Acusa a trece ex altos cargos de una absoluta dejación frente a los vertidos agrícolas que durante quince años llegaron a la laguna
La joya ambiental de la corona, la mayor laguna costera hipersalina del mar Mediterráneo, un ecosistema casi sin parangón en el mundo, quedó reducido durante al menos quince años a la triste condición de vertedero de residuos de la actividad agrícola. Y ello, presuntamente, desde la más absoluta y consciente desidia, y hasta la complicidad, de los altos cargos públicos que estaban obligados a custodiar un paraje que disfruta de la máxima protección ambiental posible.
Ese aparente ‘laissez faire, laissez passer’ o, en castellano antiguo, mirar hacia otro lado, que habría imperado desde largo tiempo atrás en la Administración pública, es lo que llevó ayer al fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, a presentar una denuncia penal contra trece antiguos altos responsables de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), por presuntos delitos contra el medio ambiente y de prevaricación continuada. Una ‘nómina’ de ilustres señalados por el Ministerio Público que encabezan el exconsejero Antonio Cerdá y los expresidentes de la CHS José Salvador Fuentes Zorita y María del Rosario Quesada.
En un segundo escalón de denunciados se sitúan el ex secretario general de la Consejería, Francisco Moreno García; los antiguos directores generales Ginés Vivancos Mateos, Joaquín Maestre Albert y Ángel García Lidón y los ex jefes de servicio E.A.S. y Francisco José González Zapater, que es el único que actualmente ocupa un alto cargo público en la Comunidad Autónoma. Por parte de la CHS también están señalados el antiguo comisario Manuel Aldeguer Sánchez y los ex jefes de servicio J.E.C., J.M.R.S. y B.M.M.. En todos los casos, el fiscal reclama al juez instructor que proceda a citarlos en calidad de investigados -antes imputados- y, lo que para ellos puede resultar especialmente preocupante, que se proceda al embargo de bienes suficientes para cubrir las posibles responsabilidades civiles futuras, que por la magnitud del problema bien podrían ascender a decenas de millones de euros.
Con todo, la exigencia de responsabilidades penales y civiles no se limita a las antiguas cúpulas de la Consejería y de la CHS, ya que se extiende a un total de 24 titulares de grandes explotaciones y de sociedades agrícolas radicadas en el entorno del Mar Menor. Se trata, en todos los casos, de fincas en las que la CHS, la Guardia Civil o los agentes medioambientales han constatado la existencia de pozos y desalinizadoras ilegales, cuyo ‘rechazo’ estaba siendo vertido al Mar Menor, bien directamente por la rambla del Albujón o, indirectamente, arrojándolo a través de sondeos al acuífero subterráneo, que por estar conectado con la laguna acababa igualmente contaminándola.
Díaz Manzanera llega a lamentar que haya que esperar hasta 2027 «para intentar conseguir un buen estado ecológico y químico (de la laguna), según el plan hidrológico».
Múltiples agresiones… y una por encima del resto
En una especie de preámbulo de la denuncia, el fiscal superior reconoce que «el Mar Menor ha sido objeto de agresiones y abusos de todo tipo a lo largo de muchos años: terrenos ganados al mar, apertura de golas artificiales, vertidos mineros, desarrollo urbanístico incontrolado, construcción de puertos deportivos, dragados, creación de playas artificiales…». Pero seguidamente advierte de la que a su juicio ha sido la principal causa de la degradación de la laguna: «la actividad relacionada con la agricultura» y, en concreto, «el aporte de productos con excesivos nutrientes y los vertidos de los ‘rechazos’ de las aguas extraídas de los acuíferos».
Conforme a los estudios oficiales que el Ministerio Público ha recabado de la propia Consejería y la CHS, además de universidades e instituciones científicas, el aporte mínimo de nitratos que el Mar Menor venía recibiendo cada año -sumando los aportes subterráneos- sería de 4.000 toneladas. Sumando los vertidos de las últimas décadas, esa cantidad bien podría llegar a superar las 371.000 toneladas, con lo cual no debe extrañar que Díaz Manzanera llegue a calificar el estado de la laguna como «calamitoso» y que incluso se plantee la posibilidad de que el deterioro sea «irreversible y catastrófico».
«El contundente chorro… de un millar de desaladoras»
Para explicar cómo se ha podido llegar a esta situación, sostiene que en el Campo de Cartagena, en las cercanías del Mar Menor, se ha venido produciendo, desde hace décadas, «una desmesurada e incontrolada roturación para fines agrícolas y la consecuente ampliación de regadíos, con un aumento de más de 20.000 hectáreas sobre las inicialmente previstas, considerándose al menos ese número en situación de ilegalidad».
Ante la ausencia de recursos hídricos para regar esas plantaciones, muchos agricultores habrían procedido a extraer agua de pozos, «en su mayoría igualmente ilegales y sin licencia», y del acuífero denominado Cuaternario, que por no ser de calidad para el riego obligó a instalar desalinizadoras de forma clandestina. El fiscal cifra en un millar, «casi todas ilegales», el número de estas plantas desalobradoras, cuyo ‘rechazo’ acababa en el Mar Menor a través «de un contundente chorro».
La principal consecuencia de esa entrada masiva de nitratos habría sido la eutrofización de la laguna y, a resultas de ello, la proliferación masiva de microalgas, que son las que le han dado el color verdoso de los últimos tiempos y que además amenaza la supervivencia del ecosistema por falta de oxígeno y de luz.
«Esta situación ha sido conocida y consentida a lo largo de los últimos años por todos los agricultores y por los responsables públicos que son objeto de esta denuncia, haciendo caso omiso y sin poner medidas hasta que en 2013 empezó a actuar, por fin, la CHS». Esta circunstancia es la que explicaría que los actuales dirigentes de este organismo no se hayan visto inmersos en la denuncia.
Esa supuesta inacción se refleja en que nunca se aprobó un plan de gestión del Mar Menor y que «no existen expedientes sancionadores para las infracciones que obviamente se han cometido». Una aparente ‘barra libre’ ambiental que ha derivado en la interposición de esta denuncia.
FUENTE: LAVERDAD
