El impuesto a la banca ya no es una prioridad para Pedro Sánchez. Así lo ha trasladado en los últimos días el propio presidente del Gobierno a los principales ejecutivos financieros del país. Una dura advertencia del sector a comienzos de agosto ha llevado a Moncloa, Economía y Hacienda a matizar sus planes iniciales.
Así lo acaba de reconocer la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien no ha incluido esta medida entre las que se deben llevar a cabo “lo antes posible”. Ha confirmado que no se encuentra entre sus objetivos más urgentes.
El primer aviso del principal banco del país
La nueva tasa recibió desde el primer momento numerosas críticas por parte del sector financiero. El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, llegó a apuntar, durante la última presentación de resultados de la entidad que, si finalmente se creaba esta figura, el banco modificaría su estructura legal en España. Preguntado por si mantendría la sede en el país, se limitó a afirmar que “probablemente”.
Confidencial Digital ha podido confirmar, por fuentes financieras de alto nivel, que la advertencia del principal banco del país, lanzada por el número dos de Ana Botín el 25 de julio, llevó al Gobierno a replantearse una figura que, según explicó el PSOE cuando estaba en la oposición, ayudaría a reducir el déficit de la Seguridad Social.
Contactos con el Ministerio de Economía y Moncloa
Pese al aviso del Santander, el Ejecutivo continuó afirmando en público que continuaba adelante. La tasa era necesaria y se iba a crear este impuesto en una segunda revisión fiscal.
No obstante, en el Ministerio de Economía se comenzaba a admitir, en contactos privados con los consejeros delegados de los principales grupos bancarios, que Sánchez no tenía asegurados ni los dos años que le quedan a la legislatura y tampoco estaban claros los apoyos con los que iba a contar para aprobar la medida en el Congreso.
Pues bien. Según ha podido saber ECD por fuentes conocedoras de los encuentros, una reunión reservada en el Palacio de la Moncloa, durante la primera semana de agosto, ha resultado definitiva para que el presidente del Gobierno haya ordenado a la ministra de Hacienda dar marcha atrás con este impuesto.
En condiciones de abandonar España en 24 horas
En un tono conciliador, pero en un claro ‘aviso a navegantes’, los altos ejecutivos de varios grandes bancos recordaron al equipo económico de Pedro Sánchez que las entidades se encuentran en condiciones de abandonar España en 24 horas si la subida de impuestos que planea el Ejecutivo afecta negativamente a sus balances.
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó, tras el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, un decreto ley que permite cambios de domicilio social de forma exprés.
Se trata de una normativa que libera a las empresas de tener que convocar a las juntas de accionistas para trasladar la sede y fija que es suficiente con una aprobación avalada por el consejo de administración. Por tanto, un proceso que solía tardar semanas y debía someterse a una incierta votación en la junta, se puede ejecutar ahora en poco más de un día.
Hay que recordar que más de 3.000 empresas con sede en Cataluñaaprovecharon este nuevo marco legal para abandonar la comunidad por la deriva independentista.
Amenazó con derogar el decreto para cambiar sedes
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD revelan que la dura advertencia de la banca no fue entendida en un principio por Sánchez. Pese a que comprendía la oposición de las entidades, el presidente trató de justificar que el Gobierno representa el interés general y no el particular de los banqueros y que, por lo tanto, “se pondría el impuesto”.
Llegó a amenazar a los bancos con derogar este decreto que facilita los cambios de sedes. Un anuncio que los presentes relacionaron con uno de los puntos de la llamada “agencia oculta” de Pedro Sánchez con Cataluña, y que tratará de sacar adelante en los próximos meses en un claro gesto de normalización de relaciones con el Govern de Quim Torra.
Después de la experiencia de CaixaBank y Sabadell
Según las fuentes consultadas, los altos ejecutivos hicieron saber también al presidente que la experiencia de CaixaBank y Sabadell, con su salida por la vía rápida de Cataluña, ha demostrado que “no se trata tampoco de un proceso tan traumático”.
Por lo pronto, el principal cambio operativo que han sufrido es que la obligatoriedad de convocar sus consejos de administración en sus nuevos domicilios sociales, donde también presentan sus resultados desde que abandonaron Barcelona. En cambio, destacan que las plantillas apenas se han visto afectadas por la deslocalización de las sedes.
Los mensajes recibidos, calificados de “inquietantes” por altos cargos de Moncloa, han llevado finalmente a Sánchez y a Montero a dejar en suspenso la creación de este impuesto a las entidades para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
