El primer mensaje le llegó pasadas las ocho de la mañana y a partir de ese momento más de cincuenta veces le sonó el «piticlín» del móvil. «No me han dejado de llegar mensajes de agradecimiento de los padres de los alumnos», subrayaba ayer, feliz, José Matías, el investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que denunció ante el Seprona la presencia de residuos mineros en el patio del colegio San Ginés de la Jara. Lo hizo a raíz de las muestras tomadas para su tesis doctoral en minería, medio ambiente y desarrollo sostenible y su acción le llevó a sufrir una reprimenda pública de la UPCT, que le acusó de generar alarma social. «Llevo cinco meses soportando presiones», dijo entonces.
Ahora que la Dirección General de Minas ha elaborado un informe que alerta de la contaminación del suelo del colegio y del entorno del núcleo de población de El Llano del Beal, el investigador avanza que cuando defienda su tesis, el 28 de septiembre, hará públicos los análisis positivos por contaminación obtenidos en las balsas «Jenny» y «Pobrecita». Dividí el sector en diez cuadriculas, tomando diez muestras en cada una, y en la superficie han aparecido eflorescencias salinas con cadmio, plomo, zinc, arsénico, manganeso y cobre. Estos dos depósitos están en el entorno del colegio y Matías explica que se hicieron actuaciones, pero cada 30 años hay que revisar los trabajos de sellado porque han aparecido residuos en superficie. Habría que habilitar barreras capilares o con polietileno. Los padres de un escolar filmaron un vídeo en abril en la balsa «Jenny», en el que se aprecian charcos de color rojo y un manto de eflorescencias salinas con metales pesados recubre el solar. «Parece que ha nevado», ironizan los padres en la grabación. El investigador alerta de que «estos metales acaban en los cultivos y en el Mar Menor a través de la rambla del Beal. Existe un problema de salud en la Sierra Minera y Sanidad debería tomar medidas. 
EPILOGO.- La noticia que damos recogida del decano de la prensa regional, la segunda en menos de 24 horas, ayer una página y hoy otra, no es un tema baladí, es un problemazo de la mayor gravedad del que las autoridades municipales y regionales deben tomar nota y actuar, y no cuando se produzca una indesable metedura de pata. Lo de la balsa «Jenny» tiene veneno desde que pasó suciamente de las manos del expresidente regional pepero RAMON LUIS VALCARCEL a una empresa privada que ha debido de devolver SEIS MILLONES DE EUROS, un misterio cerrado a cal y canto, a pesar de la lucha sin cuartel de los denunciantes, los letrados Mazón y Diego de Ramón, y nuestro compañero ex diputado regional, Cano Vera. Los tribunales de justicia de Madrid, Murcia Región y un juzgado cartagenero han rechazado incomprensiblemente una y otra vez las querellas presentadas para esclarecer el lado oscuro de la compraventa de unos terrenos nocivos que pueden ser un peligro para la vida humana. Nuevamente, el letrado Diego de Ramón y Cano Vera, han insistido, ya que el TSJ ha pedido a la jueza de Cartagena que paralice el procedimiento de una compraventa opaca que además tiene elevados riesgos de ser algo peor que un problema denunciado por los agentes del SEPRONA (Guardia Civil), y los especialista en tóxicos. Así se hace justicia en la Comunidad Autónoma de Murcia. Ojos que no ven, gabardina que me llevo, reza el refrán. Lo mencionamos para no llorar.
