Un informe del ‘caso Pokemon’ destapa que, desde 2005 a 2012, concejales y la exconsejera Palacios fueron a Nueva York y otras ciudades, tras decisiones suyas que «han beneficiado» a Aquagest
Corría abril de 2008 cuando la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro; el vicealcalde, Agustín Guillén, y la exconcejal de Hacienda y ya consejera de Sanidad del Gobierno regional, María Ángeles Palacios, todos ellos del PP, viajaron a Nueva York con los gastos pagados por Aquagest, empresa concesionaria del servicio municipal de aguas. Apenas tres meses antes, la compañía, denominada ahora Hidrogea, vio cómo la Junta de Gobierno Local aprobó por la vía de urgencia y fuera del orden del día una propuesta suya y del concejal de Hacienda, José Cabezos, para invertir más de 12,5 millones de euros en infraestructuras con cargo a las tarifas de los años 2009 y 2010. Cuatro años antes de que el Ejecutivo adoptara ese acuerdo, el Pleno autorizó en noviembre de 2003 una prórroga de 25 años, hasta 2042, en el contrato de Aquagest, a pesar de que existía un informe en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
A ojos de los investigadores de Vigilancia Aduanera en Galicia, un organismo del Estado que pertenece a la Agencia Tributaria, ese desplazamiento a Estados Unidos fue, en apariencia, uno de los «viajes de placer» a distintas ciudades de España, Europa y América que, desde 2005 a 2012, disfrutaron al menos cinco concejales de los distintos equipos de gobierno, todos del PP, y un funcionario local. Billetes de avión, alojamiento en hoteles, cuestiones «alimenticias», «excursiones, etcétera» conformaron, según los agentes encargados de investigar para el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo una de las ramas del ‘caso Pokemon’ de presunta corrupción, un «continuo pago de prestaciones de servicios». Fue durante años, o después de años, en los que el Ayuntamiento de Cartagena tomó «una serie de decisiones que han beneficiado a la empresa Aguagest, ahora Hidrogea, del grupo Agbar, ahora Suez», afirma Aduanas. A través de una portavoz, Hidrogea y Grupo Suez declinaron ayer hacer declaraciones.
«Por parte de empresas del grupo Agbar [ahora grupo Suez], entre ellas la que actualmente se denomina Hidrogea, se abonan una serie de viajes, teniendo constancia por la factura que la empresa al menos corre con los gastos de transporte y alojamiento de viajes a Nueva York, Atenas, Múnich, Palma de Mallorca, Málaga, Madrid y Barcelona», expone literalmente Aduanas en su informe. Y añade: «Si bien de los cuatro primeros se puede deducir que son de tipo turístico o de placer, según lo comprobado en las intervenciones telefónicas autorizadas, y pagados a funcionarios y otras autoridades de otras localidades (sic), los dos últimos son a las sedes de la empresa». Estos viajes, aseguran los investigadores, se pueden «relacionar con la toma de decisiones o la elaboración de informes por parte de las personas que son invitadas a los mismos…».
Sospechan de años anteriores
En el apartado de los desplazamientos que los funcionarios de la Agencia Tributaria consideran que estarían justificados por tener como destino las sedes de la compañía en Madrid y Barcelona, se menciona al exconcejal de Hacienda José Cabezos. El informe entregado a la juez Pilar de Lara -quien es cartagenera y está emparentada con el exmarido de Barreiro-, deja claro que puede haber viajes anteriores a 2005, año a partir del que han accedido a facturas. El principal indicio que manejan es que «se comprueba que los mayores beneficios a la empresa Aquagest, ahora Hidrogea, provienen de años anteriores, principalmente la Modificación de Contrato de fecha 24 de marzo de 2004, firmado por María Pilar Barreiro Álvarez como alcaldesa».
Esa variación, apuntan los funcionarios que auxilian a la magistrada en sus pesquisas sobre una presunta red de corrupción en los servicios municipales de abastecimiento de agua de varias provincias, afectó a «las cláusulas de la concesión» en el sentido de extender la vigencia del contrato hasta enero de 2043. Ello, a pesar de la existencia de un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, de 29 de julio de 2002, en el que se señala que la prórroga «no tiene encaje en la legislación vigente», porque se alteró el contrato «un 100 por 100, en tiempo y en precio». El citado órgano consultivo de la Comunidad Autónoma advirtió, asimismo, de que «la financiación de las obras debería hacerse según la legislación de Haciendas Locales».
Sin embargo, según Aduanas, Hidrogea facturó al Ayuntamiento una serie de obras, «con cargo a un crédito ofrecido por la empresa, que conlleva unos intereses y una amortización»; y que, «una vez autorizadas la obras señaladas por Aquagest, es esta empresa la que se encargada de subcontratar las obras, sin que sean licitadas». Los trabajos, apuntan los investigadores, fueron realizados además por empresas del propio grupo Agbar, las cuales cita en un listado.
Según los datos manejados en esta investigación judicial, el valor de todas la obras contratadas por el Ayuntamiento fue de unos 68,2 millones de euros desde 1993 -el informe cita que la firma la realizó el entonces alcalde socialista José Antonio Alonso- hasta 2017, según la documentación presentada por Hidrogea al Consistorio. No obstante, esa cantidad quedó reducida a 65,8 millones, según el precio de adjudicación. Este modo de proceder, advierten los especialistas del servicio de Aduanas, ha sido «gravemente dañoso para los intereses municipales», al implicar «el abono por este Ayuntamiento de unos importes presuntamente muy superiores a los que realmente corresponden a las obras, que presuntamente no se habrían producido si se hubieran convocado los concursos necesarios».
El «modus operandi», constatan los agentes, es «igual» que el «investigado en Luanco [Asturias], por Asturagua, empresa también del grupo Agbar». Allí, «se informa también de toda una serie de prestaciones de servicio recibidas por autoridades de dicho concello». Realizadas estas diligencias, que dan continuidad a un informe del pasado mes de febrero -en el que ya constataron el viaje a Nueva York del exvicealcalde Guillén, y donde no tenían identificada aún como exedil y exconsejera a Palacios, ni citaban a Barreiro como integrante de la comitiva-, los ‘sabuesos’ de Hacienda quieren ahondar sobre lo ocurrido en Cartagena.
Un funcionario alquiló locales
Entienden que la juez debe pedir más documentación al Consistorio, que está personado en la causa, y citar a declarar como investigados (antes imputados) a cinco de los seis ediles mencionados anteriormente (todos menos María Dolores Soler), al exjefe de Infraestructuras y a los directivos de Hidrogea; y, como testigos, a los cónyuges que fueron a los viajes.
Los agentes solicitan a la instructora que reclame al Ayuntamiento abundante información, como la relación de personas que negociaron las prórrogas y la identificación de los funcionarios que aprobaban los estudios de tarifas. Asimismo, piden acceder a datos fiscales, de seguridad social y de tráfico en poder de la Agencia Tributaria, relacionados con todas las personas que participaron en los viajes y con distintas empresas. Entre ellas figuran varias vinculadas al funcionario jubilado Padial, quien alquiló dos locales a Aquagest a través de una comunidad de bienes familiar.
Además de analizar las certificaciones finales de obra, Aduanas cree «interesante» ver el informe de auditoría de los costes del servicio anunciado por el Ayuntamiento este año, del que tuvieron noticia en junio por ‘La Verdad’.
FUENTE: LAVERDAD
