha decidido que ha de tomar la iniciativa ya. Según confirmaron fuentes de la formación naranja a este periódico, Rivera sigue pensando que es necesario dar vida a una «mesa de partidos», para perimetrar el campo de revisión de la Constitución. Es decir, quiere que primero se cree un marco más «informal», para que se exploren las posibilidades de cambio y el alcance de los acuerdos. «Por descontado», advierten desde el equipo de Rivera, el partido no contempla otro escenario que el PP, su socio de investidura, también esté sentado y participe del diálogo. Los socialistas, por el contrario, prefieren que el debate se canalice a través de un formato institucional. Es decir, que se ponga en marcha en el Congreso algún tipo de foro parlamentario. Lo que no tienen decidido es cuál es el idóneo.
La formación naranja defiende la pertinencia de crear una «mesa de partidos», un marco menos formal, y desligar el debate del referéndum del 1-O
La dirección de Sánchez continúa, de hecho, dándole vueltas. Por un lado, constituir una subcomisión dentro de la comisión Constitucional de la Cámara Baja tiene la pega de que ya hay otro órgano de este tipo que está funcionando, el encargado de analizar la Ley Electoral. Otras fórmulas podrían ser montar una comisión de estudio en el Congreso o bien una comisión mixta Congreso-Senado. El problema no es el registro de la iniciativa, sino su aprobación. Como recordaban este martes fuentes parlamentarias oficiales, la creación de cualquier nuevo órgano necesita del visto bueno de la mayoría simple del Congreso, y si se trata de un mixto que implique a las dos Cámaras, de los plenos de ambas.
¿Con el PP?
El PSOE solo dispone de 84 escaños en la carrera de San Jerónimo, por lo que necesita del apoyo de otros grupos para sacar adelante cualquier propuesta, y en el Senado es el PP quien directamente dispone de una mayoría absoluta holgadísima. Arrancar la reforma de la Constitución sin consenso sobre el procedimiento supondría comenzar un camino muy complicado con mal pie. Sánchez, no obstante, sí quiere contar con Mariano Rajoy para el debate. «Es ineludible e inexcusable que el PP participe [en el debate sobre la revisión de la Carta Magna]. Estamos hablando de la convivencia entre españoles y es importante que los dos mayores partidos estemos representados y seamos actores principales», defendía el máximo responsable socialista este domingo en una entrevista en los diarios del Grupo Vocento.
Los socialistas prefieren que el diálogo se encauce en un foro institucional y que se actúe «cuanto antes» para hacer frente al desafío soberanista
PSOE y Ciudadanos sí comparten la necesidad de poner al día la Carta Magna, y ya lo reflejaron ambos en su pacto de gobierno firmado en febrero de 2016. La formación de Rivera cree que, ‘de facto’, España es un país «de corte federal», solo que sus ‘Länder’ se llaman comunidades autónomas. Lo que defiende el partido emergente es la «clarificación de competencias» entre administraciones —entre otras cosas, para reducir la litigiosidad—, la supresión de los aforamientos, la limitación de los mandatos presidenciales y un nuevo sistema electoral. En modo alguno, subrayan desde el entorno de Rivera, se apoyará la concepción de la «España plurinacional» por la que apuesta Sánchez y que aprobó el 39º Congreso Federal del PSOE.
La segunda discrepancia importante entre las dos formaciones tiene que ver con los tiempos. Cuando Rivera se reunió con el jefe de Ferraz, ya sostuvo que su pretensión era impulsar la reforma constitucional en otoño. Y, por ahora, no se mueve de ese horizonte ni quiere caer prisionero de las «prisas» del jefe de la principal fuerza de la oposición. C’s considera que no ha de vincularse la deliberación acerca de la Carta Magna con el desafío del 1-O, y en cualquier caso no cree conveniente poner en marcha una mesa de partidos antes de la consulta secesionista. El presidente de la formación naranja juzga que es mejor esperar, ver qué pasos van dando las formaciones soberanistas —aún deben aprobar en el Parlament la Ley de Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, y se calcula que lo harán a finales de agosto—, cómo responde el Gobierno y qué réplica dan Junts pel Sí y la CUP.
