Borrell y Batet, Batet y Borrell. Con el reto de combatir al independentismo catalán encima de la mesa, el presidente del gobierno Pedro Sánchez se ha asegurado un potente binomio, el palo y la zanahoria, entre el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y el de Administraciones Públicas. En el interior, Meritxell Batet prometerá diálogo a Catalunya y rehacer los puentes degradados durante los años de gobierno del Partido Popular. En el exterior, Josep Borrell plantará batalla contra el relato del independentismo, con la causa judicial internacionalizada y la presencia de Carles Puigdemont en Berlín.
Lo insinuaba el propio Borrell, durante la toma de posesión este jueves en el ministerio, al anunciar que uno de los principales retos de la UE era la «integridad territorial«. Y es que el ministro de la Pobla es conocido por ser muy crítico con el procés, con manifestaciones públicas que causaron malestar entre el soberanismo, como la vez que instó a la «desinfección» de lo que consideraba una «herida». También suyo es el libro de Las cuentas y los cuentos de la independencia. E incluso, llegó a participar en una manifestación unionista de Societat Civil Catalana, hace unos meses.
De ese modo, reanudará el legado de Sánchez, quien lanzó hace semanas una auténtica gira para explicar la acción del Estado ante el conflicto, asumiendo el papel, al considerar que el ejecutivo central no había hecho suficiente. El secretario general del PSOE viajó a Alemania el 22 de abril, donde explicó a los socialdemócratas (SPD) del país que los independentistas «violaron las leyes» y que España era una democracia consolidada. Lo mismo hizo el pasado 8 de mayo a la London School of Economics, donde se llegó a citar con los laboristas Gordon Brown y David Corbyn.
Y es que el ejecutivo de Rajoy había recibido varias alertas sobre que no sería suficiente garantía el apoyo de los Estados; sino que la opinión pública internacional ejerce su peso en los ciudadanos. El ejemplo remoto: las portadas por las cargas del 1-O, tales como «Bloody Sunday» o «Shame of Europe«, entre otros. Y más reciente, las palabras de la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, sobre que era «correcto» liberar a Puigdemont, idea que su portavoz intentó matizar los días posteriores, después de avivar el malestar del Partido Popular y derivar en un enfrentamiento con el gobierno.
De hecho, de los esfuerzos comunicativos del gabinete ministerial sólo se conocían hasta el momento los grupos Barretina y Montserrat, promovidos por el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, o la intensificación de los contactos entre estados las semanas previas al referéndum. «Lo hacemos y lo seguiremos haciendo», decía una fuente del Ejecutivo sobre el esfuerzo diplomático del ministerio de Alfonso Dastis. Es decir, una política basada en la tesis de que «el partido se juega fuera y en si los otros no te reconocen como Estado», dijo Margallo sobre las Naciones Unidas.
A su vez, Batet reanudará la cartera de la ya exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con una Operación Diálogo ‘a la socialista’, encima de la mesa, otra vez. De perfil dialogante y próximo, la nueva ministra tendrá el reto de rehacer puentes, por lo que ya ha pedido públicamente «dejar de fijarse en los agravios» causados entre ambas partes, y remar juntos en la misma dirección. «No nos podemos conformar y no pensar en España como una yuxtaposición de territorios», avisó. Todo lo contrario buscará potenciar la «convivencia» y la asunción de la diversidad como una «riqueza».
El hecho es que la cartera se demuestra imposible, con la esperanza puesta en el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno este mismo viernes, donde se podría fijar una idea de cuándo será la primera reunión entre la Moncloa y la Generalitat. Pero si Santamaría ofreció diálogo con la demanda del derecho a decidir y el referéndum en plena pujanza entre el independentismo, a Batet le tocará asumir el reto de los juicios del 1-O –hacia el otoño– así como la voluntad de Puigdemont y Quim Torra de desplegar estructuras republicanas. Una cuestión que Sánchez y Rajoy acordaron impedir.
