Al analizar las cuentas andorranas que manejaba Jordi Pujol Ferrusola, la UDEF descubrió una supuesta trama de financiación ilegal de Convergència que relaciona los casos Pujol, 3%, Palau, ITV y el reciente escándalo de corrupción de la Diputación de Lleida.

En síntesis, empresas adjudicatarias de contratos públicos de la Generalitat pagaron parte de un crédito bancario contraído por una agencia de publicidad que trabajaba para las campañas electorales de la vieja Convergència, según el informe de la UDEF, al que ha tenido acceso Economía Digital.

Esta agencia de publicidad es Altraforma, inactiva desde 2015. Su ex consejero delegado, Miguel Giménez-Salinas, fue condenado a ocho meses de cárcel por el caso Palau. Durante el juicio, reconoció que facturó al Palau de la Música más de 190.000 euros por trabajos que, en realidad, fueron para Convergència. Sin embargo, no lo contó todo. Sus tejemanejes con el partido supuestamente empezaron muchos años antes.

Con Altraforma, Jordi Pujol Ferrusola puso en marcha un sistema de triangulación para financiar a Convergència que, después, se trasladaría a gran escala al Palau de la Música en tiempos de Fèlix Millet.

En un informe entregado a la Audiencia Nacional el pasado 30 de junio, la UDEF apunta que, en 2004, Altraforma suscribió un crédito bancario por un importe de 400.000 euros que en su mayor parte fue cubierto mediante cheques extendidos por dos empresas que recibieron contratos de la Generalitat: la constructora Benito Arnó, actualmente investigada por el caso del 3%, y por la productora televisiva Triacom Audiovisual, salpicada por los casos ITV, 3% y recientemente por el escándalo de la Diputación de Lleida.

La complicidad de los bancos

Altraforma recibió un crédito por parte de Fibanc que estaba avalado por una cuenta de la filial andorrana de Banc Sabadell. La policía española descubrió a través de una comisión rogatoria que, detrás de esta cuenta encriptada, se encontraba el andorrano Francesc Robert, supuesto testaferro y amigo de Jordi Pujol Ferrusola.

En 1999, Altraforma recibió otro crédito bancario, en aquella ocasión avalado desde una cuenta de Andbank cuyo titular era el propio primogénito del expresidente de la Generalitat.

Si bien Jordi Pujol Ferrusola o su supuesto testaferro andorrano avalaban los créditos a este proveedor de Convergència, los fondos para hacer frente a pagos de su segundo préstamo procedían de dos empresas que recibían contratos de la Generalitat.

La constructora Benito Arnó es una de las habituales adjudicatarias de las obras del canal de riego Segarra-Garrigues. La UDEF recuerda que tanto la empresa como uno de sus apoderados, Joan Albert Arqués, figuran como investigados en el caso del 3%.

El pasado junio, el juez José de la Mata, instructor de los casos Pujol y 3%, relacionó en un auto quince constructoras a las que investiga por el presunto pago de comisiones ilegales a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública. Entre ellas aparece Benito Arnó.

En 2004, esta constructora leridana emitió cinco cheques en favor de la agencia de publicidad que trabajaba para el partido por un importe de 111.360 euros.

Contratos en TV3

Por su parte, la productora de televisión Triacom Audiovisual abonó otros 75.168 euros a la misma agencia publicitaria en 2005. Su administrador es Josep Oriol Carbó, exgerente de TV3.

Precisamente, Carbó está citado a declarar como investigado ante el juez De la Mata el próximo 10 de septiembre por el sumario del 3%. Está acusado del presunto desvío de 750.000 euros de dos programas que produjo para TV3 en beneficio de Hispart, otro proveedor de Convergència. El propietario de Hispart, Juan Manuel Parra, también fue condenado a ocho meses de cárcel en el caso Palau. Los programas televisivos eran El gran dictat y Fish&Chips.

Carbó ya se vio salpicado anteriormente en una pieza separada del caso ITV, por la que se condenó a Oriol Pujol Ferrusola a dos años y medio de cárcel aunque desde este julio vuelve a gozar del tercer grado penitenciario.

Los Mossos d’Esquadra también investigan a la productora Triacom por presuntas facturas falsas en el caso de la Diputación de Lleida. El año pasado se detuvo a su entonces presidente, Joan Rañé, del Pdecat, partido heredero de la vieja Convergència. Este caso se sigue en un juzgado de instrucción de Lleida.

La UDEF incluye en el informe que envió al juez de de la Mata un artículopublicado por Economía Digital sobre las vinculaciones de Triacom con el caso de la Diputación de Lleida. Los agentes recuerdan que la productora de Carbó se benefició de contratos de la Generalitat e, incluso, de una subvención de 160.000 euros en 2006.

La investigación de las cuentas bancarias andorranas que manejó el primogénito del expresidente de la Generalitat pone en evidencia que los casos de corrupción que afectaron a Convergència nunca fueron compartimentos estancos. El ejemplo de Altraforma es revelador. No tanto por el importe económico, sino por los mecanismos utilizados para financiar al partido y por las vinculaciones de sus protagonistas.

 

 

FUENTE: ECONOMIADIGITAL