Vox no tendrá acceso al listado de nombres y apellidos de los empleados de la Junta que evalúan la violencia de género. La Mesa del Parlamento andaluz, órgano de dirección de la Cámara, no ha admitido a trámite la solicitud del presidente del grupo ultraderechista, Francisco Serrano, que la semana pasada reclamó por escrito los nombres de estos funcionarios con el objetivo de «depurar» supuestos informes «ideológicos». La iniciativa chocaba de lleno con la Ley de Protección de Datos.
La petición ha sido rechazada por unanimidad de todos los grupos representados en la Mesa, a excepción de Vox, según fuentes próximas a la reunión de este miércoles. Los letrados de la Cámara han propuesto una redacción alternativa para «ajustarla a derecho» y que así la solicitud pudiera ser calificada por la Mesa. Con la nueva redacción, la formación ultraderechista no tendría acceso a los nombres de los empleados públicos, pero sí a los cargos y su perfil profesional. PP y Ciudadanos han defendido esta alternativa que implicaba «corregir o reformular» la redacción de la solicitud del partido de Santiago Abascal. El PSOE y la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) se han opuesto de lleno, porque consideraban que era una fórmula para «salvarle las vergüenzas» a Vox. Pero la alternativa no ha llegado siquiera a someterse a votación, porque la propia formación ultraderechista se ha negado a reformular su petición.
Así lo planteó el representante de Vox en la Mesa, Manuel Gavira, pero fuera, casi simultáneamente, el portavoz adjunto del grupo, Rodrigo Alonso, afirmaba justo lo contrario en una rueda de prensa ante los medios. «Si ese es el problema, nos plantearíamos reformular la petición. Valdría con obtener la titulación y la experiencia de estas personas para saber si están cualificadas para el desempeño de una tarea que no debe hacer cualquiera», dice Alonso.
Al ser preguntado sobre quién puede evaluar a estos funcionarios, el diputado de Vox ha propuesto el nombre de Fernando Chacón, vicepresidente primero de los Colegios Oficiales de Psicólogos. La formación de Abascal baraja ahora volver a registrar la misma petición al Parlamento, pero sin los nombres, aunque tampoco sería aceptada la reclamación del número de colegiado, «porque eso también sirve para identificar a un trabajador», explican fuentes parlamentarias. Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara, José Antonio Nieto, ha defendido el veto de la Mesa a la petición de Vox para proteger los datos personales, y añade: «Si se solicitan datos que sea para centrarse en los resultados de su trabajo, y no en información personal».
La Mesa del Parlamento es un órgano integrado por siete miembros con voz y voto, donde el bloque conservador (PP, Cs y Vox) suma cinco votos, mientras que el bloque de izquierdas (PSOE) tiene dos. Adelante Andalucía se quedó fuera tras rechazar el sillón que le ofreció la formación naranja, y ahora tiene un miembro con voz, pero sin voto. La Cámara está presidida por la diputada naranja, Marta Bosquet, que ha insistido en su idea de corregir la petición de Vox para admitirla a trámite. La diputada del PP y vicepresidenta de la Mesa, Esperanza Oña, ha defendido también esta alternativa, pero no han logrado convencer al portavoz de la ultraderecha, Manuel Gavira.
El miércoles de la semana pasada, aprovechando el primer Pleno ordinario en el Parlamento, y haciendo uso del artículo 7 del reglamento, el diputado y juez en excedencia Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito en el que solicita a la presidenta del Parlamento «una relación detallada con los nombres y apellidos» de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta (competencia de Ciudadanos en el Ejecutivo). Es decir, los empleados públicos (en su mayoría funcionarios) que elaboran los informes sociales y psicológicos sobre mujeres víctimas de malos tratos, que luego sirven como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y que también son tenidos en cuenta por la Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas.
El director del Consejo de la Transparencia, Manuel Medina, advirtió el martes tras una visita a Bosquet que la solicitud de Vox podría «entrañar un riesgo para la seguridad de los funcionarios de violencia de género». «Si yo hiciera un informe pericial acreditando lesiones graves contra una mujer y saliera a la luz mi nombre como autor de dicho informe, yo no estaría tranquilo», explica Medina a eldiario.es/andalucia.
El objetivo, según admite la propia formación ultraderechista, es «depurar los informes ideológicos» que, según ellos, elaboran estos trabajadores. «La finalidad de esta petición no es otra que saber quiénes de estos trabajadores están realmente cualificados para atender a las mujeres víctimas de malos tratos y quiénes son meros agentes políticos de la izquierda dedicados a potenciar y promocionar la industria del género”, dice Serrano. El diputado, que también hoy será evaluado por la Comisión del Estatuto del Diputado para ver si su escaño es compatible con el despacho de abogados que dirige, ha escrito un libro donde carga contra la «ideología de género». El líder andaluz de Vox, portavoz en la Comisión parlamentaria de Igualdad, denuncia que hay «empleados públicos sin capacidad profesional y sin estar colegiados», cuyos informes afectan a «la custodia de menores» en casos de violencia de género.
La petición de Vox al Parlamento andaluz ha levantado una tormenta política enorme, que ha derivado en un contraataque del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla a la anterior Administración socialista de Susana Díaz, a quien acusan de haber dejado sin gastar más del 70% del presupuesto de una partida destinada a erradicar la violencia de género en los últimos tres ejercicios.
