Ante el tribunal que lo juzgó por el caso Pretoria, el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz negó haber percibido «ninguna comisión, ni de un millón de euros ni de 10 millones» mientras dirigió el Ayuntamiento entre 2002 y 2009. Sin embargo, la reciente sentencia de la Audiencia Nacional desmiente al ex edil del PSC y acredita que logró «múltiples y cuantiosas contraprestaciones», que tasa en 1.132.244,55 euros. Los sobornos incluyeron la transferencia de un millón de euros, obras regaladas en dos domicilios por más de 128.000 euros y una pulsera de 4.180 euros para su mujer.
Todos los pagos que se ordenan incautar a Muñoz los sufragó el conseguidor de la trama, el ex diputado socialista Luis García, Luigi, en 2004 y 2007. Los jueces definen las dádivas como una «compensación por los actos ilícitos» cometidos por el ex alcalde, «en agradecimiento por los ‘servicios’ prestados» al propiciar modificaciones en un proyecto urbanístico sobre un viejo suelo municipal donde ahora se alzan los edificios conocidos como Cúbics, unos retoques «no orientados al interés público», concluyen los jueces, «sino al enriquecimiento de los particulares inversores», atraídos por la alta rentabilidad que, gracias a su amistad con el ex edil, les garantizó Luigi, quien se lucró con cerca de cinco millones de euros con la especulación enjuiciada en Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.
El grueso de la gratificación al ex alcalde se encubrió cobrándola su madre en abril de 2004, mediante dos cheques de 865.040 y 134.959,78 euros. De esa forma, una sociedad de García se reservó un supuesto derecho de compra sobre unos locales de la familia Muñoz en Santa Coloma. En realidad, el ex diputado nunca adquirió las propiedades por las que abonó una prima desproporcionada, en opinión de los jueces, que no se creen que el ex edil desconociera el contrato firmado por un testaferro de ‘Luigi’ y su progenitora, por entonces ya diagnosticada de una grave enfermedad degenerativa en su estado inicial.
El fallo vincula la retribución a los cambios por entonces en ciernes en el proyecto Cúbics y que iban a favorecer al intermediario. Tres días después de que el Ayuntamiento iniciara trámites con el único respaldo del PSC para reducir la zona comercial del futuro complejo incrementando los metros de vivienda libre, Luigi adquirió una pulsera para la esposa de Muñoz en la joyería Cartier del paseo de Gràcia de Barcelona. La revisión del plan urbanístico conllevó que, tiempo más tarde, los inversores asociados con García se embolsaran 12,9 millones de euros al vender sus acciones, «enriquecimiento del que no revirtió ningún porcentaje en el Ayuntamiento de Santa Coloma», añade el fallo.
Pese a que la Guardia Civil halló en su piso la factura de la joya a nombre de Luigi, Muñoz trató de negar el regalo ante el tribunal. Alegó que García frecuentaba el exclusivo establecimiento, por lo que le pidió que le acompañara a comprar un obsequio para su mujer porque, según sostuvo, al ex diputado le hacían descuentos. La explicación del ex alcalde no convenció a los jueces, que a su vez tachan de «inverosímil» que se escudara en que García corrió a cargo de facturas de reformas en la segunda residencia de Muñoz en Rupià porque al ex parlamentario le desgravaba.
La resolución da por probado que, mediante transferencias o en metálico, una sociedad de Luigi costeó 75.907,04 euros en obras en la casa ampurdanesa que el matrimonio Muñoz compró en 2005, 34.800 euros en arreglos de fontanería, electricidad y calefacción y 10.453,63 euros en material de baño. La sentencia resta credibilidad a que parte de los trabajos se abonaran con efectivo de la madre del ex alcalde, quien dijo que se lo entregaba por ser el único hijo con descendencia e hipoteca. Un perito concluyó que los ingresos del ex edil y su mujer -que trabajó en el Consistorio- no casaban con tales dispendios.
Luigi también se gastó 6.903,84 euros para restaurar la terraza del ático contiguo al que Muñoz habita en Barcelona. El piso fue adquirido por 600.000 euros por una constructora involucrada en la trama, Proinosa; aunque el domicilio no llegó a registrarse a nombre del ex alcalde, los jueces creen que la finalidad era «regalárselo a Muñoz», y se basan en que su mujer disponía de las llaves y encargó obras a interioristas, a los que comentó que la vivienda iba a ser para su suegra. La sentencia alude a que, durante el mandato del ex edil, Proinosa «resultó favorecida con adjudicaciones de obras» en Santa Coloma «que superaron los 30 millones de euros».
El ex alcalde ha sido condenado a una pena rebajada a cinco años y nueves meses de prisión debido al retraso en dirimirse el caso, destapado en 2009. Su defensa prepara un recurso contra la sentencia. Las acusaciones ejercidas por Fiscalía y el propio Ayuntamiento no apelarán.
FUENTE: ELMUNDO
