Alonso también busca sacar partido en ‘Púnica’ de la exculpación de Pilar Barreiro

El sobreseimiento de las diligencias abiertas por el ‘caso Púnica’ contra la senadora popular y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, por decisión del Tribunal Supremo, va a ser exprimida al máximo por otros encausados, estos ya no aforados, que defienden que esa resolución es razón suficiente para que la causa sea archivada también respecto de ellos o, cuando menos, una parte de los cargos que ahora soportan. La pasada semana fueron dos de los imputados quienes se vieron libres de sospecha merced al rebufo provocado por la exculpación de la política del PP: dos de sus íntimos colaboradores en el Consistorio cartagenero, Francisco Ferreño y Mar Conesa, respecto de quienes el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, vino a razonar, acertadamente, que si su jefa no había hecho nada delictivo, menos todavía podía atribuírsele algo ilícito a sus subordinados.

Todo apunta a que el resto de investigados en ‘Púnica’ y que están directamente vinculados a Pilar Barreiro y a los trabajos de mejora de su reputación en internet, que le ofertaron empresas de la presunta trama, van a ir reclamando uno tras otro el archivo de las diligencias. Y ello a pesar de que el auto por el que fue exculpada la exalcaldesa cartagenera ya advertía de que sus efectos jurídicos no podían ir, a priori, más allá de la propia afectada y que debería valorar cada situación personal el juez a quien le correspondiera en cada caso.

Lo cierto es que una resolución del Supremo tiene demasiado peso como para no tratar de inclinar la balanza judicial hacia su lado. De esta forma, dos destacados encausados de ‘Púnica’, los socios en varias empresas de reputación ‘online’ Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, exalcalde socialista de Cartagena, también han reclamado ya de la Audiencia Nacional que proceda a exculparles en base a la resolución del Alto Tribunal. Y no solo por lo que se refiere a la oferta que le hicieron a Barreiro para lavar su imagen, con el aparente propósito de que se abonara con fondos públicos, sino también en la relativo a otras piezas de la ‘trama Púnica’ en la que también están imputados. La respuesta del magistrado Manuel García Castellón ha sido categórica: «Carece de toda lógica y rigor analítico» el que, «invocando el auto del Tribunal Supremo relativo a Pilar Barreiro y su sobreseimiento» y «extrapolando cuestiones procesales y sustantivas circunscritas -como ocurre en el caso de la senadora- a una línea de investigación específica y concreta, relativa a los trabajos de reputación ‘online’», trate el encausado José Antonio Alonso de obtener su exculpación en toda la causa.

La misma respuesta otorga a Agustín Alonso, hermano del exalcalde, quien había utilizado iguales argumentos para reclamar el archivo.

Cuarenta meses de prórroga

El instructor de ‘Púnica’ también rechaza los múltiples recursos presentados por un amplio grupo de imputados, que consideran injustificada la prórroga de cuarenta meses -hasta el 30 de marzo de 2022- que el juez fijó el pasado noviembre como tope máximo para concluir la investigación judicial. En su respuesta a los letrados defensores, García Castellón recuerda «la envergadura de la investigación, la complejidad técnica de los hechos investigados y las múltiples ramas en que se divide una de las mayores tramas de corrupción de la historia judicial española, que exigen y justifican el plazo de ampliación adoptado».

Más concretamente, para apoyar sus consideraciones sobre «la excepcional y extraordinaria complejidad de este procedimiento», deja constancia de que hay «cientos de investigados -más de 300-, quince líneas distintas de investigación o piezas separadas, 234 tomos (que aumentan cada día) y un volumen gigantesco de dispositivos informáticos a expurgar».