Ciudadanos denuncia que el Gobierno central y el PSOE se quieran apropiar de los remanentes de los Ayuntamientos para los gastos nacionales frente a la Covid-19 y no para esos mismos gastos a nivel municipal.
La formación naranja en Alhama de Murcia acusa a Diego Conesa de plegarse a las órdenes de Pedro Sánchez en detrimento de sus conciudadanos y de traicionar al municipio, ya que ha dado órdenes al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alhama para que sean los primeros en unirse al acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP y dejar al municipio sin su superávit ni sus remanentes.
La portavoz local del partido liberal, Isabel Cava, recuerda que “Alhama dispone de más de 9 millones de euros que los alhameños han ahorrado y que les pertenecen en esta lucha que se libra. Estos ahorros no se pueden “donar” al Estado cuando el Estado dispone de muchísimos más fondos que los ayuntamientos, y menos aún sin dar explicaciones a la oposición, mediante un decreto”.
Ciudadanos ha registrado en el municipio una solicitud de todos los informes de intervención, secretaría, tesorería y jurídicos, “queremos conocer si dichos informes avalan o desaconsejan dicho acto que podría ser una maniobra del señor Conesa para contentar a sus socios de partido en Madrid”, reclama Isabel Cava.
Desde Ciudadanos se rechaza esta medida que supondría una presión económica mayor en los consistorios, aún más cuando desde el Gobierno central deben los importes de ayudas aprobadas para los daños de las DANA. Se trata de ahorros que los consistorios habían conseguido mediante su buena gestión y por ello “son unos ahorros que deben quedar en los ayuntamientos, quienes están en primera línea, para ser aplicados debidamente en una recuperación económica y social”.
Esta medida, aprobada por el PSOE, supone un castigo para los ayuntamientos más ahorradores y acaba con el intento de los ayuntamientos de mantener remanentes para hacer frente a situaciones excepcionales. Cabe recordar que la FEMP expropiará a nivel nacional unos 15.000 millones de euros de los ayuntamientos y cuya letra pequeña indica que el gobierno tendrá 15 años, a partir de 2022, para devolver a los consistorios sus remanentes.
