El fiasco del concurso para el servicio de ambulancias podría acabar en la Fiscalía Anticorrupción, y ha estallado en el mismo corazón del SMS en plena batalla contra el coronavirus. Mientras, prorrogan la concesión de La 7 sin ofrecer información
ÁNGEL MONTIEL
El Monotema lo ocupa todo. El espacio y el tiempo. Pero hay políticos que utilizan este paréntesis para atender también, de paso y a la remanguillé, otros asuntos de los que no dan información ni explicaciones. Además del drama del coronavirus, están pasando cosas. Algunas nos recuerdan el recurso del Boletín Oficial de agosto, cuando los Gobiernos aprovechan para publicar decisiones oscuras o impopulares en el supuesto de que el personal está distraído en las alegres vacaciones y es fácil colocarle hechos consumados sin reflejos para la protesta.
El caso ambulancias. Pues bien, el coronavirus está haciendo de manera dramática el papel del diletante agosto a los efectos de los intereses del Gobierno regional. En primer lugar, con lo que puede considerarse un escándalo anunciado, y en el mismo corazón del Servicio Murciano de Salud. El organismo que gestiona la sanidad pública murciana se ha visto obligado a suspender de nuevo, se supone que ahora definitivamente, el concurso sobre la externalización de la gestión de las ambulancias porque la empresa adjudicataria, una filial de La Generala, no dispone de los medios precisos para prestar el servicio, según informa Onda Cero. Da la casualidad de que La Generala se hizo con el contrato precisamente porque, en la valoración de los técnicos, aportaba más y mejores prestaciones que las empresas a las que venía a sustituir. Pues bien, a la hora de la verdad, es decir, a la hora de tomar el relevo a las concesionarias anteriores, el propio SMS ha constatado que La Generala no está en condiciones de hacerse cargo.
En su día ya escribí aquí, por activa y por pasiva, que el desarrollo del proceso para esta concesión no estaba nada claro, que la sombra de ciertos intermediarios era bien visible, y de hecho se produjeron incidencias insólitas en estos casos derivadas de alertas surgidas en la propia Administración, con refriegas entre Hacienda y Sanidad y con participación activa de anteriores gestores del SMS posteriormente recolocados. El resultado final es el fiasco. Y esto, en pleno estado de alarma por una pandemia que tiene en vilo a todo el sistema sanitario. Algo que debería abundar en el escándalo, pero que, sin embargo, contribuye a difuminarlo, porque lo importante es salir de ésta. Y las ambulancias siguen funcionando gracias a quienes, en teoría, deberían abandonar su gestión.
Pero no crean que el Gobierno se ha apresurado a dar explicaciones, si las tuviera. Deberían responder al menos a la pregunta de cómo es que permiten que gane una empresa por lo que puntúa su aportación de medios si éstos son inexistentes. ¿Qué garantías exigieron? Era previsible que esto ocurriera, pues La Generala carece de experiencia en este tipo de negocios, frente a sus competidoras, que aportaban años de probada y apreciada calidad en el servicio, pero también es bien conocida la cercanía de aquella empresa a los ámbitos gubernamentales. Es probable, además, que el asunto no quede aquí, y puedan producirse denuncias por supuesta prevaricación de parte de las empresas perjudicadas en el concurso, expulsadas con una impecable hoja de servicios, como también parecería lógico que la Fiscalía Anticorrupción tomara cartas en un asunto de presupuesto multimillonario que, desde el principio, fue observado como un probable intento de tocomocho.
Llama la atención que la primera contrata de gran alcance del periodo López Miras acabe en un chasco de esta dimensión, y no hay más dilema que el obvio: o había gato encerrado o la capacidad de gestión es la que se deduce. O puede que ambas cosas no resulten incompatibles.
El telecaso. Hay un segundo concurso público en danza que también va por el mismo camino: el de la televisión pública regional. A finales del pasado marzo, el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, firmó una prórroga de su contrata a la actual concesionaria, Secuoya, que se prolongará hasta el mismo día en que la empresa ganadora del concurso convocado en la primera semana de incidencia del coronavirus pueda hacerse cargo de la gestión, empresa que puede ser la propia Secuoya si fuera la beneficiaria. Se trata de una decisión de alta trascendencia de la que el Gobierno no se ha dignado informar en su preciso momento, ni siquiera después, ni en nota ni rueda de prensa y que, por supuesto, ni siquiera ha pasado por Consejo de Gobierno, aunque fuera solo por cortesía informativa al conjunto de sus integrantes.
Se podría entender que, en una fase excepcional como la que vivimos, en que los procesos administrativos están paralizados, la prórroga constituye una solución necesaria para que las emisiones de la televisión mantengan su continuidad. Pero esa lógica, que podríamos aplaudir en otro contexto, no responde a la verdad. Y la prueba es que no ha existo voluntad de hacer pública una decisión que, en principio, no sería discutible si no fuera por los antecedentes. El peligro de la trastienda gubernamental es que solo informan sobre el Monotema, aprovechando la ansiedad general por la mortalidad que causa, el confinamiento general y sus derivaciones económicas y sociales, pero mientras tanto hacen otras cosas acerca de las que mantienen una estricta opacidad.
El Gobierno regional no ha explicado ni puede explicar cómo es que no convocó el concurso de la televisión pública en tiempo y forma, es decir, antes de que se cumplieran los plazos de extinción del actual contrato. Nada evidente habría impedido que la Administración hiciera sus deberes al respecto, salvo si consideramos, como en el anterior caso, dos posibilidades: una, la del gato encerrado, y otra, la de la incompetencia para la gestión. O tal vez se trate de nuevo de dos en una. La repetición en dos fiascos abunda en esta última posibilidad.
