Los pensionistas jugarán un papel cada vez más importante en la política nacional. La vuelta a la revalorización de las pensiones en base al IPC, que supone el abandono de una de las reformas más importantes para lograr la sostenibilidad del sistema, muestra la gran influencia que tiene este colectivo sobre los políticos. Este poder, probablemente, se irá incrementando con la transición demográfica que vive España, lo que blindará las pensiones actuales y de las personas que se encuentran en la parte final de su vida laboral, dividiendo la sociedad en dos bandos: trabajadores ‘jóvenes’ y pensionistas.
La población de más de 50 años se va a imponer antes del 2031. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística muestran que hasta esa fecha los grupos de población que más van a crecer son los que se encuentran entre 60 y 64 años, 65 y 69 y 70 y 74. Los grupos que más población van a perder son los de 35 y 39 años y 40 y 44 años. La sociedad se va a reconfigurar y las preferencias de los nuevos cohortes dominantes podrían imponerse de forma democrática, ganando por grandes mayorías.
Juan Jesús González, profesor de Sociología en la UNED, explica en un documento de Funcas que «la edad se ha convertido en un factor decisivo de cambio político-electoral. Ahora bien, puesto que las clases pasivas son cada vez más numerosas y, sobre todo, más fieles en términos electorales, el envejecimiento imparable de la sociedad española se ha convertido en un factor decisivo».
Óscar Arce, director general de Economía y Estadística, del Banco de España, reconocía recientemente que hace 20 años el votante mediano estaba entre los 40 y los 45 años, pero dentro de poco la mediana estará en los 55 años. «¿Qué significa esto? Que cada vez será más difícil implementar reformas que supongan un ajuste del sistema, sobre los desequilibrios financieros del sistema de pensiones».
Las pensiones ganan elecciones
Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada y uno de los expertos que construyó la última reforma de las pensiones, explica que «la presión generada por una población envejecida puede tener una gran influencia en el corto plazo actuando como grupo de interés (lobby) en una política que absorbe ya casi una tercera parte del gasto público».
«Las pensiones ya están ganando elecciones, al final va a haber dos partidos, el partido de los pensionistas y el partido de los trabajadores», asegura Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía en el IESE, en declaraciones a elEconomista.
Miguel Ángel García: «Es insostenible una sociedad en la que los pensionistas tengan un nivel de ingresos superior al de los que trabajan»
Los pensionistas ya suponen más de un tercio del censo electoral (y creciendo), «lo que les proporciona una especie de veto electoral contra cualquier tentativa de corregir el sistema de redistribución en perjuicio suyo». Esto se ha podido ver con la reversión de algunas de las últimas reformas que pretendían lograr la sostenibilidad de las pensiones en España.
A pesar de que la Seguridad Social arroja un déficit de más de 19.000 millones de euros, las posibilidades de reformar el sistema van a estar limitadas, en todo caso, a los más jóvenes: «Las pensiones en cobro no se van a poder reducir, ni la de las personas que están cerca de la jubilación porque no tienen ninguna posibilidad de reacción. Esto no va con los mayores, no va con los jubilados, va con los trabajadores. Cada día que no se reforman las pensiones (para los jóvenes) se están haciendo falsas promesas a los nuevos trabajadores».
Se puede abrir una brecha entre unas generaciones que se verán las caras en la batalla política
Esta situación puede crear una fuerte división generacional en la sociedad, donde los trabajadores se vean obligados a transferir gran parte de su renta para mantener una creciente masa de pensionistas. En este punto se puede crear un conflicto social importante. Arce afirmaba en su presentación que «los votantes más mayores tienden a favorecer unas pensiones más altas. El envejecimiento, al reducir la rentabilidad del sistema de reparto, conduce a los trabajadores actuales a preferir menores transferencias e impuestos».
Sin reformas, «incluso disponiendo de un escenario demográfico favorableimplicaría un tipo de cotización superior en 15 puntos al actual del 23,5% para conseguir ingresar los recursos necesarios, es decir, alcanzaría el 38,5% del salario (un incremento del 64% sobre el actual)», declara el profesor de la URJC.
