El Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos en Andalucía cumplirá el próximo 2 de mayo sus primeros cien días, pero han adelantado en nueve jornadas las hojas del calendario para hacer balance en plena campaña electoral y remar a favor de una alianza de sus jefes nacionales, Pablo Casado y Albert Rivera, si dan los números. Naturalmente, para el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP) y el vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), el campo de pruebas de la nueva derecha, cuyo sostén parlamentario es la extrema derecha de Vox, va viento en popa: son cumplidores y leales, proclamaron.
PP y Ciudadanos firmaron un pacto de coalición tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre en el que se comprometieron a poner en marcha 21 iniciativas en sus primeros cien días. Todas ellas se han puesto en circulación, lo cual no quiere decir que estén en vigor. En este breve periodo del primer gobierno de derechas de Andalucía, tras casi 37 años de mandatos socialistas, hay muchos anuncios de inicio de anteproyectos. Han puesto a rodar el balón, pero se desconoce cuándo llegará a la portería y subirá al marcador.
Hasta que una ley llega al Parlamento debe pasar por una treintena de trámites lo que consume unos 200 días. Luego está el trabajo parlamentario en sí, que se acelera o desacelera en función de los ritmos que impone la mayoría de la Cámara, que en Andalucía está en manos de los 26 diputados del PP, los 21 de Ciudadanos y los 12 de Vox. Un total de 59 de los 109 de la Cámara, frente a los 33 del PSOE y los 17 de Adelante Andalucía (la coalición de Podemos e IU).
Es el caso de las leyes sobre eliminación de los aforamientos, que implica una reforma del Estatuto de Autonomía; de la limitación de mandatos de todos los miembros del Consejo de Gobierno a un máximo de ocho años; de la oficina contra el fraude y la corrupción política; o la elaboración de auditorías en 12 agencias públicas empresariales, cuyo resultado se desconoce, aunque Casado, en el debate electoral en RTVE elevó a 5.000 millones de euros, el dinero supuestamente defraudado, una cifra que no confirmaron ni Moreno ni Marín.
Lo que sí está en vigor es la bajada de impuestos. Se ha eliminado en la práctica el sucesiones y donaciones de más de un millón de euros (ya estaban exentos los que alcanzaban esa cantidad) y también se ha bajado en tres puntos el tramo autonómico del IRPF de las rentas más altas (120.000 euros), mientras que las más bajas lo hacen sólo en medio punto. También, la Junta ha puesto en marcha la reducción de las listas de espera quirúrgicas, después de contabilizar medio millón de pacientes más al incluir parámetros de contabilidad que hasta ahora no se tenían en cuenta.
En estos 91 días, el Gobierno bipartito ha mirado atrás, a la llamada herencia dejada por el PSOE. “Hemos cumplido al 100% con las promesas electorales, hemos actuado con transparencia y lealtad, a pesar de los obstáculos que nos hemos encontrado, del viento en contra, de un legado claramente negativo y de una situación muy delicada”, aseguró el presidente andaluz, para quien los servicios público esenciales, como la sanidad, “están francamente tocados”.
Moreno puso cifras este martes a este legado: 26.923 millones de euros sin ejecutar a lo largo de varias legislaturas; 2.998 millones en subvenciones sin justificar; 4.665 millones pendientes de cobro; y 762 millones que han salido de las arcas autonómicas para pagar condenas judiciales debido, en su opinión, a “un Gobierno indolente e irresponsable”.
La otra pata en la que se sustenta el Gobierno bipartito, Vox, no tiene asiento en el palacio de San Telmo, pero sus 12 diputados tienen la llave de la estabilidad. Hasta el momento no se ha votado ninguna ley en la Cámara que haya supuesto una derrota parlamentaria de la coalición de derechas y las veces en las que se han votado interpelaciones o proposiciones no de ley, Vox se ha quedado solo defendiendo sus postulados más extremos, sobre todo en asuntos relaciones con la ley contra la violencia de género, la memoria democrática o la inmigración.
La prueba de fuego será el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2019. El Gobierno bipartito lo presentará después de las elecciones municipales del 26 de mayo, para desesperación de la oposición de PSOE y Adelante Andalucía. Estos grupos creen que habrá recortes en las políticas sociales, una sospecha que PP y Ciudadanos descartan, aunque el presidente andaluz reconoció que hay “nubarrones” internacionales en el horizonte. “En España se está produciendo una desaceleración económica y el Presupuesto andaluz intentará amortiguar cualquier riesgo que pueda venir del Gobierno de la nación o de Europa”, opinó.
Tanto Moreno como Marín intentaron este martes diluir el peso de Vox en el día a día del Gobierno andaluz e incluso se mostraron confiados en que las “leyes importantes” puedan negociarse con PSOE y Adelante, algo bastante improbable. El presidente de la Junta no tiene quejas de su socio parlamentario con el que firmó un acuerdo de investidura que no suscribió Ciudadanos. “Vox es un grupo distinto al mío, con objetivos diferentes. Yo no puedo calificar de desleal su actitud. No puedo hacer una crítica”, señaló Moreno.
En el PP andaluz hay una preocupación creciente por los resultados del domingo en relación a Vox, al que pronostican unos datos mejores que los que apuntan las encuestas. ¿Afectará el cómputo de votos al Gobierno andaluz? Moreno lo negó con vehemencia: “Llueva, granice o haga viento es un acuerdo de legislatura por encima de los vaivenes políticos”.
