La fiscal anticorrupción Concepción Sabadell llegó esta semana a la meta tras una carrera de más de ocho años. Cuando asumió la causa sobre la trama Gürtel en febrero de 2009, inició una maratón a la que ha dedicado todo su esfuerzo profesional. En un informe que ha expuesto al tribunal encargado de juzgar la primera época de actividades de la red y que se ha alargado durante tres jornadas del juicio, la representante del Ministerio Público ha empleado 12 horas en condensar sus conclusiones, que unen de forma inexorable al PP con el entramado de empresas que lideraba Francisco Correa.
Sabadell ha asumido en solitario la responsabilidad de resumir los indicios que la llevan a reclamar condenas ejemplares para Correa, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, el extesorero popular Luis Bárcenas y otra treintena de personas, entre ellas una decena de ex altos cargos del PP. Ha descrito con todo lujo de detalles la relación simbiótica que entretejieron ambas partes, que fue diseccionando a lo largo de lo que ha definido como una «ardua y compleja instrucción», seguida por un complicadísimo juicio que se ha prolongado durante un año y 21 días, con hitos como la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La vista oral seguirá con los informes del resto de partes y no acabará hasta noviembre.
La trama no constituyó un hecho aislado, sino que montó todo un sistema dirigido a captar adjudicaciones públicas a cambio de pagar comisiones de un «3 o 4%» a altos cargos públicos. Esta actividad duradera para delinquir, un verdadero cáncer en palabras del abogado del Estado, alcanzó la raíz del partido en distintas provincias y parasitó su actividad hasta mancharla por completo. El modelo, además, se propagó en un juego de espejos que se reproduce en otras causas gemelas como los casos Púnica o Lezo.
La fiscal no ha tomado el camino fácil y responsabiliza al PP de beneficiarse directamente que este ‘combo’ del que se aprovecharon ambas partes y que se basaba en sobornos, muchas veces tan chuscos como televisiones o equipos de sonido. Los viajes con todos los gastos pagados se llevan la palma gracias a las facilidades que proporcionaba Pasadena, la agencia de Correa. Las fiestas de cumpleaños de los hijos del matrimonio conformado por el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y la exministra Ana Mato forman ya parte del imaginario común.
La Gürtel hizo de este juego sucio su modo de vida y constituye un ejemplo de cómo una asociación ilícita parasita un ayuntamiento para su enriquecimiento y para financiar y ahorrarle costes al Partido Popular, que se sienta también en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo, ya que se benefició de los presuntos delitos cometidos por la trama en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo. En concreto, la Fiscalía acusa a los populares de beneficiarse de 233.000 euros.
La caja B, una realidad indiscutible
Además, las más de 100 sesiones de la vista y las conclusiones de Sabadell han contado con una protagonista estelar. Anticorrupción necesitaba acreditar la caja B del PP para sustentar buena parte de su acusación y, según el criterio de la fiscal, lo ha conseguido: Ha quedado «plena y abrumadoramente» acreditado que los papeles de Bárcenas hacían referencia a la caja B del PP.
La hucha opaca de la formación política, con sus entradas y salidas de efectivo reflejadas por Bárcenas en sus papeles, es una realidad para el Ministerio Público, que defiende que el extesorero popular se lucró mediante la «sustracción» de fondos negros de esta «contabilidad extracontable» hasta acumular cerca de cuatro millones. Expolíticos como Jaime Ignacio del Burgo o Santiago Abascal Escuza han reconocido en el juicio entregas de dinero, mientras que el uso opaco de las cantidades que allí se guardaban ha quedado acreditado por las pruebas que demuestran, por ejemplo, que se emplearon para comprar acciones de Libertad Digital.
Sabadell lo dio todo en su alegato final. La rúbrica de su extenso informe dejó claro que las actividades de la trama han constituido un atentado directo contra el Estado de derecho. Autoridades y funcionarios públicos faltaron a sus deberes éticos y profesionales a un nivel tan elevado que crearon mecanismos viciados perpetuados en el tiempo. El resultado, todo un problema que ha agravado la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones.
«Con su reiterada violación de los principios de equidad, integridad, responsabilidad, igualdad ante la ley en la atribución de los contratos públicos, los acusados atentaron contra el Estado de derecho, y su actuación resultará de muy costosa reparación social. Reiteramos, como hemos venido haciendo a lo largo de este juicio, que se han acreditado unos hechos de extrema gravedad merecedores de una sentencia condenatoria», concluyó para cerrar su exposición.
