Centrando las ideas, se puede afirmar que el “procés” ha perjudicado a los catalanes y no ha beneficiado al resto de españoles. Pero sí ha servido para despejar dudas, al confirmarse la existencia del Estado y constatarse la fortaleza de la Constitución. El pasado viernes 23 de marzo, el juez Llarena, del Tribunal Supremo (TS), instructor de la causa por el intento de golpe de estado en Cataluña, de un tirón procesó a 25 personas de 28 investigadas, envió a prisión a 5 más de los encausados y emitió o reactivó las correspondientes órdenes de detención de los fugados de la justicia. De los encausados, por el momento, hay 9 en prisión preventiva y 7 fugados de la justicia. Puigdemont, detenido hoy por la policía alemana gracias a esa reactivación de la euro-orden de su detención, presumiblemente cambiará pronto de categoría para engrosar el número de los de “en prisión preventiva”. Ha sido una especie de fenomenal bombazo definitivo al “procés”. En mi opinión, el juez Llarena por su diligencia y solidez procesal, su integridad profesional y su coraje es merecedor de la felicitación y agradecimiento de los españoles.
Se marcha hacia la normalización en Cataluña. Porque lo normal es que quien ha delinquido sea encausado, procesado y, en su momento, penalizado en proporción a sus delitos. Lo anormal era que esos mismos se pasearan voceando la existencia de presos políticos en España. Algo que, a criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supone “un ataque frontal a nuestro modelo de convivencia basado en el respeto a la ley”. Los cinco nuevos “entrullados”: Turull, Romeva, Rull, Forcadell y Bassa podrían ahora lucir más propiamente su lacito amarillo, en disculpable demanda de su propia libertad. Aunque ―me temo―, los que están en el talego “provisionalmente”, posiblemente ya no saldrán de él en muchos años. Las dos sólidas razones del magistrado para mantener tras las rejas a 9 de los procesados: riesgo de fuga y/o riesgo de reiteración delictiva, son tan palmarias que no admiten discusión. Marta Rovira, con su inoportuna, desangelada e insolidaria fuga, lo acaba de evidenciar.
Por tanto, hay que inferir que los muñidores del golpe asumieron que el Estado, evaluado como débil, no se opondría a su “rebelión” y, consecuentemente, en la nueva república no solo quedarían impunes sino, incluso, enaltecidos.
Tras su choque con la justicia, el “procés” ha fenecido formalmente. Quizás lo más sorprendente del serial secesionista haya sido comprobar que no tenía detrás ningún respaldo sólido; solo había vacio. Así como que alguien pudiera pensar que el intento de ruptura de la Nación “por las bravas”, no tendría mayores consecuencias. Por tanto, hay que inferir que los muñidores del golpe asumieron que el Estado, evaluado como débil, no se opondría a su “rebelión” y, consecuentemente, en la nueva república no solo quedarían impunes sino, incluso, enaltecidos. Fue un craso error de planeamiento del golpe.
Previsiblemente, los ya encarcelados no tendrán oportunidad de repetir el intento en primera persona. Pero como las ideas ni delinquen ni se esfuman definitivamente, pudiera suceder que sus descendientes políticos se plantearan repetir la fechoría. De ahí que, en su sólido auto de procesamiento, el juez Llarena se refiera al “procés” como un “diseño criminal” interrumpido por la aplicación del 155 y que podría “estar latente y pendiente de reanudación, una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas”. El Estado, por tanto, deberá permanecer vigilante en lo sucesivo, para atajar a tiempo potenciales tropelías secesionistas, incluyendo algarabías y desórdenes callejeros de los más exaltados. Ahora ya sabemos todos cómo hacerlo legalmente.
El fracaso del golpismo catalán ha devenido en enorme frustración en el patio independentista. Razón por la que ayer, sábado 24 de marzo, el presidente del parlamento regional, señor Torrent ―que se ha apropiado de la Cámara como lo hace un niño con sus zapatos nuevos―, convocó, contra viento y marea, la segunda sesión del pleno de investidura del candidato Turull (¡que no había logrado ser investido en primera votación!), cuando ya no podía ser investido por encontrarse encarcelado. Montó una especie de debate para, desde la presidencia del parlamento, largar un mitin y darse coartada para hablar de “presos políticos” y “exiliados”, en vez de políticos presos y fugados. No se atrevió a pasar a la votación para que no le empitonara el TC y denominó ese bodrio como “pleno simbólico”. Adjetivo muy de moda últimamente.
Fue un mitin secesionista de alto voltaje donde el señor Torrent se despachó a gusto contra el Estado “represor”, sus instituciones y todo lo habido y por haber que no fuera independentista.
Aprovechando que las caras visibles del independentismo están en prisión o huidos de la justicia, parece que en el señor Torrent la frustración (por el entierro del “procés”) haya mutado en la esperanza (de liderar el independentismo catalán). Sospecha que se refuerza tras el circo organizado y presidido por él tras el fraudulento “pleno simbólico”, reuniendo a los PNN del independentismo, a familiares de los políticos presos y fugados, así como ―ojo al dato―, la jerarquía podemita en Cataluña (Domenech). Fue un mitin secesionista de alto voltaje donde el señor Torrent se despachó a gusto contra el Estado “represor”, sus instituciones y todo lo habido y por haber que no fuera independentista. Y, en el colmo del despropósito, propuso la formación de “un frente común para la defensa de la democracia”. O, en otros términos, la creación de un frente contra el Estado. Algo a lo que éste deberá estar atento.
Comprendiendo el derecho al pataleo, qué penita dio verles contraponer, a estas alturas, el principio democrático al de legalidad: nadie, en su sano juicio, puede pretender saltarse la legalidad y que le salga gratis. No sé por qué me viene a la memoria que Azaña, en plena Guerra Civil, escribía que “España tiene que bombardear Cataluña periódicamente”. Dicho sea, también, “simbólicamente”.
