Ya con la campaña empezada el PSOE hizo público su programa electoral para las elecciones del 28 de abril, en el que muchas de las páginas están ocupadas por cosas que Pedro Sánchez ha hecho o ha intentado en los 10 meses que ha ocupado La Moncloa. Sin excesivas sorpresas, en el plano del modelo territorial y del conflicto catalán, que el PSOE no había incluido en el extracto de 110 medidas presentado hace algunas semanas, se vuelve a comprobar el esfuerzo de Sánchez por mantenerse equidistante entre independentistas y los partidos a su derecha.

Aunque Pedro Sánchez viene defendiendo estos días la condición del PSOE como partido constitucional, y su respeto «desde el primero hasta el último» de sus artículos, lo cierto es que en el apartado del modelo territorial, el PSOE muestra su rechazo a la utilización del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Instalado en su habitual equilibrio en la materia, los socialistas rechazan el conocido como derecho a decidir pero también cuestionan la idoneidad de aplicar el 155: «Ni desde el derecho de autodeterminación ni desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155 de la Constitución Española, puede construirse el futuro». En una entrevista por la noche en Antena 3 Sánchez quiso aclarar esa posición. «Si tengo que aplicar la Constitución, el 155, lo aplicaré». Insistiendo en que sea «proporcional» al desafío. Aunque dejó claro su rechazo: «Yo no quiero hacerlo».

En PSOE se considera que «la crisis actual del modelo territorial» está derivada por el «crecimiento de las aspiraciones independentistas en Cataluña, ante la inacción del Gobierno del PP». Ante ese escenario, el PSOE se compromete a «liderar» las reformas en este sentido, que pasan por «un nuevo impulso del autogobierno».

En ese recorrido hacia una mayor descentralización del Estado, el PSOE plantea un modelo de Estado con una mayor participación de los gobiernos regionales en las actuaciones y decisiones del Gobierno de España» para favorecer «una auténtica integración».

En este sentido, Sánchez plantea que la conferencia de presidentes autonómicos sea una reunión «periódica y obligada». Por ejemplo «la participación en el ejercicio de competencias del Estado por su carácter supraterritorial». Pero también que las autonomías tengan un papel «en la designación de los integrantes de instituciones del Estado o distintos organismos económicos y reguladores» cuya actuación tenga incidencia sobre las comunidades autónomas.

Reforma constitucional

Estos planteamientos socialistas conduciría en último término a una reforma constitucional en la que el PSOE quiere incluir una «mejor delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas» y establecer que «todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica». En ese sentido, el PSOE quiere incluir en la Constitución «los principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios».

Además, se vuelve a plantear algún tipo de reforma del Senado, aunque el programa no pasa de las buenas palabras: «El Senado debe convertirse en un lugar de encuentro de las comunidades autónomas con el Gobierno de España y de éstas entre sí, para que contribuya de manera más eficaz al funcionamiento integrado del modelo territorial». Los socialistas proponen «el reconocimiento de las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos de Autonomía». Se trataría de «una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos», además de una organización institucional y territorial «adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios».

La cuestión territorial es muy relevante en la actual situación. Pero el programa electoral del PSOE es un planteamiento global para la próxima década. Para sostener este modelo el PSOE plantea la progresividad del sistema fiscal. Un aumento de impuestos que pretende subir la carga fiscal hasta el promedio de la UE «incrementando la aportación de las grandes empresas, de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios, y mejorando la equidad entre la fiscalidad de las rentas del capital y las rentas del trabajo».

Un Estado con más ingresos que tendría como objetivo una nueva política social en la que una de las medidas estrella es el ingreso mínimo vital. El PSOE plantea garantizar «como derechos fundamentales en la Constitución los derechos sociales básicos de las personas», incluyendo entre ellos el reconocimiento del derecho a una renta «ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna». Este ingreso estaría concebido como una prestación estatal y se combinaría con planes de inversión en infancia. El compromiso es que al término de la próxima legislatura los hogares en situación de pobreza severa con un hijo a cargo tuviesen una renta de 580 euros al mes y de hasta 858 euros al mes para aquella persona con tres personas a su cargo. «Estas propuestas nacen con la vocación de constituir la última red de protección ante la desigualdad generada por el funcionamiento del mercado», justifican los socialistas.

El programa también presta atención a la cuestión de la Memoria Histórica. Plantea ir más allá de la legislación aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero y quiere «establecer un plan global de exhumación de fosas de carácter cuatrienal». Además quiere «modificar el régimen legal del Valle de los Caídos, dignificar y homenajear a sus víctimas, explicar el significado del monumento y su construcción». El programa plantea eliminar el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas anuales inferiores a los 11.200 euros. El PSOE se posiciona a favor de la abolición de la prostitución «sancionando la demanda y la compra». Plantea un rechazo total a la gestación subrogada. El programa considera a España una sociedad «multiconfesional» y en sus propuestas para «profundizar la convivencia» plantea entre otras medidas la «promoción de cementerios públicos no confesionales».

 

 

FUENTE: ABC