El día que el ‘procés’ cruzó la línea roja

Con nocturnidad y alevosía, justo hace un año, la Cámara catalana atravesó las líneas rojas de la legalidad y consumó lo que hasta entonces solo habían sido amenazas. El órdago a la grande se hizo realidad pasadas las doce de la noche, tras una sesión parlamentaria celebrada a cara de perro, con una bronca sin precedentes y la constatación de que por primera vez el independentismo pasaba de las palabras a los hechos y daba forma a la amenaza de explorar la vía unilateral. Por primera vez, cruzaba el Rubicón sin atender las consecuencias, que llegaron meses después en forma de encarcelamientos, 155, fractura de la sociedad catalana y huida masiva de empresas.

El secesionismo buscó el choque frontal aprobando la ley del referéndum que sirvió para que Carles Puigdemont firmara en la madrugada del 7 de septiembre decreto de convocatoria del referéndum del 1-O. «Cataluña decidirá democráticamente su futuro el día 1 de octubre», dijo. «Nadie tiene la autoridad ni el poder para confiscarnos el derecho a decidir», afirmó. Meses antes había enunciado el ya célebre «referéndum o referéndum» y hoy hace un año consumaba el desafío. Los secesionistas, que tenían 72 de los 135 escaños de la Cámara, ponían en práctica una frase que hasta entonces resultaba más bien retórica -«el Parlamento catalán es soberano»- pero que desde el 6 de septiembre no es solo una mera declaración de intenciones.

Las dos jornadas parlamentarias dejaron la imagen de la entonces presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, arrinconada e incapaz de gobernar los debates, y escenificaron la división de Cataluña. Tras la aprobación de la ley del referéndum, la foto no pudo ser más significativa: la mitad de los diputados en pie, aplaudiendo con entusiasmo, mientras los escaños de la otra mitad estaban vacíos. Los grupos constitucionalistas se negaron a participar en la votación y dejaron banderas españolas y catalanas en sus escaños.

Lejos de corregir el error, el secesionismo reincidió al día siguiente, aunque ahora ha trascendido que Puigdemont intentó abortarlo. Cuando en las viejas paredes de la Cámara catalana aún retumbaban las palabras del día anterior, el pleno del Parlamento volvió a celebrarse para aprobar la ley de transitoriedad jurídica, la norma que hacía de constitución provisional para pilotar el tránsito de la Cataluña autonómica a la Cataluña independiente. Una ley que concedía al presidente de la Generalitat la potestad de nombrar al presidente del Tribunal Supremo del nuevo estado.

Fue el día en que Joan Coscubiela (de Catalunya sí que es Pot y ahora retirado de la política) puso en pie a las bancadas de Ciudadanos, PSC y PP. Su apasionada intervención cargando contra el independentismo le situó para siempre en el altar de los traidores de la patria. Lo que allí pasó en esas dos jornadas de la Cámara catalana puso la alfombra roja a lo que vino después: el asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre, el referéndum del 1-O, la huelga general del día 3, y la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre. La oposición acusó a los independentistas de dar un golpe de Estado y los secesionistas acusaron a Ciudadanos, PSC y PP de filibusterismo parlamentario.

A la brava

«El 6 y 7 fue la culminación de la ficción» que había construido el independentismo que creía que podía celebrar un referéndum a la brava y que luego tendría reconocimiento internacional, recordó hoy Joan Coscubiela. La ley de transitoriedad jurídica marcó, a su juicio, un punto de inflexión, que demuestra que ese día el independentismo decidió que había que «quemar todas las naves»

La constitucionalista Argelia Queralt señaló hoy que el independentismo buscó la ruptura del ordenamiento jurídico. A su entender, fue el día en que el secesionismo se quito la careta y dejó claro que cuando habla de democracia, de lo único que habla es de independencia. De una tacada, Junts pel Sí y la CUP incumplieron el reglamento de la Cámara, hicieron caso omiso a los letrados y al Consejo de Garantías Estatutarias, liquidaron el Estatuto y la Constitución, vulneraron los derechos de los diputados no independentistas e intentaron romper con el resto de España con menos del 50% de los votos. Anton Costas, expresidente del Círculo de Economía, calificó lo ocurrido de golpe parlamentario revolucionario.