MADRID.- Transparencia Internacional ha advertido a España que la ligera mejora obtenida en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que sitúa al país en la posición 41 entre 180, frente al 42 del año pasado, demuestra que las reformas «no han funcionado» y que el Gobierno no lanzó la esperada estrategia global.
En rueda de prensa, la recién nombrada presidenta de TI-España, Silvina Bacigalupo, y el profesor Manuel Villoria, del comité de dirección de TI-España, han constatado que la regeneración democrática prometida por Pedro Sánchez en la moción de censura «no ha sido efectiva» y, de hecho, no se han adoptado medidas sustanciales en esos siete meses.
«Esperábamos del Gobierno una estrategia global contra la corrupción, de acuerdo a Naciones Unidas, en la que todos los partidos trabajaran en un gran proyecto nacional, pero nada de esto se ha hecho» ha señalado el profesor Villoria.
Por su parte, la presidenta de TI-España ha aprovechado la rueda de prensa para pedir al Gobierno una «agenda» para luchar contra la corrupción y un plan integral con medidas preventivas porque «focalizar todo en la sanción» y apostar por el Código Penal «es un error» porque «llega tarde y no resuelve el problema».
Mientras, el profesor Villoria ha hecho hincapié en la llegada de partidos extremistas y populistas a los parlamentos autonómicos, algo que, a su juicio, «no ayuda a acabar con la corrupción» ya que para eso haría falta «más democracia, no menos y de más calidad».
Aunque a nivel internacional, España experimenta esa leve mejoría, en la Unión Europea es el país que más ha caído, siete puntos en seis años (entre 2012 y 2018), ocupando actualmente la posición 20 entre los 28 estados miembros.
Villoria ha recordado que los países de la UE «van mejor que España. Todos van mejorando y nosotros no conseguimos estar a la altura, y eso quiere decir algo».
Este profesor ha hecho hincapié en que la corrupción impide la calidad democrática y va deteriorando a un país y aquí ha puesto el ejemplo de «Venezuela y otros, en situación cercana al autoritarismo y la dictadura».
Respecto a España, Villoria ha recordado que la confianza de los españoles en las instituciones ha bajado a «niveles demoledores”.
De hecho, la confianza en el Parlamento nacional ha caído un 32 por ciento desde 2008 y en los partidos políticos ha retrocedido hasta el 25 por ciento.
En relación a la inacción del Gobierno en la lucha contra la corrupción, Villoria ha admitido que se necesita «tiempo y energía» y «de un año a otro no se puede cambiar» pero sí había datos «para pensar que se iba a mejorar un poco más».
Villoria ha dicho ser consciente de la «debilidad parlamentaria del Gobierno» y de «los graves problemas» que enfrenta, como la aprobación de los presupuestos o el conflicto catalán, pero aún así, ha reiterado que desde esta ONG se esperaba «más capacidad para tirar hacia adelante con reformas globales y estratégicas y huir del cortoplacismo».
Independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial
Y en este escenario, ha dicho que confía que este año se apruebe alguna norma que proteja a los denunciantes, se refuerce la independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial y haya medios suficientes para perseguir esta lacra.
En la misma línea, Bacigalupo ha apostado por un reglamento que acompañe la ley de Transparencia y «una propuesta ambiciosa» recogida en un plan integral de lucha contra la corrupción, «en lugar de pequeñas reformas».
En la rueda de prensa también ha intervenido, Jesús Sánchez Lambán, miembro del comité de dirección de TI-España, que ha puesto el acento en la «dramática» bajada de la calidad democrática y en el importante descenso en la última década de la libertad de expresión.
Sánchez Lambán se ha referido a los múltiples casos de corrupción en España en los últimos años, sobre todo a partir de la burbuja urbanística, que aún sigue aflorando, hasta el reciente «caso Villarejo y sus múltiples ramificaciones».
Casos todos ellos que han provocado que la legitimidad de las instituciones españolas se vea «seriamente dañada», ha añadido.
