El ‘ciudadano Puigdemont’ tendrá que arreglar sus papeles en Bélgica

“Los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier ciudadano europeo”, prometió a Carles Puigdemont el primer ministro belga, Charles Michel, al día siguiente de que el político catalán dejara pasmado al mundo plantándose en Bruselas 48 horas después de proclamar la república catalana. Han pasado casi 90 días desde su llegada y, salvo que decida volver a Catalunya antes del 30 de enero, el expresident va a tener pronto que hacer frente a sus obligaciones administrativas como ciudadano de la Unión Europea: registrarse como residente. En el caso de Bélgica, un trámite administrativo de tintes tan kafkianos como surrealistas que a menudo deja una marca indeleble en quienes pasan por él.

La fecha coincide con el plazo del Parlament de Catalunya para elegir presidente, cargo para el que Junts Per Catalunya sigue decidido a presentar a Puigdemont. La regularización de su situación como residente en Bélgica “no se contempla” porque “la idea es que para esa fecha [el 30 de enero] él ya esté ejerciendo de president en Catalunya”, dicen fuentes de su entorno, que consideran que en cualquier caso se trata de una “cuestión personal”. Puigdemont puede tener un problema de overbooking, porque ese mismo día se ha comprometido a estar en un acto de la N-VA en Lovaina . Otra cosa sería que finalmente Junts per Catalunya desistiera del plan de investirle president y decidiera quedarse en Bruselas. Ya se barajan diferentes posibles empleos futuros para él, llegado el caso: candidato a las elecciones al Parlamento Europeo del 2019 en una lista soberanista amplia, representante permanente del Govern ante la Unión Europea o algún otro cargo de representación de Catalunya en el exterior.

El reloj, en cualquier caso, avanza. La legislación europea reconoce el derecho a la libre circulación de personas a los ciudadanos de la Unión durante un periodo máximo de tres meses, pero pasados diez días de la llegada, la normativa belga exige “declarar” la presencia en el país a todas las personas salvo que estén “en un hotel, en prisión o en el hospital”. No consta que Puigdemont realizara este poco conocido trámite, pero, en cualquier caso, pasados los 90 días desde su llegada, si desea quedarse más tiempo en el país, está obligado a pasar por la Comuna (el Ayuntamiento, en la jerga local) donde vaya a residir.

En primer lugar, el interesado debe demostrar que tiene un domicilio fijo. No basta con presentar un contrato de alquiler: la policía pasa personalmente por la dirección para comprobar que la persona vive allí y tiene su nombre anunciado en el timbre o el buzón de la casa. (Los hay que tiran la toalla en esta fase, hartos del esperar al agente del barrio o por temor a las consecuencias fiscales).

Resuelto este punto, el interesado debe demostrar que su caso se corresponde con alguna de las categorías previstas por la ley: ser un trabajador asalariado o autónomo, ser solicitante de empleo, estar estudiando en el país o ser una persona “con recursos suficientes” para vivir por su cuenta en el país, con seguro médico propio. En los tres primeros casos, se trataría de un trámite puramente administrativo, y sólo en el cuarto, que implica convencer a las autoridades de que la persona no se va a “convertir en una carga para el sistema de ayudas sociales belgas”, “la decisión final está en manos del Ministerio del Interior”, explica una empleada del Ayuntamiento de Lovaina, una de las ciudades alrededor de las cuales ha residido Puigdemont estos meses.

Hay varias posibilidades: tener ingresos por un trabajo en el extranjero o por alquilar alguna propiedad inmobiliaria, haber construido un capital importante de activos bancarios (“los umbrales son muy elevados”, advierten desde la administración belga) o que una persona fuera de Bélgica le avale mediante sus ingresos y activos, algo que puede hacer por ejemplo la pareja o un familiar. Una vez iniciada la solicitud, el caso debe resolverse en 90 días.

Puigdemont no tiene ningún sueldo del PDECat al no ostentar ningún cargo en el partido, y el año pasado renunció a su salario como expresident tras la aplicación del artículo 155. Pero desde ayer tiene una vía de ingresos asegurada que le puede permitir regularizar su situación en Bélgica sin problemas y sin intermediarios: su sueldo de 2.871 euros mensuales como diputado raso del Parlament.

La situación es peculiar, porque las autoridades belgas saben cuándo llegó y dónde se encuentra Puigdemont (cuenta con protección oficial, como otros políticos de visita en el país), pero “le corresponde a él dar los pasos administrativos”, afirman fuentes del Gobierno belga. Más allá de eso, aseguran no tener contacto directo con Puigdemont y se van haciendo a la idea de que pueda quedarse en el país y, quizás, intentar dirigir Catalunya desde allí.

“Es un ciudadano más y aquí ya no tiene causas pendientes con la justicia”, destacó el ministro de Exteriores, el liberal francófono Didier Reynders, en conversación con algunos periodistas hace unos días. “Cualquier que crea que puede gobernar desde Bruselas es bienvenido”, añadió quitando hierro a la situación, que ha creado no pocas tensiones en el seno del Ejecutivo belga. Otros políticos europeos se muestran más duros: “Los ciudadanos, ya sean catalanes o de otra parte de España, están sometidos y protegidos por la ley. Si la violan, deben afrontar las consecuencias”, afirmó ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Enfrentarse a la justicia y/o a la administración belga.

Carles Puigdemont será el invitado estrella de la recepción de Año Nuevo que la sección local del partido N-VA en Lovaina ofrecerá el próximo 30 de enero, casualmente un día antes de la fecha en la que el Parlament de Catalunya podría elegirle presidente de la Generalitat. Acudirá no tanto en calidad de expresident como de exalcalde de Girona. “Va a venir a hablarnos de cómo rompió la hegemonía socialista” en la ciudad, nos explica el responsable de la convocatoria, Lorin Parys, diputado flamenco de la N-VA. Parys es también cabeza de lista del partido por Lovaina de cara a las elecciones locales de octubre y aspira a hacer lo mismo que Puigdemont hizo en Girona en el 2011, cuando arrebató al PSC la alcaldía de la ciudad después de 32 años de hegemonía socialista. El expresident contó la historia de la conquista de Girona a Parys en noviembre, cuando fue a cenar a su casa junto con los exconsellers y le pareció que sería “interesante escuchar su historia”. Aparte de que los socialistas gobiernan Lovaina desde hace 22 años, “hay algunos paralelismos entre las dos son ciudades: tienen un tamaño parecido, tienen universidad…”, destaca el aspirante.