Todas las formaciones políticas en el Congreso, a excepción de Ciudadanos, han rechazado la enmienda a la totalidad del PP a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la creación de unos ingresos mínimos de unos 426 euros para personas desempleadas que buscan activamente empleo.

El pleno del Congreso ha debatido este jueves este veto del PP, que ha sido apoyado solo por Ciudadanos, y al que han asistido los dirigentes de UGT y de CCOO, promotores de la ILP.

La enmienda a la totalidad del PP que solicitaba un grupo de trabajo para clarificar todas las prestaciones existentes en España ha sido rechazada por 175 votos a favor y 167 en contra, por lo que la proposición de Ley seguirá su tramitación en el Congreso con la fase de presentación de enmiendas parciales. 

 

La mayoría de las formaciones ha acusado al PP de «desfachatez», «falta de respeto con los ciudadanos» e «insensibilidad social», al presentar un texto que -afirman- no tiene nada que ver con la propuesta de renta mínima.

La prestación de unos 426 euros iría dirigida a familias sin recursos o en situación de exclusión social y afectaría a casi dos millones de hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales.

La diputada del PP Susana Ares ha argumentado que «la mejor renta social es el empleo», y ha recalcado que «antes de crear una nueva prestación es necesario saber qué tenemos y delimitar claramente las competencia del Estado y de las diferentes administraciones» para evitar crear una prestación que puede llegar a ser inconstitucional por invadir competencias. 

Desde el PSOE, la diputada Elvira Ramón ha aseverado que el PP quiere cargarse con «alevosía» una renta mínima con una «mal llamada enmienda a la totalidad» que es «una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto total». «

Las actuales prestaciones no son suficientes», ha dicho tras recordar que la Constitución «prevé la participación directa de los ciudadanos» en las leyes.

Ha dicho que es «indecente» que el Gobierno hable de recuperación económica cuando la «brecha de la riqueza se amplía cada vez más».

La diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Isabel Franco ha señalado la «desfachatez y desprecio a la democracia» del PP ante una iniciativa que llega al centro de los problemas del país: la pobreza, y que el PP «fulmina» con la creación de un grupo de estudio controlado por el Gobierno.

«No hace falta una ley para crear un grupo de trabajo de seis meses», ha afirmado la diputada, que ha acusado al Gobierno de no querer dialogar con los sindicatos.

 

«Desincentiva la búsqueda de empleo»

El portavoz de Empleo del grupo parlamentario de Ciudadanos, Sergio de Campo, ha recordado que su formación no está de acuerdo con otorgar una prestación que desincentiva la búsqueda de empleo y que tiene un coste de unos 12.000 o 15.000 millones de euros.

El diputado del PNV Iñigo Barandiarán ha rechazado la enmienda a la totalidad y ha resaltado la competencia que tienen las autonomías sobre las prestaciones en materia de políticas de empleo, al tiempo que ha afirmado que la propuesta del PP de crear una tarjeta universal de prestaciones hace a los nacionalistas «ponernos en guardia».

El portavoz del PDeCAT Carles Campuzano ha rechazado la enmienda del PP porque es «muy poco respetuoso», y ha considerado que esta propuesta podría haberse trasladado a la fase de enmiendas parciales, mientras que desde Compromís, el diputado Enric Bataller ha acusado al Gobierno de «burlarse» de los sindicatos, de los firmantes, y de los parlamentarios que representan a los ciudadanos.

Bataller ha lamentado la «actitud belicosas» del Gobierno y su «insensibilidad social» y le ha pedido que afronte los tiempos de cambio, al tiempo que el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha recordado los «tintes dramáticos» del desempleo en las islas. 

 

FUENTE: 20MINUTOS