Los dos expresidentes andaluces y otros 20 exaltos cargos de la Junta de Andalucía tendrán que explicar la presunta desviación de 741 millones.
Casi siete años de investigación sobre la asignación irregular de fondos destinados a ayudas al desempleo por un valor de más de 741 millones de euros han llegado este miércoles al momento decisivo del juicio oral. La macrocausa sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha destapado las prácticas llevadas a cabo por el Gobierno andaluz, con los dos expresidentes que más años han ocupado el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a la cabeza.
Los dos expresidentes socialistas han llegado a la Audiencia de Sevilla veinte minutos antes de que se inicie el juicio de la denominada pieza política de los ERE, que ha generado una gran expectación mediática en las puertas de los juzgados. ¿El motivo? La imagen de dos expresidentes andaluces sentados en el banquillo, rodeados por otros veinte ex altos cargos de sus gobiernos.
Chaves llegó a las 9:37 horas, acompañado de su abogado, esbozó una leve sonrisa ante los medios de comunicación que le preguntaban cómo afrontaba el juicio y saludó antes de entrar en el edificio. Le sucedió, como en el Gobierno andaluz, Griñán, que llegó apenas medio minuto después, también acompañado de su defensa y también sonriendo y saludando a los medios allí presentes, a los que dijo que estaba tranquilo pero que no iba a hablar.
Ambos habían llegado en coches separados y ambos optaron por el traje de chaqueta sin abrigo, a pesar de las bajas temperaturas. Una vez dentro del edificio, tras pasar el control de seguridad, los dos expresidentes interactuaban, fuera del foco de las cámaras.
«Paseíllo», abrazos y sonrisas
Una vez dentro del edificio Zarrías se fundía en un abrazo con la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, que había llegado mientras los periodistas estaban atentos al coche del exvicepresidente andaluz.
Entre ellos fueron llegando el resto, como los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, ex altos cargos que se alternaban en el «paseíllo» con abogados de otros casos e incluso con una señora en bata, pijama y zapatillas que salía del edificio.
A las 10.30 horas se sentó el tribunal en la sala y comenzaron a entrar los acusados, el primero de ellos Chaves, que se sentó en el centro de la primera fila. Le siguió Griñán, quien escogió el sitio de su izquierda, ya que no hay sillas asignadas específicamente.
Los dos conversaban e incluso sonreían mientras iba entrando el resto de ex altos cargos. En la primera fila están, además de ellos, Zarrías, Viera, Magdalena Álvarez, Martínez Aguayo y Vallejo, mientras que Guerrero se ha sentado justo detrás de los dos expresidentes.
A las 10.49 horas el juez ordenó cerrar la puerta de la sala. Tras casi siete años de investigación, comienza el juicio de los ERE.
Por qué se sientan en el banquillo Chaves y Griñán
Chaves, que ocupó durante casi 20 años la presidencia, y su sucesor Griñán, que dimitió en el año 2013 precisamente por este caso dejando su cargo en manos de Susana Díaz-, no se sientan en el banquillo por haberse enriquecido personalmente, sino por permitir y mantener un sistema de ayudas fuera de la legalidad y con el que se habrían asegurado el apoyo social. Andalucía es la única comunidad autónoma de España que no ha conocido la alternancia política, el Partido Socialista se ha perpetuado en el poder durante toda la etapa democrática.
Los expresidentes andaluces -también expresidentes del PSOE andaluz- se sientan en el banquillo acusados de un delito de prevaricación (Chaves) y de malversación (Griñán). La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para el primero y seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el segundo.
El resto de ex altos cargos acusados
Los otros 20 acusados ocupaban también los cargos de mayor responsabilidad en la Junta de Andalucía: exconsejeros, exviceconsejeros y directores generales, así como el exjefe del gabinete jurídico de la comunidad, Francisco del Río. También se juzgará al exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, a las exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez y Carmen Marínez Aguayo, al exdirector general de Presupuestos de la Junta, Antonio Vicente Lozano y al exinterventor de la Junta, Manuel Gómez Martínez.
Partidas ‘opacas’
Las ayudas presupuestadas en más de 850 millones de euros destinadas a las prejubilaciones y subvenciones a empresas en crisis, que llegaron a más de 6.000 personas, se acordaron en un convenio entre la Consejería de Empleo andaluza y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que nunca fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Durante una década, los institutos IFA e IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) fueron quienes repartieron dichas ayudas.
El 17 de julio de 2001, el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera y el presidente de IFA y a su vez viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández García, ambos acusados, firmaron un convenio de colaboración para la materialización de las ayudas. «Ese convenio nunca fue publicado en el Boletín Oficial de Justicia de Andalucía ni fue objeto de informe por el Gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, por la Intervención General de la Junta ni por los servicios jurídicos del IFA», sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación.
