Lo ha contado en exclusiva ElPlural.com. El juez y todavía senador del Partido Popular, Manuel Altava, en la lista de nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada por PP y PSOE, se quedó con tres fincas del Estado a un precio ridículo en una sospechosa subasta celebrada el 14 de marzo de 2001.
En concreto, Altava, que ejerce de presidente de la Comisión de Justicia del Senado, se hizo el mismo día con una finca de 4.170 metros cuadrados en Peñíscola por 5.639 euros, con otra parcela de 3.941 metros cuadrados en Sant Mateu por 676 euros y con un tercer terreno en Vinaròs.
Cabe precisar que por aquel entonces, el Delegado de Economía y Hacienda en Castellón era Juan Costa Galindo, padre de Juan Costa – exministro de Ciencia y Tecnología con José María Aznar- y de Ricardo Costa – exsecretario general del PP con Camps condenado a cuatro años de prisión por delito electoral y falsedad documental en Gürtel-.
De este modo, Juan Costa intervino de forma directa, a raíz del ejercicio de sus funciones, en la subasta por la que Altava adquirió estos tres terrenos.
Según ha podido constatar este periódico, el Tribunal Supremo fue alertado en múltiples ocasiones de que el senador del Partido Popular “aprovechó su condición de magistrado para asesorar, intervenir y obtener beneficios económicos”.
Incluso, en diversas denuncias a las que ha tenido acceso ElPlural.com, el órgano constitucional fue avisado de las sospechosas compras de fincas “adquiridas en subastas” y del escandaloso “incremento patrimonial” del ahora senador del PP. Pese a ello, el Tribunal Supremo no investigó y archivó las denuncias.
Se da la circunstancia de que el Supremo también salvó a Altava cuando fue absuelto tras reventar la cerradura del domicilio familiar.