Los socialistas, por el contrario, entienden que hay que actuar «cuanto antes», sin aguardar al previsible choque de trenes del 1-O. El lunes, su presidenta, Cristina Narbona, solemnizó el giro estratégico respecto a lo trasladado el jueves pasado, tras la entrevista de Sánchez con Rajoy en La Moncloa. «El plazo es ya», enfatizó, dando muestras de que el PSOE no esperaría más a un presidente al que ve atrincherado en el «inmovilismo irresponsable».
Los bloques de propuestas
Las iniciativas que adopten los socialistas se conocerán este viernes, tras una reunión conjunta de las ejecutivas del PSOE y del PSC en Barcelona. El listado de medidas aún no está rematado, aunque sí se conoce que orbitarán en torno a tres grandes bloques: la revisión de la Carta Magna, la inclusión de algunas de las 46 exigencias planteadas por Carles Puigdemont al Gobierno central en abril de 2016 y la recuperación de los elementos de autogobierno recogidos por el Estatut y anulados por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010. Un capítulo básico es un nuevo modelo de financiación autonómica, multilateral, como ahora, ya que el PSOE rechaza el pacto fiscal que pidió Artur Mas a Rajoy en 2012. Será en esa ‘cumbre’ de las direcciones de Pedro Sánchez y Miquel Iceta, en consecuencia, cuando se acuerden los contenidos y el calendario de presentación. «Pues igual con lo que sale de esa cita no estamos tan de acuerdo», avisaban desde C’s.
En el entorno de Sánchez, se insiste en que no hay ningún listado de medidas cerrado y que todo el trabajo se rematará en la ‘cumbre’ PSOE-PSC del 14
Este martes, fuentes próximas a los jefes de PSOE y PSC insistían en que «los documentos se están elaborando aún» y que los tiempos se conocerán este 14 de julio. Ni siquiera está decidido cuándo se registrará la solicitud de creación del órgano parlamentario que estudie la actualización de la Ley Fundamental de 1978. El PSOE es consciente de que es una cuestión delicada, que necesita consenso y que los márgenes son ya muy estrechos: julio y agosto son meses de vacaciones parlamentarias que solo se rompen si hay mayoría en la Diputación Permanente —el órgano que sustituye al pleno—, así que quizá no quede otra opción que aguardar a septiembre. Precisamente cuando se espera que la tensión entre el Gobierno y la Generalitat alcance un nuevo máximo y La Moncloa se halle enfrascada en el despliegue de las vías legales y jurídicas para parar el referéndum del 1-O. «Pero aún no hay nada cerrado», remarcaban desde el entorno más próximo al secretario general. Sánchez, además, no está en España: se encuentra en Nueva York, asistiendo al Consejo de la Internacional Socialista, y no regresa hasta el jueves.
El líder socialista ya se veía venir que podía haber dificultades con Rivera. Como comentaban hace unos días fuentes muy próximas, aunque ambos sintonizaron en esta cuestión capital, sí barruntaba que el presidente de C’s podía poner objeciones y poner más empinada la discusión de iniciativas antes del 1-O.
El equipo de Sánchez anticipa, no obstante, que pondrá «toda la carne en el asador» para buscar una salida política para Cataluña, y de ahí su empeño en que se abra la vía del diálogo sobre el texto de 1978. Ferraz ya da por descontado que las formaciones separatistas —el PDeCAT o ERC— no se sentirán satisfechas con una revisión de la Carta Magna, pero sí quiere lanzar un mensaje a «la sociedad catalana», a aquellos ciudadanos desencantados, que se consideran agraviados y que abrazaron la causa del independentismo porque no se sentían escuchados y reconocidos por Madrid.