Según el Ministerio Público, «para evitar tener que dar más información a los miembros del Consejo Rector ajenos a la Consejería de Empleo y para evitar que tuvieran que ser ratificados por el Consejo de Gobierno andaluz, José Antonio Viera, Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero Benítez, decidieron a partir de la reunión del Consejo Recctor de 27 de mayo de 2003, sustraer del conocimiento del mismo las ayudas sociolaborales con el argumento de que tratándose de ayudas a trabajadores, la cuantía debía calcularse en atención a lo que iba a cobrar cada trabajador y no por la cuantía total de la que se iba a beneficiar la empresa, por lo que, dado que las cuantías totales de las ayudas sociolaborales solían superar con creces el límite competencial de 1,2 millones de euros, evitaban expresamente que tuviera que ser después autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta».
Este fue el supuesto modo de proceder -de espaldas al equipo de Gobierno andaluz, aunque a sabiendas de éste- para otorgar a las empresas ‘afines’ a la Junta en manos del PSOE durante más de una década las ayudas al desempleo. Un sistema presuntamente corrupto que, seis años después del inicio de la investigación por parte de la magistrada Mercedes Alaya, llega a juicio en la Audiencia de Sevilla. Las declaraciones de los expresidentes Chaves y Griñán no comenzarán hasta el próximo 9 de enero.
Alaya hizo dos primeras exposiciones al Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el aforamiento de los miembros del Gobierno andaluz y los diputados autonómicos implicados. Dado que todos dimitieron de sus cargos y entregaron su acta al partido, el caso pasó a la Audiencia de Sevilla.
Los magistrados Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles, de la Sección Primera de la Audiencia sevillana redactarán la sentencia.
Máxima expectación
Más de 150 periodistas de 37 medios de comunicación locales, regionales y nacionales se han acreditado para seguir el juicio. Según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), entre los 37 medios acreditados hay prensa escrita y digital, radios, televisiones y agencias de noticias cuyos profesionales podrán seguir las sesiones en la sala de vistas de la cuarta planta de la Audiencia de Sevilla o en la sala de prensa habilitada en la primera planta del edificio próximo.
Además, en el exterior del edificio se habilitará una zona «acotada y señalada» para la toma de fotografías, imágenes y declaraciones a la entrada y salida de los acusados o abogados, ya que en el interior las fotografías serán ofrecidas en un pool por la Agencia Efe y las imágenes audiovisuales por Canal Sur TV, aunque también en la sala de prensa habrá señal televisiva.
Los acusados y los delitos
Éstas son las personas que se sientan en el banquillo a partir de este miércoles acusados de los siguientes delitos:
PREVARICACIÓN (la Fiscalía pide para ellos una pena de 10 años de inhabilitación)
–Manuel Chaves González: expresidente de la Junta de Andalucía
–Gaspar Zarrías Arévalo: exconsejero de Presidencia
–Magdalena Álvarez Arza: exconsejera de Economía y Hacienda
–José Salgueiro Carmona: Exviceconsejero de Hacienda y exconsejero de Hacienda
–Antonio Estepa Giménez: exsecretario general de Presupuestos
–Antonio Vicente Lozano Peña: exdirector general de Presupuestos
–Francisco del Río Muñoz: exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía
PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN (La Fiscalía pide para ellos seis años de prisión y 30 de inhabilitación)
–José Antonio Griñán Martínez: expresidente de Andalucía y exconsejero de Economía y Hacienda
–Carmen Martínez Aguayo: exviceconsejera de Hacienda y exconsejera de Hacienda
–Manuel Gómez Martínez: exinterventor general de la Junta de Andalucía
PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN (La Fiscalía pide para ellos penas de ocho años de cárcel y 30 de inhailitación)
–Antonio Fernández García: exviceconsejero de Empleo y exconsejero de Empleo
–Francisco Vallejo Serrano: exconsejero de Innovación
–Agustín Barberá Salador: exviceconsejero de Empleo
–José Antonio Viera Chacón: exconsejero de Empleo
–Jesús María Rodríguez Román: exviceconsejero de Innovación
–Francisco Javier Guerrero Benítez: exdirector general de Trabajo
–Juan Márquez Contreras: exdirector general de Trabajo
–Juan Francisco Sánchez García: exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo, Innovacción y exdirector de Finanzas de IFA-IDEA
–Javier Aguado Hinojal: exsecretario general de Trabajo y Empleo
–Lourdes Medina Varo: exsecretario general técnico de Empleo
–Miguel Ángel Serrano Aguilar: exdirector general de IFA-IDEA
–Jacinto Cañete Rolloso: exdirector general de IFA-IDEA