Las preguntas se amontonan aquí. ¿Por qué no se emitió el concurso en el momento en que correspondía hacerlo? ¿Y por qué se hizo, de prisa y corriendo (a pesar de la abstención de los consejeros de Ciudadanos en el Consejo de Gobierno) cuando ya el Ejecutivo central había decretado el estado de alarma y, por tanto, no podían correr los plazos para preparar proyectos de acuerdo a las bases, a no ser que alguna empresa las conociera de antemano o hubiera participado activa y colateralmente en la redacción de las mismas? Varios medios digitales, entre ellos uno dirigido por el prestigioso periodista de investigación Juan Luis Galiacho, han publicado estos días que la Udyco, de la Policía Nacional, está investigando las circunstancias de este concurso sobre el supuesto de que podría estar amañado. Sea esto cierto o no, la impresión de favoritismo a Secuoya es transparente y no contribuye a disiparla el extraño zigzag que el Gobierno López Miras viene practicando al respecto.
El propio presidente, en su etapa como secretario general de Hacienda, presidió la comisión técnica que adjudicó a Secuoya el actual contrato que acaba de prorrogar, y lo hizo entonces en el entorno del muñidor Martínez Pujalte, que le ha legado a la actual secretaria general con rango de consejera, Mar Moreno, anterior jefa de gabinete de su esposa, Isabel Borrego, en su etapa de secretaria de Estado de Turismo, y esposa aquélla a su vez del director general de la televisión autonómica, Antonio Peñarrubia, por lo que el tráfico virtuoso de información manufacturada San Esteban-La7/La 7-San Esteban está asegurado.
Todo es muy evidente, menos las respuestas del Gobierno a preguntas sencillas más la opacidad informativa respecto a los grandes concursos multimillonarios de la actual Administración. Todo se lo come el coronavirus en un proceso paralelo de intoxicación política en el que ‘la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez’, de modo que el personal hace sonar las cacerolas contra el Gobierno central mientras el regional las utiliza para condimentar suculentos guisos al gusto cuyo aroma pasa desapercibido para una gran parte del personal ya suficientemente acuciado por el cambio de paradigma a que ha de enfrentarse la nueva sociedad.
Entre pantalla y palanca. El Covid es la tapadera perfecta, y más cuando la baja incidencia inicial en la Región de Murcia, tal vez gracias a que Pedro Sánchez, la consejera portavoz dixit, no nos había instalado el Ave (al César lo que es del César) permitió un breve espacio para la reacción que, añadido a ciertos gestos sobreactuados y al buen funcionamiento del sistema sanitario (a pesar de los recortes presupuestarios en los que se pretendía insistir en la primera redacción de Presupuestos para 2020 camuflados entre el aumento de gasto en personal) han permitido a López Miras salir políticamente vivo de esta primera fase de la crisis, la sanitaria.
Para la segunda, la económica, ya anda ingeniando comisiones de trabajo vacías de contenido, competencias y presupuesto, así como pactos formales entre sindicatos y patronal cuyo recorrido práctico acabará, como siempre en estos casos, en una foto enmarcada. Ha salvado los Presupuestos, incluso a sabiendas de que son una raya en el agua, pues antes y después de su aprobación el propio Gobierno anunciaba medidas extraordionarias que, al ser anticipadas, indicaban que podían dictarse sin ellos y a pesar de ellos, y las emitidas después desvelan que dichos Presupuestos carecen, ya de entrada, de valor.
Salvo para una cosa: incrementar el sueldo del presidente, una decisión que en otro momento habría carecido de toda importancia, pero en la fase actual, con la proliferación de Ertes por doquier y las suspensiones masivas de negocios y empleos queda un poco porno. Ha faltado el gesto de empezar la corrección de los Presupuestos por ese desliz infumable y aplazar la propina para los del año próximo. La gente se retrata en los detalles.
A López Miras le gratifica también que algunos consejeros de Ciudadanos carguen formalmente con el capítulo de errores, lo que parece inevitable, ya que como señalé el pasado domingo, gran parte de la política de la crisis recae sobre las competencias que éstos administran: Política Social, Empresa, y Empleo. Respecto a la primera, comandada por Isabel Franco, poco que objetar, pues solo en cuatro de 107 residencias de ancianos se han experimentado incidencias graves; la segunda (Martínez Vidal) mantiene un ten con ten con el consejero Javier Celdrán que casi siempre se resuelve en comandita, aunque a menos de un año en el cargo manifiesta escasa habilidad en la gestión de equipos, ya que el capítulo de ceses y nombramientos en los distintos escalones de su departamento desvelan una personalidad difícil.
Pero en este aspecto es más extraordinario el caso de Miguel Motas, de Empleo, que acaba de destituir a la directora general responsable de la administración de los Ertes por un error en el cómputo de los mismos a la vez que en contradictoria nota de prensa acusaba a los empresarios de la confusión en los datos. Quienes conocen bien cómo se desempeña el consejero Motas relevan a Manoli Marín de toda responsabilidad como gestora de una dirección general sin apenas apoyo técnico ni infraestructura operativa, y menos cuando el consejero lo supervisa todo y cierra la posibilidad de autonomía a cualquier miembro de su equipo. Es el típico caso de quien depura su propia responsabilidad en la cabeza del subalterno. Tal vez por esto, Motas se vio obligado a destituir a Marín, pues ella se negó a dimitir, y por referencia de terceros parece que no ha quedado muy complacida con la experiencia.
El PP, mientras tanto, se enseñorea, pues a pesar del protagonismo indudable del equipo de Cs, es López Miras quien gesticula en modo héroe. El Covid está actuando, de momento, como pantalla, y tal vez después como palanca. En eso está.
