PP y Ciudadanos ya habían ensayado la fórmula otras veces. Primero en Andalucía y luego en Murcia, conformaron sendos gobiernos de coalición siempre con el apoyo de Vox. Con la investidura este miércoles de Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid ha sido el último territorio conquistado por los pactos de las tres derechas tras las últimas elecciones autonómicas y también promete ser el más complicado.
En Castilla y León –donde se formó también un Ejecutivo de coalición bipartito– los de Pablo Casado y Albert Rivera no necesitaron del tercer socio, sin cuyos votos la elección de Díaz Ayuso no habría sido posible, y que ya ha anticipado que bloqueará parte del programa de Gobierno. Además, Ciudadanos tendrá que enfrentar desde el Gobierno las sombras que se ciernen sobre la presidenta y, con toda probabilidad, metabolizar el avance judicial de los grandes casos de corrupción que cercan al Partido Popular. Las sentencias de una parte de Gürtel, y los avances en las investigaciones Lezo y Púnica acompañarán la legislatura.
«Va a ser una legislatura complicada. Vamos a estar gobernando en coalición. Éramos 74 diputados y evidentemente ahora somos menos», anticipaba la ya presidenta de la Comunidad de Madrid, la baronesa del PP con más poder institucional, unas horas antes de ser investida. Los números salían este miércoles en el hemiciclo para la investidura, pero el bloque, esa mayoría absoluta, era solo circunstancial.
Vox se encargaba de dejarlo claro antes, durante y después del debate, donde se ha posicionado en la «oposición». «Aquí acaba nuestro compromiso y a partir de hoy empieza el compromiso del PP con Ciudadanos. No somos socios de gobierno ni de PP ni de Ciudadanos y no tendrán nuestro voto para las 155 medidas. Tendrán que buscar apoyo en otros partidos de izquierda», ha advertido la portavoz del partido de extrema derecha, Rocío Monasterio, al finalizar la sesión en la Asamblea de Madrid.
Un compromiso a tres
Los tres partidos, sin embargo, sí están atados a un compromiso: un conjunto de medidas de Vox –entre las que se incluyen polémicas medidas con los menores extranjeros no acompañados, auditar las subvenciones para que no se destinen a «entidades de carácter ideológico o crear mecanismos para que los «poderes públicos» no entren en «la educación»– que Díaz Ayuso se ha comprometido a cumplir «en su totalidad» y también Ignacio Aguado. «Son perfectamente compatibles con nuestro acuerdo de 155 medidas», ha dicho el futuro vicepresidente regional.
Segura fuente de tensión también será otro asunto: los casos de corrupción por resolver que afectan al Partido Popular. Ciudadanos tendrá que lidiar desde el Gobierno con las próximas decisiones del juez de la Púnica, Manuel García Castellón, que en las próximas semanas determinará si imputa o no a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la financiación irregular del partido después de que lo haya solicitado la Fiscalía. Los avances sobre el caso Lezo y las sentencias sobre segunda parte de Gürtel también caerán, con toda probabilidad, en los próximos cuatro años.
El acuerdo entre los dos socios de Gobierno incluye el «cese inmediato de cualquier cargo investigado» por corrupción. Isabel Díaz Ayuso pasó solo de puntillas en el debate sobre este asunto para anunciar que el Gobierno tendría mano dura con la corrupción. «Tolerancia cero», dijo, como figura por escrito en el pacto.
La presidenta regional llega a la Puerta del Sol, además, cargada con una mochila que tiene algo más que el pasado de su partido. Las sospechas de alzamiento de bienes por aceptar bienes de su familia que estaban en riesgo de embargo y su relación con Avalmadrid (la entidad participada por la Comunidad de Madrid que prestó dinero a una empresa de su padre) cuando ya era diputada del PP han aparecido varias veces en el pleno de investidura y todo apunta a que seguirán en la agenda durante la legislatura.
Preguntas por responder
PSOE y Más Madrid han registrado una treintena de preguntas aún sin respuesta y la petición de una comisión de investigación está ya sobre la mesa. La formación de lidera Íñigo Errejón, además, ha avanzado que llevará el asunto a la Fiscalía después de verano.
«Se ha traspasado una línea conmigo. Se puede criticar lo que hago pero no meter por medio la familia y mucho menos una persona que no está en vida para defenderse». Díaz Ayuso ha dado así respuesta al reguero de informaciones en el pleno. En su debate ha reservado los últimos minutos para denunciar que se la haya juzgado, a su parecer, «por su familia y su vida privada. «No estoy para admitir lecciones de nadie y menos para personas que no se han visto en esa situación en la vida».