Críticas en privado
No todos en el PSOE apoyan la estrategia marcada por la ejecutiva federal. Este martes, varios diputados en el Congreso manifestaban sus dudas acerca de los plazos y del reposicionamiento del partido. Lo consideraban una muestra de «tacticismo» con muchos riesgos en una cuestión de alto voltaje en la que no se debe «sacar rédito electoral» y en la que no conviene «evidenciar fisuras en el frente constitucionalista». Argumentaban que la prioridad debe estar centrada ahora en el freno del 1-O, al ser un «auténtico golpe al Estado», y que no es el momento de abrir un melón, el del texto de 1978, por mucho que haya consenso en el PSOE en que precisa una puesta al día para culminar la estructura federal de España, porque esa fue la apuesta que salió de la ‘Declaración de Granada’ impulsada por Alfredo Pérez Rubalcaba en 2013. Otros parlamentarios señalaban que no tiene sentido presentar iniciativas políticas en el Congreso ahora y sin tenerlas previamente acordadas, y menos una propuesta de reforma de la Carta Magna, pues si se produce el rechazo del PP y de las formaciones soberanistas, su fracaso solo «servirá para dar alas al independentismo». Es decir, que convenía aplicar más tiento y que la premura, en este caso, no era buena consejera.
Algunos dirigentes alertan del «tacticismo» de la dirección federal, que en los últimos días ha ido modulando su opinión en esta materia
Pero es poco probable que algún dirigente eleve la voz en público. La cúpula de Sánchez acaba de aterrizar tras unas primarias en las que venció de forma incontestable y los críticos entienden que hay que darle margen para que despliegue su proyecto. Lo que sí se han escuchado en los últimos días son cambios de criterio por parte de la cúpula en esta materia. Sánchez primero exigió «soluciones políticas» a Rajoy antes de su cita en La Moncloa, luego anunció que presentaría «iniciativas legislativas» si el presidente no actuaba y este lunes advertía de que las medidas ya estarían perfiladas a finales de semana y que las adoptaría ya.
Sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución —el que prevé la intervención de algunas competencias de la autonomía incumplidora, previa autorización del Senado—, Ferraz primero dijo que era una medida «cruenta» (en palabras del portavoz de la ejecutiva, Óscar Puente), más tarde que no contemplaba que el Gobierno recurriera a ella por ser extrema y, después, que rechazaría rotundamente su activación, el mismo día en que el secretario de Política Federal, Patxi López, pedía que no se utilizara el 155 como «una especie de amenaza» y que ese precepto no incluye la suspensión de la autonomía, sino que es una copia del artículo 36 de la Constitución alemana y sirve para que «si hay dejación de responsabilidades, el Gobierno de España pueda dar órdenes para que se cumpla esa competencia y se lleve a efecto». También los países que sirven de plantilla han sido varios: Alemania, Bélgica o la centralista Francia. Las posiciones de la ejecutiva, por tanto, han ido mudando con el paso de los días y quedarán fijadas en apenas tres días.
No habrá una segunda oleada de cambios en el grupo parlamentario
La reunión del Grupo Socialista de este martes discurrió de forma tranquila. Margarita Robles comunicó lo que ya se sabía: que la manchega Isabel Rodríguez deja la dirección parlamentaria para permitir la entrada de la sanchista Sofía Hernanz, una de las diputadas del no y amiga personal de Pedro Sánchez. Rodríguez pasará a ocupar la presidencia de la comisión de Justicia, que dejó vacante Robles al convertise en portavoz.
La jefa de los diputados socialistas garantizó a sus compañeros que no habrá una segunda oleada de cambios a la vuelta de las vacaciones de verano. Que los relevos ya se han cerrado y que las sustituciones en las mesas de las comisiones se harán efectivas a partir de la semana que viene, según se vayan reuniendo.
Antonio Hernando, el exportavoz parlamentario, puso en valor el trabajo del hasta hace dos semanas director de Comunicación del grupo parlamentario, el periodista gallego Rodolfo Irago, cesado por la dirección, un ‘homenaje’ que suscitó los aplausos de los presentes. También diputados andaluces como Antonio Pradas y José Andrés Torres Morapidieron un reconocimiento para la decena de trabajadores despedidos por el equipo de Sánchez en los últimos días. El madrileño Rafael Simancas, secretario general del grupo, aseguró que se trataba de una reestructuración por motivos económicos.
Irago fue reemplazado, desde este lunes, por la periodista Victoria Luna, procedente del diario gratuito ’20 Minutos’.