Ya van camino de cumplirse 13 años desde que Blanca recibiera la peor llamada de su vida. El 29 de septiembre de 2005, un policía nacional de la comisaría de Bilbao marcó su número. Ella descolgó el terminal. «Ha aparecido un cadáver en el agua en avanzado estado de descomposición, con la mano derecha cortada, que podría corresponder al de su hermano Miguel Ángel», le indicó el agente a la mujer, que llevaba cinco meses sin saber nada del chico. En concreto, desde abril de ese año, cuando el muchacho emprendió el último viaje de su vida, un Interrail que acabaría presuntamente en las gélidas aguas de Estocolmo.
Tras recibir la fatídica llamada, Blanca —que era la pequeña de los cuatro hermanos que encabezaba Miguel Ángel— fue con su madre a la comisaría de Bilbao. Ya no estaba el policía que les había llamado y tuvieron que regresar al día siguiente. Un nuevo funcionario las atendió. Les mostró un fax que había llegado de la capital sueca y que daba cuenta del hallazgo del cadáver, del mal estado en que se encontraba así como de la imposibilidad de identificarlo por la ausencia de la mencionada extremidad superior. En el mismo escrito, de hecho, las autoridades nórdicas solicitaron las huellas dactilares de la mano izquierda y los datos dentales para poder determinar la filiación del hombre con certeza, ya que de momento solo podían atestiguar que era él por una fotocopia del DNI que el joven portaba en un bolsillo a nombre de Miguel Ángel Santamaría.
En el fax, los agentes suecos relataban también que el chico había protagonizado dos meses atrás un llamativo episodio en una sucursal bancaria de Estocolmo. En concreto, el 1 de agosto de aquel 2005, detallaban, el ciudadano español fue a esta entidad para efectuar una transferencia desde su cuenta de la BBK, donde tenía 12.000 euros. Explicó que se le había rayado la tarjeta, que no podía sacar dinero y que necesitaba un traspaso de efectivo. Sin embargo, según el fax, como el vizcaíno no tenía documento de identificación, el director del banco se negó a hacerle la transferencia y el chico dijo que no se movía de allí hasta recibir los fondos. Ante este último anuncio, el responsable de la entidad llamó a la policía, que hizo acto de presencia a los pocos minutos y detuvo a Miguel Ángel.
Los funcionarios se llevaron al español a comisaría, donde estuvo desde las 10 de la mañana hasta las cuatro de la tarde, según dijeron los agentes suecos a Blanca vía consulado. La hermana pequeña del desaparecido, sin embargo, supo luego que había estado más tiempo, ya que la policía nacional le reveló posteriormente que sus homólogos suecos les habían confesado que le identificaron a las 19:00. «Pusieron menos tiempo porque a las seis horas tienen que llamar al abogado del detenido», entiende hoy la mujer, que recuerda aquello como la primera mentira que pilló a las autoridades nórdicas.
El fax constaba de 10 páginas y siete de ellas estaban dedicadas a relatar el episodio del banco. Las otras tres, según explica hoy Blanca, que leyó el documento aquella mañana del 30 de septiembre junto a una amiga, detallaban que la policía sueca había encontrado el cadáver en aguas de Estocolmo en las condiciones antes descritas tras sufrir una muerte violenta. «Los dos sucesos estaban relacionados, seguro, por eso los contaron juntos«, reflexiona la hermana del fallecido, quien añade que durante 12 años la Interpol de Suecia ha sostenido que aquel día en la sucursal bancaria el visitante no tenía documentación. En enero de 2018, sin embargo, cambió la versión. «La policía de Estocolmo me remitió un informe en el que asegura que ese 1 de agosto de 2005 Miguel Ángel sí portaba documentación», subraya Blanca.
Tras leer el fax, la mujer pidió a sus padres que se hicieran la prueba de ADN. Esa misma tarde, ambos se sacaron muestras con el fin de que las autoridades suecas pudieran identificar a su hijo con certeza científica. Sin embargo, los policías españoles paralizaron la gestión porque habían recibido nuevas noticias de sus homólogos nórdicos. En concreto, estos últimos dijeron que ya no hacía falta la prueba de ADN porque habían conseguido «limpiar el dedo índice con alcohol, hacer un molde y comprobar» que este correspondía con la huella del ciudadano español que mandó la policía nacional. «No nos dijeron ni siquiera si era el dedo de la mano izquierda», recuerda Blanca, todavía sorprendida.
