La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia penal contra las antiguas direcciones de las federaciones regionales de Comisiones Obreras y UGT en Andalucía por quedarse con 6,7 millones de euros de fondos públicos que adeuda a la Junta de Andalucía.
El Ministerio Público aprecia unsupuesto delito continuado de malversación de fondos públicos y rebaja la cuantía inicialmente reclamada por la Administración a los sindicatos, que la Junta había estimado en 7,4 millones de euros. Dicho importe corresponde a los precios públicos que los sindicatos recaudaron a trabajadores que veranearon en las residencias de tiempo libre de la comunidad autónoma entre 2000 y 2006 y que debían haber reintegrado a las arcas públicas, un caso que destapó ABC.
Los denunciados son dos exsecretarios generales de Comisiones Obreras en Andalucía, Julio Ruiz Ruiz y Francisco Carbonero Cantador, y el ex líder de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, que ya estuvo investigado en la trama de las facturas falsas para desviar subvenciones de formación, así como su extesorero y exsecretario de Administración, Federico Fresneda Herrero, acusado en el citado caso de corrupción. Además, han sido denunciadas dos exsecretarias de Servicios de CCOO, Juana Mancilla y Maribel Hernández Martínez.
La denuncia también se dirige contra tres exdirectores generales de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a los que se les atribuye un supuesto delito de prevaricación omisiva porque no hicieron lo que debían, que era requerir el dinero público escamoteado a las arcas públicas por parte de los sindicatos por vía administrativa. Tanto Guerrero como Márquez han sido condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos en el caso ERE. La Fiscalía Provincial de Sevilla ha confirmado a ABC la presentación de una denuncia contra antiguos responsables de los dos sindicatos.
Se rebaja la cuantía reclamada
La Fiscalía Provincial de Sevilla incoó diligencias en virtud de denuncia presentada por la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. A partir de este escrito, encomendó la investigación de los hechos a la Guardia Civil, que cifró las cuantías presuntamente apropiadas y no liquidadas en el periodo comprendido entre 2000 y 2006 por cada uno de los sindicatos. En concreto, a UGT se le reclaman 2.699.365,78 euros, mientras que CCOO tiene una deuda contraída con la Junta de 4.025.433,92 euros.
Durante el primer quinquenio de la pasada década, la Administración autonómica delegó la explotación de las plazas de estos complejos vacacionales a UGT y CCOO en Andalucía, que cobraban los precios públicos a las familias que hacían uso de estos espacios de su titularidad. Se quedaban con el 20% por los «gastos originados por la gestión» e ingresaban el 80% de lo cobrado a la Hacienda Pública. Pero incumplieron este compromiso entre 2003 y 2006. Para ello, la Junta firmó un convenio de colaboración con lossindicatos más representativos en el proceso de adjudicación de las plazas de las Residencias de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía, según especificaron a ABC fuentes del Ministerio Público.
La Fiscalía de Sevilla abrió en diciembre unas diligencias de investigación para determinar si había indicios de un delito de malversación de fondos públicos en la actuación de los sindicatos, después de la denuncia presentada por la Junta de Andalucía ante el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo. En un informe, el Gabinete Jurídico de la Consejería advirtió a las autoridades de la obligación legal de ejercer acciones penales al apreciar «posibles indicios de un delito de grave de malversación».
El nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos descubrió el supuesto agujero millonario por pura casualidad. En febrero de 2019, un mes después del desalojo del PSOE de la Junta de Andalucía, la productora había pedido permiso a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para rodar una serie de televisión en la Residencia de Tiempo Libre de Marbella, propiedad de la Junta de Andalucía. Para tramitarlo, la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral solicita informes sobre los antecedentes de la explotación de esta red de centros públicos pensados para que los trabajadores y sus familias pudieran veranear a precios económicos.
La información que les reportan a los nuevos responsables de la Consejería los deja desconcertados. Un informe interno pone de manifiesto que las centrales de Comisiones Obreras y UGT de Andalucía deben a la Hacienda Pública hasta 7,4 millones de euros, correspondientes a los precios públicos cobrados a los usuarios por la adjudicación de plazas en estas residencias.
El Gobierno de Susana Díaz acudió a la vía contencioso-administrativa para exigir el cobro, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio por prescrita esta vía en el año 2017. El anterior Ejecutivo autonómico podía haber denunciado a los sindicatos ante el Tribunal de Cuentas por el menoscabo causado a las arcas. Pero el consejero de Empleo del Ejecutivo socialista, José Sánchez Maldonado, y quien le sustituyó, Javier Carnero, hoy diputado autonómico, rehusaron ejercer acciones tanto en la vía penal como en la contable.
Como consecuencia, el derecho a reclamar el dinero por presunta responsabilidad contable también acabó prescribiendo. Enterrada la vía civil y también la contencioso-administrativa para que los sindicatos devolvieran los 7,4 millones (4,02 millones en el caso de CCOO y 3,37 en el caso de UGT), sólo cabía un camino: la vía penal para recuperar los fondos mediante la interposición de una denuncia por supuesta malversación o apropiación del dinero. Fue lo que hizo el actual Gobierno andaluz el pasado verano ante la Fiscalía, después de que la Asesoría Jurídica de la Consejería se lo recomendara con el objetivo de que las cantidades que «han retenido sin causa» retornen a las arcas públicas.
FUENTE: ABC
