Los contratos ‘a dedo’ que están bajo sospecha en el Parlamento andaluz, que preside el socialista Juan Pablo Durán, cuentan con réplicas análogas en la Junta de Andalucía, donde también se recurre con frecuencia a los contratos menoresadjudicados de forma directa, sin ningún tipo de concurso público ni publicidad, al tratarse de cuantías por debajo de los 18.000 euros.
Y el veredicto de los técnicos en estos casos es que se trata de contratos ilegales y nulos, ya que se hicieron «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» y vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público, puesto que un único contrato de mayor cuantía se troceó en varios menores para eludir las normas de contratación pública.
Así queda reflejado en varios dictámenes del Consejo Consultivo de Andalucía consultados por EL MUNDO, en los que se analizan contratos menores realizados por la Junta que se fraccionaron de forma ilegal. «Se omitieron las exigencias de publicidad y concurrencia, como consecuencia de un fraccionamiento indebidodel objeto del contrato, infringiendo» la ley, recoge un dictamen que analiza contratos menores de la Consejería de Justicia e Interior para prestar el servicio denominado «punto de encuentro familiar» en Málaga.
Ante este cúmulo de irregularidades, el Consultivo dictamina la «nulidad» del contrato que hizo Justicia e Interior para del «punto de encuentro familiar». Esta situación en la Junta es análoga a la de los contratos bajo lupa en el Parlamento. Como viene informando este diario, la Cámara ha fraccionado en tres contratos menores la adquisición de vallas metálicas por un importe de 30.378,04 euros, a pesar de que, aparentemente, se trata del mismo suministro y que, por lo tanto, tendría que haberse tramitado en una única licitación pública.
De igual forma, ha encadenado cinco contratos menores distintos, entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017, por importe de 99.715 euros con el servicio audiovisual, que se encarga de captar, grabar y distribuir las imágenes de la actividad parlamentaria, pese a que también debió licitarse como un único lote. Fuentes del Parlamento alegan que recurrieron a los cinco contratos porque era la única forma de que no hubiera una interrupción en el servicio. Insisten en que no hubo amaño y todo fue legal.
Sin embargo, la Consejería de Justicia ya hizo valer ante el Consultivo que había recurrido a los contratos menores ante la «imposibilidad de suspender el servicio de atención a los menores» que se ofrece en el punto de encuentro de Málaga y que «está establecido en cada caso por sentencia judicial».
Un único expediente
Esta alegación no cambió ni una coma la consideración de que estos contratos se habían hecho «prescindiendo claramente del procedimiento adecuado para concertar el contrato, acordándose un fraccionamiento indebido, que ha tenido como resultado objetivo la elusión de los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación correspondientes», dice el dictamen del Consultivo, que reitera que debió hacerse «un solo expediente de contratación, no susceptible de ser tratado como contrato menor».
Otro dictamen que analiza los contratos menores que se hicieron para la vigilancia de un edificio de la Junta subraya que «la fragmentación permitió artificiosamente configurar objetos contractuales cuyo importe permitía la consideración de las diferentes contrataciones menores, cuando en realidad se trataba de un solo objeto (la prestación del servicio de vigilancia de un mismo edificio)».
La Junta tiene que acudir al Consultivo con estos contratos ante los problemas que surgen para pagar estas facturas. Se solucionan tras abrir expedientes de revisión de oficio en los que se dictamina la nulidad del mismo, si bien se termina pagando al proveedor, aunque menos de lo previsto, ya que se les descuenta el beneficio industrial. «No sólo la Administración debe recibir reproche por su irregular proceder sino que también cabe reputar a los contratistas como cocausantes de la nulidad», dice el Consultivo.
FUENTE: ELMUNDO