¿Suicidio, asesinato o ahogamiento?
Por la vía diplomática, las respuestas también eran extrañas. El cónsul le pidió inicialmente a Blanca tiempo para enterarse de lo que había ocurrido cuando esta llamó por primera vez el mismo 30 de septiembre. Dos días después, al ver que el diplomático no respondía, la hermana del fallecido insistió. El cónsul le explicó que le había costado hablar con el jefe de la policía sueca, pero que al final lo había conseguido y que este le había contado lo mismo que relataron sus agentes en el fax, aunque también le había añadido que el caso estaba bajo secreto de sumario. Tampoco esto último resultaría ser cierto.
La familia pidió —vía diplomática también— viajar a Suecia para ver el cuerpo de Miguel Ángel. La respuesta, sin embargo, fue que el joven había fallecido de «muerte natural», que había sido un «suicidio» y que los responsables policiales no estarían disponibles durante esos días. «A la semana siguiente viajamos a Suecia, pedimos ver el cadáver, pero no nos dejan; solicitamos ir al sitio donde había aparecido para depositar flores, pero sorprendentemente nos dicen que no saben dónde había emergido«, cuenta Blanca. Tras insistir, continúa, el policía trata de localizar el sitio sobre un mapa de Google. «Primero nos lleva a un lugar, nos dice que no, que se ha equivocado; luego nos lleva a otro, pero tampoco allí había elemento alguno que hiciera pensar que había parecido ahí», recuerda aún asombrada.
A continuación, rememora, los familiares fueron a recoger algunos enseres del fallecido. «Nos dieron un reloj de mi hermano, varios billetes que tenía en el bolsillo, una cadena, la fotocopia de su DNI y un documento en el que pone que la muerte se ha producido por un accidente de tráfico«, relata Blanca, a quien ya le habían dado cuatro causas diferentes del fallecimiento de su hermano: el suicidio, el accidente, la muerte violenta y el ahogamiento. No podía ser todo a la vez, y ella lo sabía. «Ni los billetes ni el papel con su DNI tenían signos de haber estado un mes y medio bajo el agua», concluye hoy.
Ni siquiera el trabajo forense ayudaba a arrojar luz. «A los cinco meses de recibir la primera llamada, me entregan dos papeles en los que pone que posiblemente es Miguel Ángel, que posiblemente fue un suicidio lo que acabó con su vida y que posiblemente fue por ahogamiento«, relata Blanca sobre esos primeros ‘aperitivos’ de la autopsia, que no llegó completa hasta marzo de 2007. Mientras esta venía, la familia quiso enterrar el cadáver para poner fin a la pesadilla. «Yo tenía tres hijos y mis padres estaban ya mayores; solo pensábamos en enterrarle y queríamos hacerlo en Londres«, añade la mujer, que recuerda que ese era el deseo de su hermano, que justo antes de salir en Interrail vivía en la casa familiar de Algorta (Vizcaya), pero que previamente había estado trabajando durante tres años como celador en un hospital de la City y como ‘housekeeper’ en diferentes hoteles de la capital británica.
La familia comenzó entonces los trámites para remitir el cadáver a Londres. Una vez en suelo inglés, sin embargo, las cosas volvieron a complicarse. El Reino Unido no permite enterrar a nadie sin conocer antes las causas de la muerte, por lo que el Coroner de Westminster, oficina forense para las muertes violentas competente en la zona, abrió una investigación en noviembre de 2005. Los familiares, sin embargo, no podían esperar más para enterrar al fallecido, por lo que fueron al consulado español en Londres para acabar con la angustia. «Por fin lo hacemos en noviembre de 2005», afirma con tristeza Blanca, quien admite sin embargo que tampoco ahí pudo ver el cadáver de su hermano.
