La Fiscalía Anticorrupción está utilizando las grabaciones que realizó el comisario jubilado durante décadas para imputar diferentes delitos al presunto cabecilla del «clan mafioso» que «infectó» a la Policía
1. Los inicios
En la Policía desde 1972, aprovechó una excedencia de diez años para levantar un conglomerado de empresas al que nadie le hizo renunciar cuando se reincorporó al Cuerpo en 1993. Esa fue la condición que él puso para su regreso. A cambio, el Estado dispondría de sociedades para usar como tapadera en operaciones sensibles. Ahora la Fiscalía Anticorrupción le acusa de haberse lucrado realizando investigaciones por encargo para clientes adinerados aportando como valor añadido sus contactos en la Policía y otros sectores como la banca o Hacienda.
Durante años estuvo dedicado a esta doble actividad en la que presuntamente accedía ilegalmente a datos privados sin ningún control judicial. Al menos en 2015 contaba con 12 sociedades con un capital de 16 millones de euros, según desveló El País. Ingresó 10 millones de euros sólo entre los años 2011 y 2016 a través de Cenyt, la sociedad empleada por el expolicía para elaborar informes de investigación para grandes clientes. Además las autoridades buscan en siete países de tres continentes la fortuna oculta del excomisario.
2. El detective de la jet set
La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda sostiene que no consta que hubiera solicitado autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas. “Desde el momento en que aceptó una retribución económica por realizar uno de estos trabajos, infringió los deberes inherentes a su condición policial», añade la Fiscalía. Villarejo ha pedido varias veces su libertad provisional, pero el juez se la ha denegado porque, a su juicio, existe riesgo de fugaante una posible condena elevada.
Cada vez que los agentes de Asuntos Internos de la Policía, encargados de analizar la documentación intervenida, hallan una presunta trama corrupta lo remiten a la Fiscalía. Este protocolo ha dado pie al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea a abrir varias piezas separadas. Se investiga un presunto caso de espionaje entre dos despachos de abogados, una presunta extorsión a un exjuez con vídeos comprometedores o la disputa por la herencia entre los propietarios de la lujosa urbanización La Finca.
3. El clan Villarejo
También se indaga sobre el cobro de más de 4 millones de euros a cambio de encontrar información negativa sobre uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial o sobre los regalos recibidos de ciudadanos de ese país a cambio de un trato de favor en el aeropuerto de Barajas donde estaba destinado el comisario Carlos Salamanca, amigo personal de Villarejo. La Fiscalía imputa directamente al cabecilla del caso Tándem de haber liderado un “clan policial mafioso” que “infectó” a la Policía.
En esa tarea habría contado con la colaboración de otro histórico comisario llamado Enrique García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’. La relación entre ambos se investiga en una causa aparte. El nombre de Villarejo siempre ha estado rodeado de polémica hasta poco antes de su jubilación. Admitió haber participado en la maniobras policiales contra el independentismo en Cataluña bajo el paraguas del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Reconoció haber estado implicado a mediados de los noventa en el informe Véritas, que acusaba con pruebas falsas al juez Baltasar Garzón de acudir a orgías pagadas por traficantes de armas.
4. Los enemigos
Actualmente también está investigado en un juzgado de Madrid por apuñalar a una doctora enfrentada a uno de sus clientes, el empresario Javier López Madrid, examigo personal de los reyes don Felipe y doña Letizia. Su nombre empezó a sonar de nuevo con fuerza a raíz de su enemistad con el responsable del CNI, Félix Sanz Roldán y otro comisario y exresponsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. El caso Emperador contra la mafia China o la investigación sobre el pequeño Nicolás son algunos de los escenarios en los que se libró este enfrentamiento.
El último movimiento de Villarejo ha sido cambiar de abogado en medio de la polémica suscitada por los audios que grabó durante años para conseguir información valiéndose de su condición policial. Prueba de ello es la grabación de la comida de 2009 a la que asistió la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, entonces fiscal en la Audiencia Nacional. El resto de comensales eran el entonces juez Baltasar Garzóny otros mandos policiales, entre ellos Enrique García Castaño.
5. Las ‘bombas’ del comisario
El escándalo por las expresiones de la ministra en esa cita -que celebraba la concesión de una medalla a Villarejo- le costó ser reprobada en el Congreso de los Diputados y enfrentarse a numerosas peticiones de dimisión. Antes que ella, el protagonista de otro audio comprometedor del archivo de Villarejo, fue el rey emérito Juan Carlos I. Su examiga Corinna Larsen ofrecía detalles al comisario sobre un presunto blanqueo de dinero cometido por el monarca. La Audiencia Nacional abrió una investigación, pero la archivó semanas después sin hacer una sola diligencia con el visto bueno de la Fiscalía.
Sin embargo, la relación entre los fiscales del caso Ignacio Stampa y Miguel Serrano con el juez De Egea no es demasiado fluida. El magistrado ha adoptado en un año numerosas decisiones contrarias a los intereses de los investigadores, que entienden que se ha apresurado en archivar partes de la investigación. Eso a pesar de que el análisis de la documentación sigue dando indicios relevantes sobre las actividades de un comisario que actuó durante décadas bajo el auspicio de diferentes gobiernos y que acudía a todas sus citas con grabadora.