De la acusación del Partido Popular a Pedro Sánchez por «avalar» los «escándalos» de Podemos, a sumar «motivos para la moción de censura» que presentará Vox en septiembre. La oposición ha tratado de cargar sobre la figura del presidente y la coalición de Gobierno las consecuencias de la investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, después de que este martes se conociese que el Juzgado de Instrucción número 42 ha llamado a declarar en calidad de imputados al secretario de Comunicación del partido y actual director de Estrategia y Comunicación de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo; a la gerente de la formación, Rocío Val; al tesorero, Daniel de Frutos, y una responsable del departamento de Compras y Finanzas, Andrea Deodato.
Los populares ya han reclamado la comparecencia «de forma urgente» del vicepresidente segundo y líder de la formación morada. «Debe dar la cara ante los medios», ha exhortado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, para que si responda si «estaba al tanto de la presunta financiación ilegal de su partido». Montesinos ha extendido la petición de explicaciones a Sánchez, acusándolo de estar «avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los presuntos escándalos de su vicepresidente». Se abre así un nuevo frente de erosión sobre la coalición, poniéndolo a la misma altura del denominado caso Dina.
Desde Vox han avanzado respecto a la noticia que «nos vemos en el Congreso, en las calles y en los tribunales», celebrando que «se estrecha el cerco sobre Iglesias: financiación ilegal, caso Dina, conexiones con narcodictaduras…». Acusaciones por las que aseguran que se suman más motivos a la moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez. Una moción con la que pretenden condicionar el arranque del curso político y de la que ya se han distanciado los populares al considerar que «está fracasada antes de anunciarla» y solo servirá para reforzar a Sánchez.
En el partido liderado por Santiago Abascal, sin embargo, se apoyan en la apertura de esta investigación judicial para presionar al PP, con quien mantienen un pulso por hacerse con la hegemonía de la derecha y a quien pretenden arrebatar el título como jefes simbólicos de la oposición, de cara a que reconsidere su posición sobre la moción de censura. La portavoz en el Congreso, Macarena Olona, arremetía en esta línea respecto a la investigación que, «mientras se esclarece, no pueden permanecer un minuto más en el Gobierno», argumentando que «la financiación ilegal es de extrema gravedad en cualquier partido». Las imputaciones a miembros de la cúpula del partido morado se están dirigiendo así a contribuir a erosionar a la coalición, aunque también a alimentar la particular batalla entre PP y Vox agrandada por la intención de los segundos de liderar una moción de censura.
En Unidas Podemos se interpreta esta investigación como un «caso mediático» que, dicen, se quedará en nada, pero que mientras tanto servirá a la oposición para atacar al Gobierno y que entronca con la estrategia de Vox de promover una moción de censura. A pesar de mostrarse tranquilos sobre el procedimiento, estas mismas fuentes resaltan que se realiza un daño a la Justicia al construir casos mediáticos y políticos que luego se archivan, como en el caso del informe PISA contra Pablo Iglesias según ejemplifican. Una utilización de la Justicia, añaden, «peligrosa para la democracia».
Se trataría, según argumentan de una «investigación prospectiva», aduciendo que se basa en simples sospechas basadas en el testimonio de un abogado que no habría aportado ninguna prueba. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, seguía esta línea argumentan para concluir a través de las redes sociales que «con las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con todas las anteriores: quedarán en nada. Porque su objetivo no es judicial, sino la difamación mediática. Y, cuando estas caigan, vendrán otras… y otras». A ello añadía que «es así desde que nació Podemos. Son las reglas del (amañado) juego».
Es por ello que el equipo jurídico del partido liderado por Pablo Iglesias ha presentado al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid un suplicatorio de nulidad del procedimiento. Los trabajadores del partido llamados a declarar acusan una indefensión en el proceso por no estar sustentado en ningún tipo de prueba. El juez investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, tras la admisión a trámite de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la contabilidad de Podemos presentada por el excoordinador jurídico del partido, José Manuel Calvente, despedido en diciembre de 2019.
La solicitud de nulidad también se apoya en que solo se entregó una tercera parte del testimonio de Calvente. «De la única ‘prueba’ que tenían en el juicio ‘fake’ contra Podemos (la declaración de un tipo diciendo que ‘escuchó’ esto y ‘sospecha’ lo otro), más de tres cuartas partes han ‘desaparecido’. Además de antidemocrático, el ‘lawfare’ desprestigia a la justicia, replicaba Echenique. La polarización política continúa agrandándose y, a pesar de la temporada estival, continúa el acopio de munición previo a la moción de censura liderada por Vox que, coincidirá con los primeros compases del nuevo curso político.
FUENTE: ELCONFIDENCIAL
