De repente, María Dolores de Cospedal parecía saber cosas que los demás desconocían. El 6 de agosto de 2009, con el Partido Popular envuelto en el huracán del mayor caso de corrupción de su historia, la secretaria general de la formación denunció que el Gobierno estaba utilizando a la Policía para retorcer la investigación de la trama Gürtel hasta la ilegalidad. “Nos consta que se están produciendo (escuchas telefónicas) de manera ilegal”, declaró a la agencia Efe en una entrevista grabada en vídeo con el Mediterráneo de fondo.
Con esa entrevista a la agencia estatal, De Cospedal insistía en la afirmación difundida en un vídeo del partido dos días antes. Habían pasado dos semanas desde que se reuniera con el comisario José Manuel Villarejo en la sede del Partido Popular en la calle Génova, según ha desvelado este martes moncloa.com. Este medio habla del encuentro del 21 de julio y reproduce pequeños fragmentos de la conversación, al principio y al final de la misma.
A la espera de que se publique el contenido del encuentro, otras grabaciones anteriores ya dan cuenta de los datos confidenciales de la investigación que el comisario había entregado al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la entonces secretaria general del PP. En uno de ellos, Villarejo confiesa que ha avisado a Juan Cotino, dirigente del PP valenciano, de registros policiales que se iban a producir.
Las declaraciones de Cospedal supusieron el terremoto político del verano. «Dicen la mayor barbaridad del mundo y se dan un chapuzón», replicó el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que todos los dedos del PP señalaban como máximo responsable del acoso policial al partido de la oposición.
La investigación del caso Gürtel había comenzado en 2008 cuando un concejal de Majadahonda, resentido con otros miembros de la trama, había acudido a la Fiscalía con meses de grabaciones. En febrero de 2009 se realizaron las primeras detenciones y saltó a la luz pública el caso Gürtel. Tres días antes del encuentro en Génova entre Villarejo y Cospedal, el Tribunal Supremo había citado al tesorero del PP Luis Bárcenas como imputado. Los informes policiales publicados ya situaban al guardián de las cuentas del partido como una pieza clave en la trama.
Con el partido acorralado por los escándalos continuos aparecidos en la prensa, Cospedal sale desde su retiro veraniego el 6 de agosto de 2009 a denunciar presuntas filtraciones de la investigación de la trama de corrupción por parte de “mandos políticos” del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, así como la utilización partidista de ésta.
“Y vamos a seguir denunciando que se estén produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que nada tienen que ver en ningún sumario y que nos constan que se están produciendo de manera ilegal. Y vamos a seguir denunciando que el Partido Socialista está intentando corromper a las instituciones de la democracia”, afirmó la secretaria general del PP. Al día siguiente, las acusaciones se fueron concretando y en informaciones que citaban “fuentes populares” se ponía al presidente valenciano, Francisco Camps; al director de su estrategia jurídica entonces, Federico Trillo; y a la propia María Dolores de Cospedal, como objetivos de ese espionaje ilegal.
En el momento del encuentro entre Villarejo, Cospedal y el marido de ésta en Génova, el policía estaba adscrito a la Comisaría General de Policía Judicial, los servicios centrales encargados de la lucha contra el narcotráfico, otros tipos de crimen organizado y también la corrupción. Villarejo era una suerte de liberado que no trabajaba en la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargada del caso Gürtel, pero mantenía una intensa relación con los mandos de esa Comisaría General, desde su máximo responsable, Juan Antonio González, al jefe directo de la UDEF, José Luis Olivera.
A Juan Antonio González se refieren López del Hierro y Villarejo en otro de los audios difundidos. Al parecer, y según Villarejo, González quiere acercarse al entorno de Cospedal para mantener una reunión. Se trata, según da a entender Villarejo, del interés del comisario por estar a buenas con el partido de la oposición. Tanto Villarejo como López del Hierro trasladan sus dudas acerca de si es una iniciativa del propio González o si va enviado por el ministro del Interior en ese momento, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Juan Antonio González y Olivera estuvieron en el punto de mira del PP todo ese tiempo. El exministro Francisco Álvarez Cascos dijo en abril de 2010, ocho meses después de la entrevista de Cospedal, que “una camarilla policial” en Canillas, la sede central de la Policía, se dedicaba a fabricar informes contra su partido a cuenta del caso Gürtel. La número dos del partido salió entonces a ratificar la afirmación de Cascos. “Algunos policías han pretendido manipular informes del caso”, dijo Cospedal en una entrevista en Onda Cero.