Los trabajadores ven que la equidad y generosidad del sistema de reparto está supeditada a la demografía, por lo que a medida que aumente el ratio de pensionistas por persona en edad laboral los trabajadores querrán pagar menos impuestos. A la par que sucede esto, el vasto colectivo de jubilados buscará unas pensiones más altas.
Ya se parte desde un punto desigual en ‘favor’ de los pensionistas si se compara a España con el resto de Europa: «La actual tasa de reposición de las pensiones públicas españolas es la más alta de la Zona Euro (78,7%, 28,8 puntos por encima de la media). La certeza de aumentar el número de pensionistas en un 50% hasta 2048, salvo catástrofe, complica mucho mantenerla en el futuro, por no decir que es imposible sin quebrar la equidad entre generaciones», asegura García.
Esto puede generar un serio conflicto entre generaciones. Charles Goodhar y Manoj Pradhan, economistas del Banco Internacional de Pagos, argumentaban que el envejecimiento de la población (en Occidente) puede generar un «choque de generaciones» y otros muchos cambios respecto al statu quo actual de la economía.
«Los trabajadores jóvenes y las personas de mayor edad probablemente se verán las caras en la batalla política. Los mayores se convertirán en una fuerza política poderosa a medida que su cohorte se expanda. Este poder político evitará que las administraciones renuncien a sus obligaciones con las pensiones», afirman los economistas del BiS.
Estos expertos creen que la fractura entre generaciones es algo que ya se puede observar en Reino Unido con el Brexit (lo jóvenes votaron para quedarse en la UE y los mayores para salir) o en la elección de Donald Trump en EEUU. «El debate del futuro será sobre la red de protección social para los mayores y los ingresos que le quedan a la población en edad de trabajar tras pagar impuestos».
Este choque entre generaciones tendrá diferentes fases en las que el contexto económico será determinante. Aunque los pensionistas ostenten una elevada influencia (si unen su fuerza) para presionar a los políticos, la renta de los trabajadores tiene un límite: «A corto plazo, como se está comprobando, los pensionistas pueden tener mucha fuerza y conseguir sus objetivos individuales», señala García.
Para una situación en la que los trabajadores tienen que dedicar cada vez una parte mayor de su renta para sufragar a las clases pasivas de la sociedad entraña varios riesgos. «El más genérico (de estos riesgos) es la dificultad de mantener su estatus (el de los pensionistas) si va empeorando comparativamente el de los trabajadores ocupados. Es insostenible una sociedad en la que los pensionistas tengan un nivel de ingresos superior al de los que trabajan».
Una crisis puede ser definitiva
Si la presión de los mayores y demás pensionistas impide que se realicen las reformas necesarias, los recortes podrían llegar de una forma más drástica y sin alternativa. El gasto en pensiones supone alrededor de un 42% de todo el Presupuesto, por lo que una recesión económica que erosione los ingresos fiscales y dispare el gasto público puede ser letal para el sistema público de pensiones.
García cree que este «riesgo» existe y de producirse se impondrán unos recortes drásticos que se podrían haber implementado de forma progresiva durante años. Con una deuda pública elevada (98% del PIB), un déficit estructural por encima del 2% del PIB, España no está fiscalmente preparada para afrontar una nueva crisis, lo que podría provocar «el rechazo de los inversores de la deuda española o la imposición de una alta prima de riesgo, lo que obligaría al gobierno de turno a recortar de forma abrupta y drástica el gasto público, y la única partida suficientemente grande para absorber un recorte de esas dimensiones son las pensiones».
«Sería triste llegar a esa situación porque lo que se puede solucionar con medidas distribuidas entre todos de forma progresiva puede cambiarse por decisiones inesperadas y traumáticas, contrarias a las expectativas creadas», sentencia el profesor de la URJC. Una crisis suele venir acompañada de un fuerte incremento del gasto en prestaciones por desempleo y otro tipo de ayudas sin las cuales una parte importante de la población en edad de trabajar (y sus hijos) quedaría desprotegida, por lo que sería imperativo que las pensiones compartiesen este esfuerzo.
