El nuevo periodo de sesiones en el Congreso representa la oportunidad para el PP de retomar la iniciativa y hacerlo, además, recortando espacio a los de Albert Rivera, la formación que directamente le disputa «sus» votantes.
Y es que si las elecciones catalanas han supuesto para el líder de C´s ganar la centralidad del tablero político, su zigzageo en materias de hondo calado social, muy significativas entre los electores de centro derecha, son el talón de Aquiles de los naranjas, según consideran los estrategas populares.
En este sentido, el Grupo Popular llevará al Pleno -definitivamente será el 13 de febrero- una proposición no de ley de defensa de la prisión permanente revisable. La medida, sólo aplicable a delitos de especial gravedad, corre el riesgo de desaparecer y el propio Mariano Rajoy encabeza ya este próximo domingo una convención nacional del PP en Córdoba dedicada a blindarla.
A nadie se le escapa que el objetivo añadido pasa por distinguirse de un Rivera a quien los sondeos sitúan como el adversario a contener.
La abolición de la prisión permanente, promovida por el PNV al estimarla «inconstitucional», cuenta con el apoyo de toda la oposición, encabezada por el PSOE, y, ojo, con la inexplicable abstención de C´s.
En la excepcionalidad, precisamente, insiste el Gobierno de Rajoy, dejando claro que es una medida prevista para asesinatos con violencia sexual, crímenes múltiples, asesinatos de menores o casos de genocidio. Es decir, para defender a los ciudadanos de los criminales más inhumanos.
El Constitucional
Rivera y los suyos han buscado sacudirse su rara postura aupados en un confuso discurso del cumplimiento íntegro de las penas, pero resistiéndose a ir más allá. Se declararon no partidarios de la prisión permanente revisable al dudar de su inconstitucionalidad y mantienen que es el Tribunal Constitucional quien debe decir si es compatible con la Constitución.
Hasta ahora. Porque, buscando contener la vía de agua abierta, ayer los de Rivera sorprendieron con el registro de una enmienda a la totalidad al texto de los nacionalistas vascos para endurecer su posición, planteando medidas como elevar de 15 a 20 años el cumplimiento mínimo de los condenados sometidos a la reforma estrella popular en materia judicial para acceder al tercer grado.
Mientras, el PP ha aireado entre bambalinas la apuesta naranja, negro sobre blanco, en la página 56 de su acuerdo de investidura con Pedro Sánchez, por la «derogación inmediata de la prisión permanente revisable incluida hoy en el Código Penal».
Los populares han logrado de los naranjas un cambio de criterio. El espantoso y reciente caso de Diana Quer ha disparado además el apoyo social a la prisión permanente revisable.
La tensión entre PP y C’s promete agrandarse estos días. Lloverá sobre mojado porque la relación entre populares y naranjas hace tiempo que no es la mejor posible, estando incluso en el aire la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Empiezan a escasear entre Albert Rivera y Mariano Rajoy las llamadas y mensajes. Desde luego, PP y C´s mantienen contactos porque son «socios preferentes». Aunque, la convivencia se hace muy cuesta arriba.
En el Congreso de los Diputados, el nivel de hartazgo de los populares con los naranjas es cada vez es mayor. Y en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos las cosas están aún peor.
Distanciamiento previsto
De cualquier modo, en la mente de Rivera siempre ha estado previsto ese paulatino distanciamiento. Porque vigoriza a su formación. De ahí que mientras trinan los populares, en el número 253 de la madrileña calle Alcalá, cuartel general de C´s, aumenta la seguridad en los pasos que dan.
«Los pulsos con el PP nos hacen más fuertes», me asegura un importante diputado naranja.
Con todo, más allá de juegos partidistas, lo preocupante aquí, de terminar con éxito el derribo parlamentario de la prisión permanente revisable, es que se estará dando la espalda a las familias de las víctimas y al sentir de la inmensa mayoría de españoles que desean estar protegidos frente a crueles criminales y asesinos que deben permanecer fuera de las calles.
Para muestra, los millones de firmas de apoyo recogidas en tiempo récord por los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Yeremi Vargas o Mari Luz Cortés, entre otros.
