El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, resiste. Hoy se le verá preguntando a Pedro Sánchez por los indultos a los independentistas en la sesión de control al Gobierno. Hace días que el PSOE pidió su dimisión pero él se mantiene al frente de su puesto, negando todo lo que va saliendo.

Asegura que se ha desatado una campaña en su contra, con informaciones “inexactas”. De modo que se encomienda a la justicia y dice que seguirá en su puesto mientras cuente con “la confianza de su grupo y de la de Pablo Casado”.

Pero su líder no se pilla los dedos. Le viene bien estar centrado en la campaña de las elecciones andaluzas para no tener que hablar de este tema. Él aún no se ha pronunciado y en Génova, a la espera de ver qué ocurre, van solventando la situación como hicieron cuando estalló el escándalo de María Dolores de Cospedal.

En las filas conservadoras resaltan que se está empleando el mismo “modus operandi” que con la exsecretaria general porque no le dejan caer pero tampoco le respaldan. Aunque la dirección nacional tiene muy claro que no pasará ni una. No pueden tolerar nada ilegal. Siempre recuerdan que su presidente se ha comprometido con la ejemplaridad.

De todos modos, en el PP hay quien lamenta que se presionara tanto a Cospedal para provocar su salida inmediata y ahora se le esté dando vueltas a este caso. Creen que, a veces, dentro de su partido también hay una doble vara de medir y que con Cosidó se está actuando de otra forma porque es hombre y su papel dentro de la dirección es relevante.

Lo cierto es que él representa a su formación en la Cámara Alta pero también a lo que se conoce como “el nuevo PP”. Casado le incluyó en su equipo tras las primarias y está en la reunión de la Ejecutiva -el núcleo duro conservador- que se celebra todos los lunes. De modo que su situación es bastante delicada.

Cosidó está en la cuerda floja, con dos frentes abiertos. Por un lado, su nombre se ha visto vinculado a la operación Kitchen. Aunque él afirma que nunca coordinó ninguna operación al margen de la ley relacionada con Luis Bárcenas, que nunca supo nada de papeles de la UDEF ni tuvo vínculo alguno con el excomisario Villarejo. Se lava las manos en este asunto, defendiendo que cuando la policía judicial actúa, tan solo reporta a jueces y fiscales y no al director de la policía, que entonces era él.

Por otro, ayer se conocieron una serie de polémicos whatsapps que solo perjudican más su posición. Tras hacerse públicos estos, el portavoz del PP salió a pedir “disculpas” por el lenguaje “inapropiado”. Y afirmó que se le había malinterpretado porque “en ningún caso” se estaba hablando de “un intento de control” del poder judicial. Él asegura que se refería a Manuel Marchena a quien le reconocía “una autoridad moral” para garantizar la independencia del Tribunal además de “un reconocido prestigio” que, a su juicio, podía ayudar a que las decisiones fueran lo más consensuadas posibles.

 

 

FUENTE: CADENASER