Asimismo, la presión sobre la dirigente se ha incrementado en las últimas semanas con varias noticias que destapan las declaraciones de Francisco Granados, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid imputado, y del hermano del conseguidor de la Púnica que la sitúan como interlocutora del partido con la empresa Eico, investigada por recibir encargos fraudulentos para mejorar la reputación de miembros del PP que se pagaban con dinero público.
También a ello ha contestado Díaz Ayuso en el pleno: «Me relacionan con un caso de corrupción cuando nadie me ha llamado a declarar en mi vida. Los años que he estado colaborando para mi partido lo he hecho de manera técnica. Les cuesta porque les encantaría acabar conmigo».
80 días de tensiones
La dirección nacional del PP se ha tenido que emplear a fondo para abrochar el Gobierno que este miércoles se ha hecho realidad tras 80 días de tensiones. Dentro del plan global de la dirección del PP para unir a las tres derechas en gobiernos presididos por los populares, el trabajo que se tuvo que realizar por el equipo negociador de Pablo Casado en la Comunidad de Madrid, capitaneado por el secretario general, Teodoro García Egea, fue el más arduo de todos tras el ciclo electoral que se inició en diciembre con las elecciones andaluzas, que prosiguió con las generales del 28A y que concluyó con las municipales, autonómicas y europeas del 26M.
En todas esas citas con las urnas quedó patente la división de los votantes conservadores entre los populares, Ciudadanos y Vox y eso que la «reunificación» de ese espectro político ha sido una obsesión de Casado prácticamente desde su triunfo en las primarias. Su equipo siempre ha insistido en que el objetivo final es recuperar a todos los votantes perdidos en favor de los de Rivera y Abascal, pero Génova ha remarcado que la reintegración de las distintas sensibilidades de «centro derecha» en el PP se debe hacer «desde las instituciones».
Con ese fin, el primer pacto de las tres derechas se ensayó el mismo diciembre con la formación de la Junta de Andalucía que, por primera vez en 36 años, no está gobernada por el PSOE. Precisamente ese objetivo común de expulsar a los socialistas del poder facilitó que Juan Manuel Moreno Bonilla lograra ser investido presidente gracias a un acuerdo de coalición del PP con Ciudadanos apoyado por Vox. Más fácil aún fue la formación de Gobierno en la Junta de Castilla y León después de las elecciones del 26M. Los populares lograron mantener por la mínima el poder en la comunidad con un acuerdo con Ciudadanos que no requirió del apoyo de Vox.
La negociación fue más complicada en Murcia. Tras más de un mes de conversaciones, el 4 de julio se produjo un primer intento fallido para investir al popular Fernando López Miras. La razón del fracaso fue el voto en contra de Vox, que no vio cumplidas sus exigencias por parte de PP y Ciudadanos y, sobre todo, por la falta de interlocución directa con estos últimos. La situación en la región murciana se desbloqueó el pasado 26 de julio. Como en Madrid, tras las reticencias iniciales, los de Casado y los de Rivera aceptaron las peticiones de la extrema derecha en materia de inmigración o igualdad.
La pelea por la «hegemonía de la derecha»
En la formación de prácticamente todos gobiernos locales y autonómicos los populares se encontraron con el enfrentamiento entre sus dos socios, Ciudadanos y Vox. Los de Rivera acordaron en su Ejecutiva no firmar ningún pacto con la extrema derecha y situar como «socio prioritario» al PP para conformar gobiernos en coalición. Los números, en cambio, han requerido de la suma de Vox a esos pactos entre Casado y Rivera y la extrema derecha ha exigido una línea directa con Ciudadanos, que se materializó, en las reuniones mantenidas finalmente por ambas formaciones en la Comunidad de Madrid o en Murcia.
En la primera, sin embargo, las resistencias a sentarse en una misma mesa con Vox fueron mucho mayores por la proyección pública y mediática de la capital de España. En la Comunidad, Ciudadanos se reunió apenas 20 minutos con la extrema derecha y luego se negó a nuevos encuentros.
El objetivo de Casado es trabajar en los próximos meses para anular las opciones electorales de sus dos socios. Tratará de lograr protagonismo desde las instituciones que controla para situar a la de los populares como la «fuerza hegemónica» del espectro conservador y recuperar la Moncloa dentro de cuatro años.
Todo ello será a partir de septiembre, una vez que se retome el curso político y después de las «merecidas vacaciones» que se tomarán los principales dirigentes populares, tal y como explicaba uno de ellos este miércoles en la Asamblea de Madrid, al ver satisfechos todos sus objetivos postelectorales con la elección de Díaz Ayuso como presidenta.
