El 8 de marzo de 2017, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, telefoneó a su sucesor en el gobierno autonómico, Ignacio González. Pasaban las diez de la noche y en casa de González, ya retirado de la política, se celebraba un cumpleaños. Esa tarde el entonces juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, había avanzado en la pieza separada secreta sobre la financiación irregular del partido en Madrid a partir de una documentación que había intervenido un año antes en el domicilio del gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, y en la sede de la fundación Fundescam, del PP madrileño.
El juez Velasco había interrogado aquella tarde a Ignacio Echeverría, consejero de Transportes con Aguirre, y al empresario Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña, que en 2007 donó 160.000 euros a Fundescam y cuya sociedad Cantoblanco obtuvo la concesión de la cafetería de la Asamblea de Madrid dos años más tarde. La expresidenta tuvo conocimiento de primera mano del contenido de ese interrogatorio, y por la noche llamó a González para comentarlo. Aguirre dio por supuesto que estaban siendo grabados. Efectivamente, su interlocutor tenía pinchado el teléfono por el juez Velasco, que ordenaría detenerle el 19 de abril siguiente en la Operación Lezo. Ahora esa conversación ha pasado del sumario de este investigación al caso Púnica para reforzar los indicios sobre las supuestas irregularidades en la financiación de la campañas electorales del PP madrileño.
La conversación versó sobre el papel de Aguirre en Fundescam. Al inicio de la charla, Aguirre se desvinculó del patronato de la fundación.
La expresidenta madrileña, a continuación, rechaza la tesis de que Fundescam sirviera para financiar las campañas del PP madrileño.
Seguidamente, Aguirre informó a González de que en el interrogatorio de Fernández y Echeverría las fiscales mostraron mucho interés en la presunta participación de la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea a Cantoblanco. Aguirre tildó de “trola” la versión que había dado Cifuentes sobre el tema.
Aguirre y González tratan juntos de hacer memoria de qué personas de su partido formaban parte del patronato de Fundescam. E insisten en que no hay relación alguna entre aportaciones a la fundación del partido y adjudicaciones de contratos públicos. “Cero patatero”, afirma Aguirre, que ironiza con que el juez Velasco debería pagar de su bolsillo “el dineral” que está costando la investigación de Púnica.
FUENTE: ELPAIS
