Los policías enviados presuntamente a Nueva York en abril de 2016 por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para tomar declaración a un exministro chavista sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos admitieron durante ese encuentro que su investigación tenía entre otros objetivos evitar que Pablo Iglesias llegara a la Moncloa. Así lo recoge un audio de la reunión, que se celebró en el consulado de España en la Gran Manzana y duró cuatro horas. El Confidencial ha tenido acceso a la grabación, que recoge los primeros 63 minutos del interrogatorio y empezó a ser desvelada este miércoles por ‘Moncloa.com‘.
Los policías viajaron hasta la ciudad estadounidense con el objetivo de que Rafael Isea, un político venezolano que llegó a ser ministro de Finanzas de Hugo Chávez, ratificara la autenticidad de una orden de pago efectuada por Caracas en 2008 a la Fundación CEPS, precursora de Podemos, por un importe de 7,1 millones de euros. Finalmente, Isea, que estaba acompañado por un empresario venezolano de su máxima confianza, Martín Rodil, facilitó toda la información que tenía sobre los vínculos del partido de Iglesias con el Ejecutivo chavista y confirmó la veracidad del documento de pago. Su declaración fue recogida por la comitiva tal y como establecen los protocolos policiales y, además, en presencia de la máxima responsable de la delegación diplomática.
AUDIO 1
A los agentes les costó convencer a Isea para que colaborara. El exdirigente chavista temía que trascendieran sus contactos con la policía española y que su familia pudiera sufrir algún tipo de represalia del régimen bolivariano. Como ya contó El Confidencial este miércoles, los agentes vencieron sus reticencias asegurándole que habían recibido un mandato expreso de Fernández Díaz y Rajoy para ofrecerle todas las medidas de seguridad que considerara necesarias, incluida sacar a sus familiares de Venezuela, trasladarlos a España y proporcionarles nuevas identidades y nuevas vidas.
Otro momento de ese audio al que ha tenido ahora acceso este diario confirma que, como ya se sospechaba, el Ejecutivo del PP habría impulsado esta investigación policial con una clara motivación política: impedir que Podemos alcanzara el Gobierno. Así lo confesó uno de los tres agentes que se desplazaron al otro lado del Atlántico para interrogar a Isea, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que entonces estaba destinado en La Haya (Países Bajos) pero que había sido número dos del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional durante el Gobierno del PP, Eugenio Pino, hasta solo unas semanas antes.
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En un lance del encuentro, Fuentes Gago pidió a Isea que les ayudara a investigar los fondos recibidos por Podemos y le aseguró que el caso llegaría a los tribunales. “Y venga el Gobierno que venga, eso es una cuestión que lo vamos a hacer con un juez, venga el Gobierno que venga, en España da igual”, afirmó el inspector jefe. “¿Me entiende lo que le quiero decir?”, continuó. “[España] es un Estado de derecho todavía, aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos… Es que se lo van a tener que comer. Y si nos ayudan a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos, mejor para todos”, admitió entonces el policía. Isea respondió que ayudaría contando todo lo que estuviera en su conocimiento. “Cuenten con ello”, dijo.
La conversación no se quedó ahí. En un lance posterior del diálogo que mantenía en ese momento con el exministro, el inspector jefe explicó que necesitaban su testifical para “poder introducirlo [el caso] en el tracto jurídico, en el ordenamiento jurídico español”. “Si estas personas [los dirigentes de Podemos] usted tiene conocimiento de que cobraban por informes huecos y que cobraban unas cantidades que son elevadas… Porque luego, el comisario que dirige la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción [de la UDEF] ya buscará la forma hablando con quien tenga que hablar…”, explicó el policía.
AUDIO 3
En ese punto, Fuentes Gago precisó a Isea que, tras su declaración, la Policía podía hacer nuevas gestiones para conseguir más datos sobre Podemos “con la DEA, con el FBI o con los rusos”. “Ellos [los rusos] también nos deben alguna. Es que lo bueno que tiene España es que es un país que está a caballo entre los dos mundos, o sea. Y los rusos ya nos deben alguna también, o sea, y estos son prescindibles, ¿entiende lo que le quiero decir?”. El funcionario insistió en que Moscú no iba a oponerse a la desactivación política de Iglesias. “Entonces, mira, hazme esto y yo, joder, te debo una. Otra vez que tengas algún problema, pues ya ponemos ahí…”, terminó Fuentes Gago.
La declaración de Isea acabó reflejada en cuatro folios. Para garantizarle el anonimato, fue identificado por los agentes como “testigo uno”. Solo el juez que finalmente asumiera el caso conocería, llegado el momento, quién se ocultaba realmente tras esas dos palabras. Sin embargo, el secreto solo duró un mes. El 13 de mayo de 2016, la declaración del exministro de Chávez salió publicada íntegramente en el diario ‘ABC‘. También se reveló quién era exactamente la persona que había proporcionado esa información.
El caso tampoco llegó muy lejos. La Fiscalía no consideró que los presuntos pagos recibidos por la Fundación CEPS en 2008 pudieran ser constitutivos de delito. Lo cierto es que hasta el 1 de julio de 2015 no entró en vigor una reforma del Código Penal que sancionaba con hasta cuatro años de cárcel a los responsables de partidos políticos que recibieran de gobiernos o empresas extranjeras donaciones superiores a 100.000 euros. Los 7,1 millones pagados por Venezuela superaban con creces esa cantidad pero, cuando la transferencia se produjo, esas aportaciones tan solo conllevaban un reproche administrativo. La investigación sobre la presunta caja B de Podemos no prosperó en ningún juzgado.
Fuentes del equipo del Ministerio del Interior de la época de Fernández Díaz aseguran que aquel viaje a Nueva York se produjo con un conocimiento previo y la preceptiva autorización de la Fiscalía, y que no es cierto que, como se escucha en el audio, el ministro y Rajoy dieran “mandato alguno a los funcionarios”, cuya “actuación se desarrolló íntegramente por los cauces ordinarios de la policía judicial y con escrupulosa sujeción a la normativa reguladora de la misma”. “La declaración quedó recogida en un acta firmada por el declarante y por los funcionarios policiales intervinientes, identificados por sus respectivos números de carné profesional, sellada y puesta después a disposición del Ministerio Fiscal para la investigación de los hechos denunciados”, insisten estas fuentes, que también precisan que aquella reunión se produjo a petición de Isea, que habría contactado con la Policía para ofrecer la información que tenía sobre el documento de pago. “Las afirmaciones que pudieron realizar los funcionarios policiales presentes en la declaración se realizaron en el contexto del trabajo policial y sin responder, en ningún caso, a instrucciones o mandatos de ninguna autoridad política”.
