El comisario jubilado y en prisión desde el 5 de noviembre de 2017, José Manuel Villarejo, ha dirigido una nueva petición de libertad al juez del caso Tándem, Diego de Egea, en la que asegura que «desconoce las claves» de la documentación encriptada que los investigadores se llevaron de su domicilio cuando fue detenido y en la que se contiene información «de carácter reservado a los fines de la defensa y seguridad nacional».
En un escrito que su abogado ha remitido al instructor de la causa que se sigue contra él en la Audiencia Nacional, éste afirma que el desencriptado de dicha documentación «debería realizarla el Centro Nacional de Inteligencia, reiterándose que mi patrocinado desconoce dichas claves de acceso». Igualmente, se ofrece a «aclarar uno a uno esos archivos para que si así se considere sean excluidos de la causa por no guardar relación con el objeto de la investigación o ser de carácter reservado a los fines de la defensa y la seguridad nacional».
El letrado Antonio García Cabrera se refiere a los hasta 12 terabytes de información requisadas a Villarejo y en la que se contendría la información de sus trabajos como agente encubierto, además de otro tipo de información personal e incriminatoria, según sostiene la Fiscalía.
«Caso de Estado»
Más de cuatro meses después de su último recurso ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 (el 31 de julio) la defensa de Villarejo vuelve a solicitar su libertad y para ello propone medidas de vigilancia como una pulsera telemática, la visita diaria de un agente de la Guardia Civil a su casa o el régimen del tercer grado.
El letrado expone distintos motivos para conceder la libertad al excomisario, como que han pasado 13 meses desde su detención, la prevalencia del derecho fundamental a la libertad recogido en el artículo 13 de la Constitución Española, la imposibilidad de la destrucción de pruebas por el mantenimiento del secreto de sumario o su empeoramiento físico y psicológico: asegura que tiene que visitar diariamente la enfermería de la prisión porque tiene la tensión descontrolada, por lo que le han duplicado la medicación, y que no está recibiendo la rehabilitación que requeriría por sus problemas crónicos de espalda.
Villarejo denuncia la «campaña de filtraciones más grave que se haya producido en un juicio público» y que su caso se ha convertido en «el juicio paralelo más grave de nuestra democracia».
En este sentido, afirma que el origen de la investigación contra él -la ‘operación King’ que desencadenó en los registros de su domicilio y la sede de su empresa- «sólo fue un medio para conseguir otros fines». El letrado afirma que «nos encontramos ante un caso de Estado» en el que las atribuciones de la comisión de delitos «no sólo persiguen destruir la imagen, fama y honorabilidad del investigado, sino también causar daños a terceros ajenos al proceso y que responden a otras motivaciones, por ejemplo de naturaleza política a modo de vendetta entre grupos o facciones enfrentadas«.
Interior y Policía, al tanto
El defensor de Villarejo también afirma en su extenso escrito que «toda la actividad de Cenyt (su empresa investigada) era consentida y conocida por los máximos responsables de la Policía y el Ministerio de Interior, precisamente porque sirvieron para realizar actividades policiales encubiertas (al margen de las otras actividades mercantiles que realizaba, perfectamente lícitas). En modo alguno se benefició personal ni empresarialmente de dichas operaciones policiales y de inteligencia, antes al contrario, las financió con sus propios recursos anticipando con fondos propios pagos en interés general».
Precisamente la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, principal acusación del caso, sostiene lo contrario, que el excomisario se habría enriquecido por su conocimiento de dichas operaciones de inteligencia, ofreciendo informes a distintos clientes con la diferenciación que la aportaba su acceso a datos confidenciales.
