La sociedad española tiene un gravísimo problema con el funcionamiento de la Justicia; la clave no son los medios, los jueces que atienden de manera decente y defendible su cargo son una exigua minoría; los más, según cuentan los que viven en este tétrico submundo, por un mal diseño del régimen de reclutamiento, no reúnen condiciones de idoneidad para desempeñar de manera satisfactoria el trabajo.

Parece que de cada promoción de las facultades de derecho los que aspiraban a jueces y fiscales eran los menos adecuados. De modo que han salido con excedente de maleducados, soberbios, irracionales, que tratan a patadas a los abogados, devenidos objeto de pena por ser especie de “lacayos” de señores feudales; esta es una cruda realidad que vive la justicia y de la cual no se habla en ninguna parte salvo por sus víctimas, un modelo enfermizo que prolifera cual un cáncer en un cuerpo u organismo deprimido que carece de defensas.

Este, el de la injusticia de la justicia, y no otro, es el problema número uno de la Administración de Justicia, la arbitrariedad, problema del cual ni la prensa al uso, ni los partidos con capacidad para gobernar se hacen eco. Si las víctimas del mal funcionamiento del sistema judicial tuvieran que ser indemnizadas por los males ilegítimos sufridos, las cantidades que deberían de asignarse al presupuesto por este motivo serían astronómicas.

Hay desenfoque cuando el mal de la Justicia se identifica por los grandes medios de comunicación únicamente con su politización. Esto refleja que el periodismo al uso, también lacayo del poder, no se entera, como el médico al que se le pasa el diagnóstico real de un paciente.

Que la continua injusticia es el gran problema de la Justicia, ofrecemos botones de muestra.

A. V.C., ingeniero, vecino de Albacete, hombre respetable y querido por sus paisanos juzgado en una sala donde era ponente una magistrada feminista radical, toma ya, le impuso 20 años de prisión porque su ex cónyuge, la que había sido señora de sus pensamientos, se inventó dos violaciones en pleno proceso de divorcio para cortarle el paso al marido a la solicitud de custodia compartida de las hijas (una denuncia sin más, algunos no lo saben, pero para o corta en seco el derecho del padre a la compartida, son cosas de la ley de violencia de género, violenta esta ley a más no poder contra el Estado de Derecho). El pueblo de Albacete llegó a montar en cólera y organizar manifestaciones contra esta clamorosa injusticia. Para la sala judicial,  que la supuesta víctima rehuyera el control de examen ginecológico, al que no quiso someterse, para verificar la existencia de vestigios de violación (vello púbico, rasguños, células del presunto agresor) no tuvo relevancia alguna ni privó de valor de prueba de cargo a un testimonio carente de todo respaldo o vestigio. Esto es el imperio de la Sinrazón. Una justicia propia de salvajes. Cicerón llamaba a la ley del más fuerte “el derecho de las bestias”. Y el feminismo radical se ha convertido en una “bestia parda” contra los derechos humanos particularmente de los casados o emparejados.

Antonio P.O. era un joven mazarronero que en los noventa con 18 años conducía su Seat 127 por el pueblo cuando oyó disparos que confundió con petardos, era un conocido drogadicto que acababa de quitarle la pistola a un guardia civil que tenía que custodiarlo en espera refuerzos, pero la negligencia del guardia le costó la vida a Ginés Aznar, que jugaba a las cartas en un bar donde al asesino “lo miraban mal” y una segunda bala lanzada contra el 127 acabó alojada en la espina dorsal de Antonio causándole para siempre una paraplejía.

La Audiencia Nacional denegó su innegable derecho a una reparación negando la evidencia de que había quedado gran inválido por una clara negligencia de las fuerzas policiales del Estado al cargo de la custodia del esquizofrénico asesino.

El Supremo, siendo ponente un juez llamado Pedro Antonio Mateos García, le privó de su derecho a una reparación. Un juez del mismo tribunal que había leído la noticia, pero ajeno al caso, le dijo al abogado del afectado “siento vergüenza de pertenecer al mismo cuerpo que el juez ponente”. Antonio P.O. harto de la espera por mucha demora en el Supremo pidió refuerzos al Defensor del Pueblo, el juez sacó el caso de la lista pero en venganza le hizo perder el juicio, el segundo tiro vino del poder judicial. Hace unos meses, Antonio se quitó la vida. “Quien se suicida no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir, porque el dolor le sobrepasa”.

