Las carpetas de los discos duros que se han podido analizar al no estar encriptadas contenían ocho «proyectos» —eufemismo para definir sus campañas de desprestigio— que el policía facturó a sus clientes entre 2013 y 2017. La información propició la apertura de las siete piezas judiciales del caso tándem. Tres de estas líneas de investigación han sido archivadas provisionalmente.
Desentrañar qué contienen los discos duros de Villarejo se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de los investigadores. Frente a las reticencias iniciales, los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional han confiado el desencriptado de «archivos muy concretos» al Centro Criptológico Nacional, un organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la institución que dirige el general Félix Sanz Roldán. Villarejo ha mantenido desde 2016 un fuego cruzado de acusaciones y denuncias con el jefe de este organismo de espionaje.
Por este motivo, el juez decidió inicialmente buscar un plan B y enviar los discos duros del comisario jubilado al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), un organismo radicado en León que depende del Ministerio de Economía y Empresa.
Modus operandi
Los audios de Villarejo han arrojado luz sobre el modus operandi de la red y los países elegidos para blanquear sus fondos. Una conversación entre Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, apuntó a que la madeja societaria del policía movió hasta 15 millones de euros en Uruguay y 600.000 en Panamá. Unas cifras que contrastan con las sumas “modestas” descubiertas a la trama en España.
El Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga la causa, está pendiente de que Uruguay responda a una petición de auxilio judicial, pero las autoridades de este país donde el comisario jubilado controla el hotel Don Pepe en Punta del Este (actualmente Saint-Pierre) han requerido más información. “La respuesta de los movimientos bancarios de Villarejo y su socio en ese país es trascendental para atar la investigación”, reconoce una fuente próxima a la causa.
El hombre que desde 1986 trabajó como agente encubierto para gobiernos de PP y PSOE ocultó su patrimonio en Uruguay y Panamá mediante un entramado societario de testaferros. No consta, en cambio, que Villarejo utilizara las identidades falsas que usó como agente especial para constituir sociedades para la red. Su nombre y el de su socio Redondo no figuran en el registro de sociedades de Panamá. El país sudamericano ha respondido a una comisión rogatoria —petición de auxilio judicial entre Estados— del instructor del caso tándem.
Villarejo se encuentra en prisión provisional desde el pasado noviembre por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. El juez, que le ha afeado su falta de colaboración, denegó la pasada semana su libertad. Su socio Redondo fue excarcelado el pasado septiembre tras abonar una fianza de 100.000 euros.
