Ha vuelto a suceder. El Gobierno de López Miras ha aprovechado la convocatoria de ayudas por el COVID al turismo y a la hostelería del ITREM para llenar los bolsillos de las grandes empresas del juego. El Gobierno regional y la CROEM anunciaron a bombo y platillo este ‘plan de rescate’ como la salvación de la hostelería, pero la realidad es que las ayudas han ido a parar a la cuenta de beneficios de los de siempre.
A Orenes Franquicia, un grupo que en 2019 facturó 576 millones de euros y ganó 25,6 kilos, le corresponde una ayuda de 42.000€. A Marinocio, que tiene 10 salas de apuestas por toda la Región, otros 42.000€. Al grupo Tiki Taka 108.000€ si sumamos todas las ayudas concedidas a sus tres filiales (Tiki Taka Games, Tiki Taka Play y Tiki Taka Hostelería). 42.000€ también a Automáticos Vega Media, 32.000€ a Recreativos de Levante y González Máquinas Recreativas y de Azar…y así hasta alcanzar casi 600.000€, cien millones de las antiguas pesetas.
Mientras tanto la mayoría de bares, restaurantes, cafeterías y pymes del sector turístico se han tenido que conformar con 4.000€, diez veces menos, a pesar de que son los que sufren las restricciones. Si la hostelería tuvo que echar el candado el 11 de enero, las salas de apuestas siguen abiertas en plena tercera ola. Al juego tampoco le afectó el cierre del 7 de noviembre. Ni la Orden de 15 de agosto que cerraba pubs y bares de copas, copas que sí servían las salas de apuestas, que se convirtieron en el refugio de los jóvenes este verano. No parece muy lógico mandar a la gente de la terraza de un bar a una sala cerrada, sin ventilación y sin ventanas, como son las salas de apuestas. Seguramente esta medida no frenó ningún contagio, pero sí que sirvió para que el sector del juego hiciera el agosto y nunca mejor dicho.
¿Cómo es posible que las ayudas de la hostelería hayan ido a parar al sector del juego? Los responsables de este disparate saldrán por la tangente y dirán, como el consejero vacunado, que se trata de un lamentable error, pero no lo es. Aquí hay un plan preconcebido y metódico para desviar estas ayudas a los amigos de siempre.
En primer lugar, se mete de tapadillo a las empresas del sector del juego en las bases reguladoras de las ayudas (Orden de 11 de 2020). En el título de la orden solo se menciona a los guías y a las pymes del sector turístico, a las agencias de viajes y a la hostelería. Tampoco aparecen en el artículo 1, que fija el objeto de estas ayudas. Sin embargo, en el anexo en el que se recogen los epígrafes del IAE que pueden acogerse a las ayudas se incluyen, al final y de tapadillo, los epígrafes 969.2 Casinos de juego, 969.3 Juego de bingo y el Epígrafe 969.6 Salones recreativos y de juego.
En segundo lugar, se establece como único criterio para determinar la cuantía de la subvención el número de trabajadores. No importa que las nóminas de los trabajadores ya estén cubiertas por los ERTEs. Tampoco se tienen en cuenta los costes fijos, tan importantes para un pequeño negocio como para otro más grande. Y, por supuesto, se olvidan totalmente del impacto de las restricciones, que el juego apenas ha notado.
Luego está el tope máximo de las ayudas. La Orden de 19 de noviembre de la Consejería de Turismo fija un límite máximo de 42.000€ por beneficiario, pero a continuación determina una prestación máxima de 4.000€ para los guías de turismo y pymes del sector turístico y de 14.000€ para la hostelería. El tope de 42.000€ solo vale por lo tanto para el sector del juego. ¿Puede haber una discriminación más descarada?
El resultado no podía ser otro que el esperado. El dinero ha ido a parar a manos llenas a los señores del juego, los menos afectados por las restricciones de esta pandemia. Los hosteleros eran solo la excusa para regalar dinero a los de siempre.
No es la primera vez. El 18 de junio el Gobierno regional publicaba el decreto-ley 7/2020. Con la excusa del COVID se aprobaban rebajas fiscales al juego por valor de 14 millones de euros, que se suman a los 7 millones y medio que ya les perdonan cada año. PP, Ciudadanos y Vox votaron a favor de estas rebajas el 8 de julio en la Asamblea Regional. Entre rebajas y ayudas la suma supera los 22 millones de euros, más que todo el sector hostelero y turístico juntos.
La diputada de Podemos María Marín, que denuncia este despropósito, ha solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Turismo en la Asamblea Regional. Habrá que ver si no es la próxima en caer en este Gobierno de López Miras, que sale a escándalo por semana. No es para menos. La inmensa mayoría de los hosteleros entiende que las restricciones son necesarias en un momento como éste, pero no una discriminación tan enorme con respecto al sector del juego. Es tan evidente que clama al cielo.
Y mientras tanto la ludopatía hace estragos en nuestros barrios. El juego se ha convertido en la heroína de los 80, pero ataca a nuestra juventud de una forma más silenciosa y discreta. Con la misma alevosía con la que López Miras y su gobierno lo subvencionan.
