Representantes de la Sala de Gobierno visitarán 4 juzgados de Murcia, Lorca y Caravaca para conocer por qué se les han pasado los plazos
Los titulares de cuatro juzgados de la Región, en los que se han investigado causas de supuesta corrupción que han acabado malográndose -en mayor o menor medida- a consecuencia de la superación de los plazos máximos legales de instrucción, tendrán que ofrecer explicaciones a representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre las razones que condujeron a tal situación. Así lo decidió este martes la Sala de Gobierno del TSJ, que se reunió en pleno para analizar el delicado escenario que -a consecuencia del citado incumplimiento de los plazos legales- se había generado en los tribunales murcianos, en estos últimos tiempos, con el dictado de resoluciones que han anulado o cerrado abruptamente varios procedimientos en los que se investigaban supuestas desviaciones de poder en las instituciones públicas.
Con la decisión de reclamar explicaciones a los jueces responsables de esas investigaciones, el máximo órgano jurisdiccional de la Región da respuesta al profundo malestar, bochorno y estupor que se habían instalado en la sociedad murciana, y particularmente en el seno de la propia Administración de Justicia, a raíz de que se conociera hace dos semanas que parte de la investigación del caso de la desaladora de Escombreras quedaba anulada por la superación de un tope legal. Y ello debido a que la magistrada instructora, María del Mar Azuar, no había declarado a tiempo la complejidad de la causa y prorrogado hasta dieciocho meses la investigación.
A resultas de ese fallo, todas las diligencias realizadas desde septiembre de 2018 quedaban invalidadas y además se impide que se puedan practicar otras nuevas pruebas, entre ellas una hipotética imputación del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, contra quien tenían previsto actuar de forma inminente tanto la Fiscalía Superior como varias de las acusaciones privadas. De tal forma que, aunque la causa podrá llegar a juicio con las diligencias ya existentes, lo hará cercenada.
El grave contratiempo en la instrucción del ‘caso La Sal’ viene a sumarse a otros similares que han afectado, al menos, a otras tres causas de supuesta corrupción: el ‘caso Pasarelas’, que motivó la exculpación del expresidente Pedro Antonio Sánchez también por la vulneración del plazo para investigar’; el ‘caso Acal’, archivado por un juzgado de Caravaca de la Cruz por haber expirado igualmente el tiempo máximo para investigar; y el procedimiento sobre las obras del Teatro Auditorio de Cehegín, condenado inexorablemente al carpetazo porque desde el correspondiente juzgado de Caravaca de la Cruz no se practicó prueba alguna mientras estaba en plazo para investigar.
«Sensación de impunidad»
Ante esta situación, que fuentes de la Administración de Justicia de la Región consideran «inadmisible» y que entienden que «genera una lamentable sensación de impunidad», la Sala de Gobierno del TSJ acaba de decidir, por unanimidad de todos sus miembros, realizar lo que eufemísticamente denominan «visitas de información» a los cuatro órganos judiciales en los que se han producido estas incidencias. Se trata del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, en el que se está investigando el ‘caso La Sal’; el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, donde se llevaron las diligencias del frustrado ‘caso Pasarelas’; y los juzgados de Primeras Instancia e Instrucción números 2 y 3 de Caravaca de la Cruz, responsables, respectivamente, de las causas sobre el Teatro Auditorio de Cehegín y sobre la presunta emisión de informes jurídicos ‘a medida’, en lo que se conoció como el ‘caso Acal’.
El propósito declarado por el TSJ acerca de esas visitas es «recabar datos sobre el control que se realiza para el cumplimiento de los plazos máximos de instrucción, previstos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Medidas en vía gubernativa
El resultado de las inspecciones se expondrá en la próxima reunión de la Sala de Gobierno del TSJ, que previsiblemente tendrá lugar en julio. Se desconoce qué efectos pueden tener las conclusiones del informe que elaboren los responsables de realizar las visitas a los juzgados, aunque fuentes próximas al TSJ han confirmado que el presidente de este órgano, Miguel Pasqual del Riquelme, estuvo analizando con el resto de integrantes de la Sala de Gobierno las posibles actuaciones que se pueden adoptar en materia gubernativa. O lo que es lo mismo, unas posibles medidas que serían totalmente ajenas a la vía jurisdiccional -la del enjuiciamiento de cada causa particular-, en la que los magistrados están blindados y son por completo independientes y casi intocables en sus decisiones.
‘Caso la Sal’ Anuladas las pruebas obtenidas a partir del 7 de septiembre
El Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia investiga desde el año 2016 una supuesta malversación multimillonaria, que podría ascender en el peor de los casos hasta los 600 millones de euros, en el proceso de adquisición de la desaladora de Escombreras por la Comunidad Autónoma. En estas diligencias, conocidas como el ‘caso La Sal’ y en la que se investigan presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y/o cohecho, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario, entre otros, aparece como principal encausado el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá. La superación de un plazo legal para investigar ha hecho que todas las diligencias practicadas a partir del pasado 7 de septiembre hayan sido anuladas, aunque la causa podrá llegar a juicio con las pruebas anteriores.
‘Caso Acal’ Supuestos informes hechos a medida por un despacho legal
La investigación del llamado ‘caso Acal’ se inició en el año 2016, como una pieza separada del ‘caso Roblecillo’, con el fin de establecer si dos abogadas del despacho Asesores y Consultores de la Administración Local (ACAL) elaboraron informes jurídicos a medida a expedientes urbanísticos del Consistorio de Caravaca de la Cruz, con el fin de justificar a posteriori algunas decisiones que ya se habían adoptado sin respaldo legal. Las diligencias fueron asumidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz. La superación de un plazo máximo para instruir llevó a la Audiencia a anular el pasado abril la mayor parte de las pruebas, entre ellas las declaraciones de los principales sospechosos, como el exalcalde Domingo Aranda. El caso tuvo que ser archivado por completo.
‘Caso Pasarelas’ La Audiencia invalidó las diligencias y absolvió a Sánchez
El pasado diciembre, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial absolvió al expresidente murciano y exalcalde de Puerto Lumbreras Pedro Antonio Sánchez, y al arquitecto Martín Lejarraga, quienes se habían sentado en el banquillo para responder de presuntos delitos de prevaricación, falsedad y fraude en la contratación por el denominado ‘caso Pasarelas’. En estas diligencias, cuya investigación llevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, se trataba de probar una supuesta adjudicación ilegal de las obras de rehabilitación del entorno de la rambla de Nogalte, en Puerto Lumbreras. La Audiencia consideró que se habían vulnerado los derechos de ambos acusados ya que, pese a que se había superado por dos días el plazo máximo para instruir, se siguió investigando el asunto.
‘Caso King kong’ Un procedimiento cuya muerte está ya más que anunciada
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caravaca asumió en 2017 una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior por unos hechos que se remontan a 2006, cuando el popular José Soria ejercía como alcalde de Cehegín. En aquellos días, la Consejería de Cultura otorgó al municipio una subvención de nueve millones de euros para levantar un gran Teatro Auditorio. Sin embargo, según la denuncia del Ministerio Público, la tramitación del expediente habría estado preñada de irregularidades desde el principio. Además, el centro se ha quedado a medio construir, en poco más que los cimientos, lo que ha llevado a los cehegineros a bautizar el inmueble como ‘La jaula de King Kong’. La superación del plazo legal, sin que se haya practicado diligencia alguna, ha condenado el asunto a una muerte cierta.
