El fiscal anticorrupción acusa a Bascuñana y a otros seis ex altos cargos y asesores por presuntas ilegalidades al recalificar terrenos para un resort junto al Mar Menor
Antonio Cerdá Cerdá, el poderoso consejero de Agricultura en los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, se sentará en el banquillo de los acusados con una petición de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, además de una multa, por el ‘caso Novo Carthago’. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, le atribuye un delito de falsedad en documento público en concurso ideal con otro delito continuado de prevaricación, en los que habría incurrido con la presunta «manipulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor». Este trámite supuestamente ilegal realizado por Cerdá, «con claro abuso de las facultades de su cargo, con aparentes datos y justificaciones mendaces sin sustento técnico-científico alguno más allá de su ilícita voluntad», habría sido trascendental para que se pudiera aprobar la recalificación de unos terrenos protegidos junto a la laguna salada, en los que la sociedad Hansa Urbana pretendía levantar una urbanización -de nombre Novo Carthago- con diez mil viviendas, hoteles y dos campos de golf.
La petición de esa condena está recogida en el escrito de calificación provisional que el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia notificó ayer a las distintas partes del proceso, cuando casi se cumple una década desde que fueron abiertas las diligencias por este caso de supuesta corrupción urbanística.
Cerdá no estará solo en la vista oral. Le acompañará otro exconsejero de Valcárcel, Joaquín Bascuñana, para quien la Fiscalía reclama penas de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por presunta prevaricación, como último responsable desde la Consejería de Obras Públicas de la aprobación del proyecto.
La nómina de acusados contra quienes se dirige la acusación estatal se completa con el ex director general de Medio Natural, Carlos Brugarolas, que también afronta una petición de tres años y tres meses de prisión y otros tantos de inhabilitación, y la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, por los que se le piden tres años y ocho meses de prisión; además del ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el ex director general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el ex subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada; y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, quienes están acusados de prevaricación -en calidad de partícipes- y que se enfrentan a peticiones de inhabilitación que rondan los seis años.
Marqués se queda fuera
Quien se queda fuera del escrito de acusación del fiscal anticorrupción es quien fue consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, que llegó a estar procesado por presuntos delitos de prevaricación y cohecho. El representante del Ministerio Público ha tenido que renunciar a mantener los cargos contra este antiguo alto cargo, en apariencia por la prescripción del supuesto cohecho y por no hallar finalmente indicios suficientes para imputarle prevaricación. Esta circunstancia lo librará del banquillo, siempre que no sea señalado por algunas de las acusaciones particulares personadas en el procedimiento.
El relato de hechos que serán sometidos al enjuiciamiento de un tribunal se remonta al año 2002, cuando la promotora Hansa Urbana comenzó a adquirir terrenos junto al Mar Menor con la pretensión de construir un gran complejo urbanístico. Como se daba la circunstancia de que el suelo era objeto de numerosas y rigurosas figuras de protección ambiental, la mercantil habría comenzado a realizar gestiones ante autoridades municipales y autonómicas para tratar de soslayar esos obstáculos. Para ello, entre otras razones, exponía que se iban a crear 8.000 puestos de trabajo gracias a una inversión de mil millones de euros.
El primer paso para tratar de burlar presuntamente la legislación ambiental lo habría dado el consejero Cerdá reabriendo el PORN del Mar Menor, para lo que habría contado con la colaboración del entonces director general de Medio Natural, Carlos Brugarolas, y de la asesora María Antonieta Fernández.
Se da la circunstancia de que, coincidiendo con esos trámites, esta trabajadora eventual de la Consejería habría ingresado en sus cuentas 125.000 euros que el fiscal considera «injustificados e ilícitos», lo que la ha llevado a ser acusada de blanqueo de capitales.
El fiscal menciona expresamente a Valcárcel para dejar constancia de su apoyo al proyecto, como quedó de manifiesto cuando en julio de 2003 presidió la presentación pública de Novo Carthago en un hotel de La Manga del Mar Menor, rodeado de buena parte de sus consejeros y de la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.
En el resto de la tramitación, en la que era necesaria la declaración de impacto ambiental, habrían participado los otros encausados, quienes habrían burlado a conciencia la ley y que están acusados por ello de prevaricación. Entre estos destaca el exconsejero Bascuñana, que firmó la aprobación definitiva.
FUENTE: LAVERDAD
