A pesar de que el alcalde de Totana e Izquierda Unida, con el apoyo implícito del PP, se han negado a convocar un Pleno extraordinario para debatir la posible suspensión o ampliación de plazo de las alegaciones al Plan General, que le solicitaban sus propios socios de Gobierno (PSOE), su concejal de Urbanismo y las Organizaciones vinculadas a la Confederación de Empresarios del Bajo Guadalentín (CEBAG); con el plazo mínimo legal (un mes), sin información ni participación por parte del alcalde, con el Carnaval de por medio -que ha dedicado algunas chirigotas al alcalde y a las alturas del Plan General- y a pesar de que estaban esperando hasta el pasado viernes, a que se prolongase el período de exposición pública; las Asociaciones y el equipo de colaboradores de CEBAG han reunido y documentado y presentado, en poco más de 72 horas, hasta la tarde de hoy, más de 15.200 alegaciones individuales al PGMO.
Según CEBAG, «cuando se presentan en unos pocos días tantas alegaciones, como el equivalente al 75% de la población mayor de 18 años (20.000 de los 30.900 habitantes de Totana), alguien tenía que reflexionar, si debe escuchar lo que dice una parte tan importante de su pueblo». Y también, según CEBAG, además del aspecto puramente cuantitativo, debían de reflexionar sobre cuantas alegaciones se habrían presentado y que reacciones se están produciendo cada día que pasa entre los afectados que aún no estaban informados, si el alcalde no hubiese tenido la cobardía política de no ampliar el plazo para que no se informasen y alarmasen más ciudadanos y se presentasen más alegaciones.
Según CEBAG, «lo que nosotros solicitábamos era una ampliación de plazo para que el alcalde e Izquierda Unida saliese a la calle e informase a los ciudadanos, calle a calle, barrio a barrio, paraje agrícola o diputación a diputación, lo que supone el Plan General para el patrimonio de unos diez mil totaneros a los que -según CEBAG- se les expropia e hipoteca el uso de sus viviendas urbanas y rurales y sus fincas rústicas, situando fuera de ordenación y de norma y en la irregularidad, unas seis mil viviendas y propiedades urbanas y viviendas rústicas, además de unas 5.000 fincas rústicas en las que hasta ahora se podía edificar una construcción agrícola o vivienda aislada en 5.000 m. y ahora se protege ese suelo y se les exigen más de 20.000 m., para compensar el costo medioambiental de la edificabilidad de las varias decenas de miles de viviendas de los convenios y urbanizaciones, que no se van a ejecutar, casi en 2/3 de ellas, porque así lo han acordado los tribunales. Pero a las que -según CEBAG- el alcalde no solo no quiere devolverle el dinero sino que pretende cobrarles el plazo que aún les queda pendiente de aportar, siempre que se aprobase el Plan».
Según CEBAG, el alcalde de Totana, ha cargado ya sobre los hombros de todos los totaneros el peso de la deuda de los 160-180 millones de euros del Ayuntamiento, al que los políticos han llevado a la quiebra total, aumentando las tasas e impuestos y servicios, como el IBI, la basura, el impuesto de circulación de vehículos y otros, que ya son algunos de los más caros de la Región. Y ese mismo alcalde ha acordado, según CEBAG, con el Ministerio de Hacienda un Plan de ajuste por el que pueden subir un máximo del 5% anual de las tasas o impuestos en los próximos 17 años, subida que podría llegar, en algún caso, hasta el 120% acumulado en ese período. Y ahora, según CEBAG, quiere ir aún más allá y con el apoyo del PP y de la Consejería de Fomento, pretende meter la mano en la cartera a unos 10.000 ciudadanos y expropiarle e hipotecarle el uso de su derecho de propiedad rústica y urbana, dejándolas fuera de ordenación o fuera de norma, con la pérdida de valor que eso supone, que estima CEBAG en varios cientos de millones de euros, del patrimonio particular de los totaneros. Pérdida de valor e incertidumbre e inseguridad jurídica que -según CEBAG- está plasmándose en que totaneros que tienen que adquirir una vivienda, se están empezando a ir a los municipios vecinos a adquirirla, ante el riesgo que supone adquirir una vivienda que se pueda situar fuera de ordenación o de norma.
El presidente de CEBAG ha manifestado que «confía en que el alcalde de Totana y el Consejero de Fomento dejen de utilizar a Totana y a los totaneros como conejillos de Indias y banco de pruebas, para realizar el mayor intento de atraco al patrimonio y a la propiedad de miles de ciudadanos, que no tiene precedentes conocidos, ni en la Región de Murcia ni en España. Y que sean capaces -continua el presidente de CEBAG- de reiniciar y reorientar el Plan, aprovechando parte de los trámites realizados, pero sin dañar los derechos de los ciudadanos. Porque -según José Luis Hernández Costa- de lo contrario, cientos de esos ciudadanos, no van a tener más remedio que, en legítima defensa, exigir responsabilidades personales y patrimoniales a los cargos públicos y funcionarios que, con sus errores en 2011 y con su colaboración necesaria en 2017, pretenden consumar ese ataque a la propiedad y lesionar y expropiar los derechos patrimoniales de miles de ciudadanos, sin indemnización ni compensación alguna».
Según el Presidente de CEBAG, «en este contexto de inseguridad jurídica y de mensajes distintos entre el Alcalde y parte de su Equipo de Gobierno -como el Concejal de Urbanismo-hay que comprender que sea casi imposible que lleguen a Totana nuevas empresas e inversiones, que si están llegando a otros municipios vecinos. Y lo peor es que -según el Presidente de CEBAG-, o esto da un giro radical y pronto, o esta situación de desconcierto e inseguridad jurídica para cualquier inversión, se va a prolongar varios años, hasta tanto los Tribunales no resuelvan los contenciosos que se puedan derivar de una improbable aprobación por Murcia y una segura impugnación ante los tribunales, de un PGMO plagado de irregularidades e ilegalidades».
FUENTE: http://murciaconfidencial.blogspot.com.es/