En Murcia, no ha mucho, la Sala de lo Contencioso Administrativo desestimó un recurso por gran invalidez al demandante  P.J.M., un paciente  psiquiátrico que hacía vida normal hasta que con 18 años sufrió durante un ingreso una sobredosis de psicofármacos que tenía contraindicados,  administrada por personal del Psiquiátrico y justo tras una respuesta agresiva del paciente contra el personal (y al parecer como venganza). Esta sobredosis le destrozó el cerebro y lo dejó gran inválido, pues bien, la sala judicial bajo la ponencia de la magistrada, famosa ella por su rechazo a estimar daños sanitarios, desestimó la demanda con injusticia clamorosa y además le impuso las costas (sin ser obligación legal) a los recurrentes (sus padres, aunque su madre murió durante el proceso) de modo que por pedir justicia al gran inválido víctima de un atropello gravísimo, le buscaba la ruina a la parte recurrente; los demás magistrados firmaban una sentencia que era «sangrante» pena de muerte contra la víctima.  Por ahora no existe el derecho a la justicia contra la mala justicia, la impotencia es el único recurso de las víctimas, pero habrá novedades en el futuro de signo distinto cuando la tortilla cambie de posición.

Lo sucedido en estos tres casos constituye una práctica nada inhabitual del sistema judicial, una justicia que podríamos definir la Administración de la Injusticia, por más raro que parezca e inaudito es la cruda realidad, la patología es la norma y la norma de jueces decentes es «lo patológico» o «lo extraño», lo raro, la noticia, el hallazgo de un oasis en el desierto.

Pero la que vemos es la Justicia de pasarela porque la real, la contada, como en el poema de Machado dice sobre la malherida España  “de Carnaval vestida nos la pusieron, pobre y escuálida y beoda, para que no acertara la mano con la herida”.

Ya sabemos quién llega al Supremo. Jueces con vocación política que tienen que hacer “pasarela” antes de ingresar y sumar puntos. No ganan los buenos ganan los pillos los puestos en el alto tribunal del Estado. Y así va la cosa.

El sistema es de corte franquista, de “unidad de poder”, unos comisarios políticos, llamados “vocales” elegidos por los grandes partidos, deciden quien entra en el Supremo y en los grandes puestos del gobierno judicial por debajo del Consejo de los jueces.                                     

Claro este sistema es corruptor de mayores por definición. En el Supremo están los jueces que han de juzgar a los aforados, y así se explica que el nuevo Aznar, Casado se libra por todo el morro de la Sala Penal, presidida por Marchena, de unas responsabilidades que una juez de Madrid, que había estado en la Administración del PP, había declarado de forma rigurosa. El día que ya no estén los padrinos judiciales, lo que vamos a ver.

Este alto tribunal con nombre de Supremo pero que por sus obras podemos calificar de “ínfimo” tiene su oscura trastienda desde los tiempos del dictador. Solo personajes del régimen “afectos al régimen” entraban allí.

Llega la democracia y en los ochenta el sueldo de algunos magistrados de Salas importantes para los negocios del país, complementaban su modesto sueldo con las ganancias de “tutelar” o asesorar a recursos de casación de suculentas sumas en los despachos de abogados por las tardes cuyas mañanas siguientes a lo mejor tenían que sentenciar. Un magistrado procedente de la universidad contaba esta oscura historia que nunca se ha escrito de algunos magistrados del alto tribunal español.

Con el avance de los tiempos la “trastienda” del alto tribunal se ha amoldado a los nuevos amos. Los bancos. Y particularmente uno de ellos muy famoso. Que apadrina no solo escudería de Fórmula 1 sino también “jueces”, sí señor, como habéis leído, ese banco tiene una “escudería judicial” donde han estado comiendo de la misma mano jueces enemigos y enfrentados. Pero los demás han aprendido el camino.

Aquí todo discurre de forma sibilina, el patrocinio es “oculto”, unas tuberías invisibles enchufan recursos a través de una “red de riego” que se extiende por doquier. El presidente de la Sala III del Supremo, hijo de un reputado catedrático de derecho, que se lanza contra sus compañeros que quieren cargar a los bancos el pago de un impuesto anejo a las hipotecas, resulta que está “conectado” con la red bancaria a través de puestos universitarios extrañamente vinculados. Curiosamente este personaje, impulsivo por naturaleza y soberbio ante sus propios compañeros, carece de hipoteca y de bienes inmuebles, no tiene nada a su nombre. Es la señal de una economía oculta cuando uno además vive a lo grande comiendo en restaurantes de 100 euros el menú. El magistrado murciano Nicolás Maurandi ha encabezado en este conflicto la resistencia “partisana” contra el invasor juez favorito de los bancos. Hoy la sala contenciosa del Supremo compuesta por más de 30 jueces es un verdadero polvorín que podría hacer un gran favor a la sociedad española, demoler haciendo saltar por los aires esa estructura decrépita a la que se llama cúpula de la justicia española.

COLECTIVO «OPINIÓN PÚBLICA»