TOLEDO.- Palabras vacías, una denominación sin contenido, es en lo que se ha traducido hasta ahora la ‘transición ecológica’ que da nombre al departamento de la ministra Teresa Ribera para el Tajo. Un maltratado río para cuyos embalses de cabecera la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura acordaba este jueves un nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras del Levante.
Nueva derivación para el mes de octubre que justifican con el análisis de la evolución hídrica que realizó la propia Comisión en su reunión del 6 de septiembre.
Asimismo, en su comunicado, el Ministerio señala que el informe sobre la evolución del sistema global de indicadores hidrológicos elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura, el cual recoge la situación a 1 de octubre, «pone de manifiesto que los indicadores de la sequía se han agravado, pasando el subsistema trasvase a una situación de alerta».
Un análisis de la situación al que se suma el informe de situación elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), en el cual se indica que los embalses de Entrepeñas y Buendía registraron en los últimos meses «una evolución favorable» de las aportaciones acumuladas.
Así, y según las normas reguladoras del trasvase Tajo-Segura, en situación de nivel 3 debe ser el Ministerio para la Transición Ecológica el que autorice, o no, la decisión de trasvasar, la cual debe estar «motivada».
Motivos que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se consideran válidos y suficientes, por lo que inicia los trámites para la autorización de la nueva derivación de 20 hectómetros cúbicos, que se sustanciará con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado.
A pesar de esta nueva puñalada al Tajo, desde el departamento de Teresa Ribera aseguran trabajar en «actuaciones de gestión sostenible» y en «medidas encaminadas a incrementar la autosuficiencia de los territorios demandantes a partir de todas las fuentes disponibles: aguas superficiales y subterráneas, reutilización y desalación».
Medidas que, de haberse implantado, no muestran sus resultados en el Tajo, puesto que la ‘factura’ del Levante, se le sigue cobrando, últimamente, a razón de 20 hectómetros cúbicos mensuales.
Buenas palabras hacia una transición ecológica que se quedan simplemente en eso, como también las relativas a la mejora de las condiciones ambientales de la cuenca cedente que también se anuncian desde el Ministerio.
De este modo, el Gobierno de Pedro Sánchez firma el tercer trasvase desde su llegada a Moncloa, todos ellos de 20 hectómetros cúbicos.
El primero de ellos llegaba en el mes de agosto, con los embalses de cabecera en continuo descenso y sorprendiendo a quienes esperaban por parte del nuevo Ejecutivo un cambio respecto al trasvase.
Un mes después, con Entrepeñas y Buendía en situación excepcional nivel tres, se autorizaba una nueva derivación, a la que la ministra Teresa Ribera daba luz verde y se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el pasado 13 de septiembre.
Con los 20 hectómetros cúbicos autorizados para octubre, el Ejecutivo de Sánchez sumará ya 60, que se añaden a los tres aprobados por el Gobierno del Partido Popular en los meses de abril, mayo y junio, todos ellos del mismo volumen, así como los 38 hectómetros cúbicos aprobados en nivel 2 durante el mes de julio -también bajo mandato socialista-.
Pero todo apunta a que éste tampoco será el último trasvase de este 2018. Y es que, según ha manifestado este viernes el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura, Carlos Marco, los informes de la Comisión de Explotación son de carácter trimestral, por lo que además de la derivación ahora aprobada el Ministerio cuenta ya con el criterio técnico para autorizar otros 20 hectómetros cúbicos para noviembre.
LA JUNTA BUSCA DEROGAR EL MEMORÁNDUM
Así, con el visto bueno al nuevo trasvase para octubre por parte de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, y a la espera de que se formalice en el Boletín Oficial del Estado la autorización del Ministerio, que solo es un trámite puesto que ya ha mostrado públicamente su conformidad, desde la Junta de Castilla-La Mancha se ha vuelto a expresar la «decepción» que para esta región supone la aprobación de esta nueva derivación de agua, y apela al Ejecutivo central para que no la autorice.
Así lo manifestaba la consejera de Fomento, Agustina García Élez, quien ya avanzaba que el Gobierno regional recurrirá también este nuevo trasvase. Tras ello, realizaba un llamamiento a la ministra de Transición Ecológica, para que «de una vez por todas» se impongan «la sensatez y el sentido común» en el trasvase.
En este sentido, la titular de Fomento insistía en su invitación a Ribera a visitar los embalses de cabecera, actualmente al 23 por ciento de su capacidad, por lo que no se encuentran en situación de «normalidad», y se acerque a conocer cuál es la situación del Tajo medio a su paso por Talavera de la Reina o Toledo.
Cabecera del Tajo donde «no sobra agua», sino que «día a día» pierde hectómetros cúbicos, en concreto 8,3 en la última semana, lo cual se suma a las derivaciones de agua autorizadas en meses anteriores y que se siguen realizando.
Es por ello que García Élez se cuestiona cómo es posible autorizar un nuevo trasvase «sin saber cómo se van a encontrar los pantanos dentro de uno o dos meses».
Asimismo, destacaba que el Gobierno castellano-manchego va a pedir «formalmente» al Ministerio la derogación del Memorándum y de las reglas de explotación en la reunión que tiene previsto mantener en la primera semana de noviembre con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Y es que, ha recordado la consejera, la aprobación de los últimos trasvases se debe a la existencia del Memorándum que se aprobó «a espaldas de los intereses de Castilla-La Mancha» y por parte de gobiernos con mayoría absoluta del Partido Popular, tanto en esta región como en la Comunidad Valenciana y en Murcia.
«Se aprobó por parte de unos pocos», criticaba García Élez, quien aboga por un pacto del agua que «tiene que ser de todos», y en el que los intereses de todas las comunidades estén «a la par y en la misma situación de partida».
En esta línea, añadía que «no es que el Gobierno de España no esté cumpliendo con Castilla-La Mancha, sino que no está cumpliendo con su palabra, ya que desde el inicio de la legislatura la ministra ha dicho que los trasvases tenían que ser algo extraordinario y lo que estamos viendo es que mes tras mes se está convirtiendo en algo ordinario».
Será pues una de las cuestiones prioritarias que el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, ponga sobre la mesa en la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 15 de octubre.
EL TRASVASE, HERENCIA DE LA DICTADURA
Y mientras se produce ese encuentro, García-Page ha criticado este viernes el nuevo trasvase aprobado, y lamenta el trato «injusto y diferenciado» que los distintos ministerios, «y especialmente el de ahora también», han desarrollado en relación con la gestión del agua y con los regadíos.
El presidente castellano-manchego ha vuelto a pedir «coherencia» al Ejecutivo central porque «si se es ecologista para subir el diésel, se tiene que ser ecologista también para acabar con un atropello medioambiental como es el trasvase».
Por ello considera «un ataque claro a la coherencia» que no se empiece a cambiar la política de trasvases en España. En este sentido, no ha dudado en señalar que ya le gustaría que «este Gobierno, además de ocuparse de los restos del dictador, se ocupe también de los restos que dejó en vida como el trasvase Tajo-Segura».
