La alianza de Ramón Luis Valcárcel con la ignorancia ha dado sus frutos. El exjefe del Ejecutivo, mandamás de la política regional durante dos décadas, debe respirar ya más aliviado desde que el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha decidido dar carpetazo a la investigación abierta por su supuesta implicación en el caso de la desaladora de Escombreras.

Aunque la acusación daba por hecho que Valcárcel, por su elevado cargo, debía estar al tanto de los proyectos estrella de sus consejerías, la juez decreta el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen indicios suficientes de que éste, siendo presidente del Consejo de Gobierno, fuera conocedor o partícipe en los hechos investigados por la adquisición y gestión de la compra de la instalación.

En este procedimiento se investiga una supuesta trama de corrupción en torno a la construcción y explotación de la desaladora, en la que la Fiscalía aprecia indicios de la comisión de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones por parte de Valcárcel. En su declaración, el pasado verano, sin embargo, el antiguo alto dirigente popular -cuyo último cargo público fue el de vicepresidente del Parlamento Europeo- sostuvo, a grandes rasgos, que su labor consistió en marcar los objetivos políticos prioritarios y que los detalles de la tramitación se los dejaba a sus subordinados.

Ni «presunciones ni conjeturas»

Además, en lo referente al coste de 600 millones que se fijó por la explotación de la planta durante 25 años, y que hace que la Comunidad esté abonando actualmente 70.000 euros diarios -esto es, 22 millones anuales por ese concepto-, Valcárcel afirmó que se trata de una cantidad «insignificante» para un presupuesto como el de la Comunidad Autónoma.

La instructora, en su auto, pone encima de la mesa la teoría de la acusación. «Ésta mantenia que Valcárcel, como presidente de la Comunidad, debía estar al tanto de los proyectos instados por sus consejerías, más aún del que nos concierne por su trascendencia y volumen del gasto siendo difícil de creer que fuera ajeno a todo ello», explica. «La decisión de abrir el juicio oral ha de basarse, sin embargo, en la existencia de indicios reconocibles que no deben confundirse con presunciones, conjeturas o deducciones de probabilidad», remarca la juez. «Es necesario que el resultado de la instrucción apunte a un conocimiento y seguimiento cierto del proyecto de la desaladora por el investigado».

En este sentido, la magistrada entiende que de las diligencias practicadas en la causa -y destaca la «voluminosa documental»- no se desprenden «indicios suficientes» para entender que el investigado, siendo presidente del Consejo de Gobierno, fuera coautor o partícipe en los hechos investigados. Hace hincapié, asimismo, en que «no han quedado acreditados actos concretos relevantes que le conviertan en coautor, cooperador necesario o cómplice».

La instructora sostiene, asimismo, que los actos concretos en los que Valcárcel intervino como presidente del Consejo de Gobierno «aisladamente considerados no pueden considerarse arbitrarios o injustos». Esos actos, remarca, «no revisten ilegalidad formal o procedimental susceptible de reproche penal».

Aunque la acusación sostuvo que a Válcárcel se le informaba en las reuniones del ente público del agua (EPA), la juez sostiene que él mismo negó haber asistido a esos encuentros y que ninguno de los testigos que ha declarado en la causa sitúa en ellos al exjefe del Ejecutivo. El expresidente también descartó, en su declaración, las acusaciones de algunos investigados en el ‘caso La Sal’, quienes en su día manifestaron que el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá -ya procesado-, les reunió y les hizo saber que la iniciativa sobre esta planta desalobradora era un empeño personal de Valcárcel.

La instructora del caso pone el énfasis, asimismo, en que ha transcurrido más de una década desde que fueron tomados los acuerdos hasta la interposición de la denuncia contra el expresidente. «No se puede evaluar la justicia o injusticia de los acuerdos de la Junta de Gobierno (aisladamente considerados) en torno al proyecto de la desaladora desde la perspectiva de más de diez años transcurridos desde su adopción, ya que solo tal distancia temporal nos permite constatar el resultado fallido de dichos acuerdos», incide. «Evaluados aisladamente los acuerdos en el momento de su adopción no puede obtenerse una conclusión clara y evidente de que fueran dolosos y materialmente injustos si no se conocía, por quien los adoptó, la conexión finalística de dichos acuerdos con la adquisición final de la desaladora».

La decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia de archivar la causa contra Valcárcel aún es recurrible ante la propia juez y ante la Audiencia.

 

 

FUENTE: LAVERDAD