La crisis por la defensa del juez Pablo Llarena ante la demanda civil de Puigdemont se desactivó en tres pasos a lo largo del pasado fin de semana. Entre el sábado y el domingo, dos personas jugaron un papel fundamental en el vuelco de la postura de Justicia, que había anunciado el jueves que solo acudiría a los tribunales belgas en representación del Reino de España y en ningún caso en lo que afectara a declaraciones privadas efectuadas por el instructor del Supremo. El magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, hicieron ver al presidente, Pedro Sánchez, que era necesario defender al juez hasta las últimas consecuencias.
Según fuentes conocedoras de lo sucedido, el debate sobre la postura del ministerio —que precisó el departamento dirigido por Dolores Delgado en una nota de prensa en la que se aseguraba que no asumiría «en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se le atribuyen»— fue subiendo de tono a medida que pasaban las horas. El viernes tras el Consejo de Ministros, las declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo,evidenciaron que dejaba de ser una cuestión exclusiva de Justicia para pasar a ser un tema de Gobierno.
Paso uno. Las declaraciones en las que Calvo aseguraba que la protección del juez no era asunto del Ejecutivo sino que debía asumirla el Poder Judicial fue el pistoletazo de salida para un intenso debate entre los magistrados progresistas de Jueces y Juezas para la Democracia (JpD). Tres de los pesos pesados de la asociación se posicionaron desde un inicio contra la decisión de Delgado y defendieron la necesidad de amparar al juez frente al ‘expresident’ catalán. El ex fiscal general en la etapa socialista fue uno de ellos junto a otros reputados magistrados: los miembros de la Sala Penal del Supremo Perfecto Andrés Ibáñez y Luciano Varela.
Las dudas de la asociación sobre la postura pública que debía asumir JpD se evidenciaron en su titubeo sobre si debían respaldar o no el comunicado en el que cinco asociaciones pedían públicamente al Gobierno que asumiera una defensa completa del juez instructor de la causa del ‘procés’. JpD no se sumó y remitió tres fríos párrafos un día después en los que aseguraba sin ningún entusiasmo que la actuación de Justicia había sido «correcta».
Paso dos. El malestar de los más influyentes en la asociación de jueces más cercana al PSOE se encendía por momentos y acabó derivando en una llamada de Conde-Pumpido al ministro Josep Borrell. Exteriores tiene una vinculación directa con la demanda civil y, de hecho, como publicó este diario, su titular había tratado de convencer al Gobierno belga de que se personase en el procedimiento a cargo de un juzgado de Bruselas en nombre de España. También la ministra Delgado hizo esa petición a su homóloga en Justicia. Ninguno de los dos tuvo éxito. De Exteriores depende, además, la contratación directa del abogado a través de la embajada en Bélgica que este jueves se cerró con el bufete Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick al que se adjudicó por más de medio millón de euros,
Llamada de Borrell a Sánchez
La discrepancia no era solo judicial. Miembros del Gobierno de Sánchez no veían con buenos ojos la separación en este asunto del Llarena juez y el Llarena ciudadano que, además, no se sostenía, según los informes de la Abogacía del Estado que fueron también publicados por este diario y que, como desvelábamos ayer, desataron una caza de brujas en el Ministerio de Justicia. El veterano político socialista, expresidente del Parlamento Europeo y ministro de Obras Públicas con Felipe González, era uno de ellos. La conversación con Conde-Pumpido sirvió para evidenciar que era necesario y urgente dar un golpe de timón. Los días transcurrían y debía resolverse el asunto con tiempo suficiente para llegar a la citación del 4 de septiembre.
Paso tres. Fue Borrell quien se encargó de hablar por teléfono con el presidente del Gobierno en las horas previas a que Moncloa hiciera público el comunicado definitivo que activó el giro en la postura. Tras esta conversación, Pedro Sánchez ordenó a la ministra arriar velas y Moncloa emitió una nota de prensa en la que se informaba de que se seguirían los trámites en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente. Es decir, se ampararía al juez también en lo tocante a sus declaraciones a los medios tras una conferencia en Oviedo en las que negó que en su procedimiento hubiera presos politicos.
