- El Supremo avala la investigación de la presunta trama de corrupción que afecta a la concesionaria del servicio de agua potable de Lorca, Murcia y Cartagena
- “El auto del juez Pablo Llarena considera que cada comunidad autónoma debe continuar la investigación abierta en Lugo en sus propios órganos jurisdiccionales”, señala el concejal lorquino Antonio Meca
Lorca, domingo 21 de octubre-. El Tribunal Supremo ha dictaminado que se deben abrir piezas separadas del caso ‘Pokemon’ en Murcia y Valencia. En un auto con fecha del pasado 19 de septiembre, el titular de la Sala de lo Penal, el juez Pablo Llarena señala que “conociéndose que al parecer la misma empresa ha utilizado las mismas prácticas fraudulentas en Ayuntamientos de estas Comunidades, deben ser los órganos judiciales radicados en esos territorios los que sigan la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción de Lugo”. El auto abre así la puerta a que el TSJ abra una pieza separada en la Región sobre esta presunta trama de corrupción, que afectaría Hidrogea, la concesionaria de los servicios de agua potable de Lorca, Murcia y Cartagena.
La rama murciana del caso ‘Pokemon’ arranca en enero de 2016, cuando el edil de Ciudadanos en Lorca, Antonio Meca, denunció a la Fiscalía de la Región presuntas irregularidades que podrían ser constitutivas de delito en la gestión del agua potable en Lorca. Hidrogea llegó a querellarse contra Meca tras estas denuncias, pero la querella no prosperó al ser archivada tanto por el tribunal de Instrucción de Lorca como posteriormente por el TSJ. El 22 de febrero de 2018, los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento de Lorca desvelan que “Aguas de Lorca ha tenido desviaciones entre los contratos realizados con sus proveedores y las correspondientes facturas”, así como “descuadres entre los importes de los contratos y el importe reflejado en contabilidades”. El informe también destaca que “el listado de contratos menores a lo largo de los ejercicios objeto de la auditoría -de 2012 a 2016- y la facturación acumulada de los mismos supone más de 300.000 euros de media en el periodo objeto de la auditoría”. También incide en que hay “contratos sin cuantificar” y que “hay muchos contratado realizados sin haberse hecho con un procedimiento de adjudicación, ni con un precio mínimo aproximado”. El listado de posibles delitos abarca desde la prevaricación al cohecho, pasando por tráfico de influencias o la falsedad en documento público, hasta un total de 14 tipificaciones establecidas por la jueza basándose en informes del Servicio de Aduanas de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
A la espera de la apertura de esta pieza separada, Meca compareció en la Ciudad de la Justicia para entregar al Fiscal una carta manuscrita relacionada con el caso, en la que se le advierte de que está siendo objeto de seguimientos precisamente por ser el principal impulsor de esta investigación. “Nos alegra que gracias a nuestra incansable lucha contra la corrupción, estamos un paso más cerca de conocer la verdad”, ha destacado Meca, quien ha mostrado su disposición a seguir colaborando con el instructor que finalmente se determine “aportando los documentos y testimonios necesarios”.