«Yo pedí verlo, pero la funeraria me dijo que en ese mes y medio que el cuerpo había permanecido custodiado por las autoridades suecas se había deteriorado aún más y que ahora sí que no se podía ver», explica Blanca, que 12 años después reconoce que ni ella ni nadie de su familia llegaron a ver a Miguel Ángel sin vida. También admite que «hoy por hoy» no tiene «ninguna prueba fehaciente» de que su hermano sea el que enterraron. «Tampoco sé si realmente apareció flotando, porque no existe ningún documento que lo atestigüe», argumenta la mujer, que tras el entierro decidió acudir al Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir «un certificado de identificación». El ministerio se dirige a la policía de Estocolmo, pero esta le responde de malos modos que el caso está cerrado y que no van a contestar más preguntas sobre este tema.
En marzo de 2006, Blanca recibe el examen ‘postmortem’ efectuado por el Coroner de Westminster, que concluye que el estado de los pulmones era normal y que, por lo tanto, el hombre no había muerto por ahogamiento. Señalaba además que los golpes que el joven tenía en la espalda «no son compatibles» con ese supuesto suicidio y que «no se podía determinar la muerte por la ausencia del corazón«.
Este nuevo sobresalto provocó que Blanca volviera a contener la respiración antes de pedir explicaciones. La hermana del fallecido escribió directamente a la autora de la autopsia, Petra Rasten, que curiosamente era la jefa del departamento forense del Instituto Karolinska, que entrega anualmente los Premios Nobel de Medicina, para preguntarle qué pasaba con el corazón, que no podía haberse desintegrado. La especialista, sin embargo, respondió a su interlocutora que el corazón lo tenía, que pesaba 200 gramos y que estaba «todo normal». No podía haber, por lo tanto, más despropósitos en tan poco tiempo.
La Audiencia Nacional pide exhumar el cadáver
Blanca fue entonces a la policía nacional para que esta reclamara a sus homólogos toda la documentación y les trasladara una serie de preguntas con el fin de aclarar qué estaba pasando. Pero los agentes españoles no satisficieron la demanda de la vizcaína porque, respondieron, «la superioridad» no se lo permitía. «Todos aquellos con los que hablaba veían lo mismo que yo, muchas cosas raras, pero nadie hacía nada para ayudarnos», se queja hoy Blanca, quien durante estos 12 años se ha reunido con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Gobierno vasco, de la Policía Nacional y de los partidos políticos en el Senado. Además, ha escrito al Parlamento Europeo —que le respondió que entendía su caso pero que no podía hacer nada—, a la Interpol o al Defensor del Pueblo, que le respondió que tanto ella como su familia habían sufrido una doble victimización.
Este último organismo se refería al hecho que sus padres y ella padecieron la muerte de Miguel Ángel, primero, y la impotencia de no poder hacer nada por aclarar las circunstancias del fallecimiento, después. «Solo hemos recibido humillaciones e insultos, porque muchos me han dicho que cómo iba a denunciar sin documentación y otros ni me respondían», relata. «¿Pero cómo voy a presentar papeles que no me dan en Suecia?», se pregunta Blanca, quien aún recuerda la carta que le mandó Alfredo Pérez Rubalcaba cuando era ministro del Interior. «Me dijo que lo de mi hermano había sido un accidente lamentable; le pregunté qué tipo de accidente, pero nunca me contestó», se lamenta.
«Solo me escuchó el fiscal Juan Calparsoro«, apunta, en referencia al que fuera jefe de la Fiscalía del País Vasco, quien pidió toda la documentación a las diferentes embajadas, a Exteriores y a las autoridades suecas. «Me dijo que para seguir investigando había que exhumar el cadáver y así lo reclamó, pero la Audiencia Nacional le quitó el caso y, según me dicen, ya han pedido cuatro veces al Ministerio del Interior de Londres la extracción del cuerpo», relata Blanca, quien censura sin embargo lo que a su juicio es un mal proceder por parte del tribunal. «Me dicen en la Audiencia Nacional que no les contestan, pero claro, es que no hay que hacer la petición al Ministerio del Interior, sino al Coroner», critica la mujer, que también se queja de que no le dejan personarse en la causa para conocer los detalles a pesar de que la ley de víctimas la ampara.