El código verde es el distintivo que utilizan los consejeros de la Junta de Andalucía para marcar aquellos asuntos que por su carácter rutinario no merecen ser debatidos o analizados con detalle en el Consejo de Gobierno antes de aprobarse. Y el código verde se ha convertido también a lo largo del juicio de la pieza principal de los ERE en la principal coartada de los ex presidentes y ex consejeros en su estrategia de eludir responsabilidades por el desvío sistemático de fondos públicos para las ayudas a trabajadores y empresas en crisis.

Porque lo que se intenta esclarecer en este proceso, el más importante de cuantos se han derivado de la macrocausa de los ERE, es quién estableció o quién conoció los mecanismos que sirvieron para que 741 millones de euros se repartieran de forma arbitraria sorteando todos los controles propios de la administración pública.

Entre esas herramientas hay dos sustanciales: las modificaciones presupuestarias, que permitían mover fondos entre las diferentes partidas; y las transferencias de financiación, con las que el dinero de la Consejería de Empleo se reconducía sistemáticamente al IFA o la Agencia IDEA, entes instrumentales que se utilizaron exclusivamente como caja pagadora de los ERE debido a que no estaban sometidas a la vigilancia protocolizada de la administración pública.

Pues bien, ese ‘código verde’ le ha permitido a Manuel Chaves, que fue presidente de la Junta entre 1990 y 2009, afirmar ante el tribunal de los ERE que nunca conoció a través de qué procesos se repartieron las ayudas que hoy están bajo sospecha.

Según el ex presidente, ninguna modificación presupuestaria se debatía en el Consejo de Gobierno: «Ni siquiera se leían». Pero es que, además, para apuntalar su testimonio, insistió en dos aspectos: el primero, que la Cámara de Cuentas«nunca puso ningún reproche al uso de las modificaciones presupuestarias»; y, el segundo, que todas las modificaciones presupuestarias pasaron por el Parlamento, lo que a juicio del ex presidente constituye un nuevo aval de legalidad.

En cuanto a las transferencias de financiación éstas estaban en la Ley de Presupuestos: «Eran la ley. Y una ley no puede ser ilegal. Todos conocemos debates jurídicos sobre si una ley es adecuada para unos fines o no, pero no se puede cuestionar su legalidad».

Como jefe del ejecutivo andaluz, su ámbito de competencia se ceñía a establecer las líneas generales de las políticas de empleo, pero sólo eso. «Y tenía conocimiento de la existencia de ayudas sociolaborales, como tenía conocimiento también de que había becas Erasmus en la Consejería de Educación o ayudas culturales en la Consejería de Cultura». «Pero yo no entraba en cómo se repartían las ayudas», apuntó a preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga. Desconocía también «cuáles eran los requisitos, con qué cuantía o quiénes eran los beneficiarios». «En un contexto de confianza -repitió- era muy difícil pensar que se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley», añadió.

Chaves reconoció haberse reunido en múltiples ocasiones con comités de empresa y sindicatos para abordar la situación de algunos conflictos laborales: «Era un acto de normalidad democrática», afirmó. Una de esas empresas fue la compañía fabricante de automóviles Santana que para el ex presidente fue «un caso icónico de nacionalización», ya que el Gobierno andaluz, después de emplearse a fondo en buscar socios para reflotar la compañía «en EEUU, Japón o el País Vasco» finalmente se quedó con la propiedad de la empresa.

Y, pese a la particularidad del caso de Santana o de Cárnicas Molina, que sufrió un proceso muy similar, Chaves nunca supo de los detalles de la negociación con los sindicatos ni de la liquidación final de las empresas.

También conoció a posterior la incompatibilidad de las ayudas dadas a esas compañías con la normativa europea de defensa de la competencia. «A mí se me informaba en líneas muy generales: ‘Oye, que hemos nacionalizado’; ‘oye, que hemos hecho gestiones en Japón’, explicó en términos coloquiales al fiscal.

Y, por supuesto, no conoció la existencia del programa presupuestario 31-L -el que se utilizó para pagar las ayudas a los ERE-, del que, como Griñán, sólo tuvo noticia supuestamente durante el proceso judicial.

Fórmula protocolaria

Hay dos expedientes en el sumario que señalan presuntamente a Chaves como conocedor de los procedimientos bajo sospecha y son el de la empresa Bilore y el de las ayudas sociolaborales a la Faja Pirítica de Huelva.

Sobre el expediente de Bilore, negó haber dado nunca indicaciones para que se desactivara el conflicto laboral mediante la concesión de subvenciones. Aunque a Chaves le interesaba especialmente despejar las dudas sobre el caso de la Faja Pirítica de Huelva.

El caso se remonta a finales de 2003, cuando unos trabajadores enviaron una carta dirigida al presidente de la Junta denunciando irregularidades en un ERE de la minería de Huelva, donde habría, según decían, personas que se habían prejubilado como mineros pero que «no han visto la mina ni por dentro ni por fuera». Entonces, el Gobierno de Chaves acordó nuevas ayudas para los propios denunciantes, lo que la acusación interpreta como un intento de acallar las voces de alarma.

Pues bien, el ex presidente de la Junta negó, primero a preguntas del fiscal y después de su abogado, Pablo Jiménez de Parga, recordar esa carta: «Creo que no la leí, que no la conocí». Después, explicó que la jefa de sus secretarias se encargaba del correo y, salvo que el remitente fuera un ministro o el presidente del Gobierno, las remitía al consejero de turno en función del contenido de la misma».

Según consta en el sumario, la jefa de secretarias envió el escrito a la Consejería de Empleo con el siguiente encabezamiento: «Por indicación del presidente…». Chaves, sin embargo, aclaró que ese encabezamiento no es más que una «fórmula protocolaria» y negó que significara que él tuviera conocimiento del asunto o que diera instrucciones en algún sentido.

La acusación

El ex presidente andaluz está sentado en el banquillo, acusado de prevaricación, por diseñar y mantener, junto a otros 21 ex altos cargos regionales entre los que está Griñán, un «procedimiento específico» que utilizó el Gobierno andaluz para repartir subvenciones millonarias a trabajadores de empresas en crisis entre 2001 y 2010 de forma opaca y saltándose todos los controles.

Cuando estalló el escándalo, Chaves trató de minimizar la importancia del caso a la actuación de «cuatro o cinco golfos». Sin embargo, finalmente se ha visto directamente implicado por tres ERE concedidos de forma irregular por su gobierno, como viene informando ELMUNDO.es.

 

 

 

FUENTE: ELMUNDO