Hansa Urbana reclamará 140 millones al Ayuntamiento si no retoma Novo Carthago

El proyecto urbanístico Novo Carthago está rodeado por la sombra de la corrupción, pues se basa en una recalificación de terrenos parcialmente protegidos a orillas del Mar Menor que la Justicia considera presuntamente ilegal. Pero Hansa Urbana, la empresa que mantiene la condición de urbanizador principal, pese a que perdió sus parcelas en favor del Banco Santander por impago de hipotecas, insiste en que todo es legal. Por eso, ha dado un ultimátum a la alcaldesa de Cartagena y nueva concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón. La promotora alicantina ha instado al Ayuntamiento a retomar los trámites administrativos necesarios para construir 6.000 viviendas y dos hoteles de lujo junto al humedal de Lo Poyo. Si el Consistorio no desbloquea el expediente con carácter inmediato, la compañía presentará una reclamación por incumplimiento de convenio y daños y perjuicios por importe de 140 millones de euros. Esta cantidad equivale al 70% del presupuesto municipal de este año.

En un escrito presentado anteayer en el Consistorio, la constructora insta a rectificar la paralización de los trámites, aprobada por la Junta de Gobierno Local el 4 de mayo, y a autorizar el nuevo proyecto de reparcelación. Según confirmaron a ‘La Verdad’ fuentes conocedoras del expediente, Hansa considera que ha subsanado las deficiencias que detectó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región -se obvió los derechos de una comunidad de regantes- y que, en consecuencia, la decisión municipal de bloquear el proyecto es arbitraria.

6.000 casas en el Mar Menor

El equipo de gobierno, del PSOE, basó su acuerdo en la necesidad de actuar con precaución, ante la posibilidad de que la Justicia declare nula la Modificación Puntual número 113 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (Pgmou), de 1987. Para evitar el eventual pago de una indemnización millonaria a Hansa, si esta logra la licencia para construir antes de que se resuelva el procedimiento penal, el entonces concejal de Urbanismo, Francisco Aznar (quien renunció a su acta recientemente), planteó dejar en suspenso los trámites burocráticos de Novo Carthago. Cambiando el criterio del alcalde y concejal de Urbanismo anterior, José López, del partido MC y que gobernó junto a los socialistas hasta enero de este año, el equipo de Castejón detuvo el expediente. También acordó realizar una consulta al Juzgado de Instrucción 2 de Murcia.

Solo unos días después, este órgano dictó el procesamiento del presidente de Hansa Urbana, Rafael Galea, de tres exconsejeros del Gobierno regional y de funcionarios de la Comunidad Autónoma, por delitos relacionados con la reclasificación ilegal del Espacio Natural Protegido del Humedal de Lo Poyo y de los Regadíos de Miramar. La Fiscalía presentará un escrito de acusación y las defensas han pedido el archivo.

Sobre la base de un informe de la Asesoría Jurídica Municipal, Castejón planteó al juzgado una «cuestión de prejudicialidad» penal. Le pidió que dictara la suspensión de los trámites, a la espera de que se celebre el juicio y haya una sentencia. La respuesta del juzgado a la pretensión municipal fue negativa, como también lo ha sido al recurso que interpuso el Consistorio, que confía ahora en que el TSJ corrija al juez. Básicamente, el magistrado, cuyo criterio comparte la Fiscalía, señala que carece de competencias para intervenir en el procedimiento administrativo.

La resolución del nuevo instructor de Novo Carthago, Ángel Garrote -quien sustituyó en verano a Miriam Marín-, ha llevado a Hansa Urbana a realizar su aviso a Castejón sobre las consecuencias económicas que podría tener su frenazo al proyecto. Y, aunque según las fuentes consultadas el escrito de la promotora no incluye de forma explícita el anuncio de una solicitud de responsabilidad patrimonial, ni el plazo máximo en que esta sería interpuesta, el equipo de gobierno da por hecho que Hansa trabaja ya en esa reclamación administrativa, que la ley establece como obligatoria antes de una demanda judicial.

«No cederé al chantaje»

Fuentes de la alcaldía indicaron que Castejón considera una «amenaza y un chantaje» la comunicación de Hansa, y que está determinada a «no ceder» a las presiones. Añadieron que la primera edil estudia mantener la suspensión de los trámites, por estar avalada por un informe jurídico, y formalizar el último recurso, ante la Audiencia Provincial. Eso permitiría a la alcaldesa ganar tiempo, mientras estudia la posible revisión de oficio de la recalificación, para anularla por defectos legales, conforme a una sugerencia de la Fiscalía.

En el Consistorio indicaron que si bien el fiscal, Juan Pablo Lozano, se opone a que el juzgado tome decisiones urbanísticas, también ha anunciado que pedirá la nulidad de la recalificación y del resto del proceso administrativo. Eso, apuntaron en el Gobierno local, avala a Castejón al actuar con «precaución», para «evitar un posible daño millonario» a las arcas públicas, si impulsa licencias que luego no tengan validez pero que generen derechos indemnizatorios.

El fiscal ha anunciado que, «por ser una consecuencia obvia», su escrito de acusación «incluirá la petición de nulidad de la Modificación Puntual número 113». «De acordarse finalmente dicha nulidad, por el efecto cascada, el resto del planeamiento derivado devendría nulo, salvo las licencias y actos administrativos firmes». Hasta ahora, indicaron en el Consistorio, no ha sido dictado ningún acto definitivo.

La juez imputó por presunta prevaricación a los exconsejeros de Ramón Luis Valcárcel Antonio Cerdá (Agricultura), Joaquín Bascuñana (Ordenación de Territorio) y Francisco Marqués (Medio Ambiente), todos ellos del PP. A Marqués, además, le atribuyó cohecho. Asimismo, incoó un procedimiento abreviado para otros funcionarios y exaltos cargos: Carlos Brugarolas, Antonio Alvarado, José María Ródenas, Luis Manuel Romera, Manuel Alfonso Guerrero y María Antonieta Fernández. A esta la procesa por prevaricación, cohecho y/o blanqueo de capitales.

En cuanto al presidente de Hansa Urbana, la juez vio indicios de cohecho y apuntó que la responsabilidad civil recaería sobre Hansa. Marín archivó las diligencias respecto al exconcejal de Urbanismo Agustín Guillén, el Ayuntamiento y los funcionarios Mónica Lavia, Pascual Lozano, José María Bernabé y María Reyes Sánchez. También sobreseyó la causa respecto a Rosario Valcárcel, hija del expresidente, y al cuñado de este, Juan Francisco Cruz. También dio carpetazo respecto al exportavoz del PSOE en las Cortes Valencianas y exasesor de Hansa, Ángel Luna; y a Fulgencio Peral, Juan Sánchez Carrillo y José Alberto Meroño.