La detención de Eduardo Zaplana supone el primer zarpazo real de la Justicia a una persona a la que el instinto político permitió desarrollar una imparable carrera a lo largo de 17 años, que inició como alcalde de Benidorm y culminó como ministro y portavoz del PP hace una década, cuando se retiró a la empresa privadabajo la sombra de la sospecha sobre su gestión pública.Lo cierto es que hace muchos años que los modos de proceder del exministro del Partido Popular generaban más que recelo. Su alto nivel de vida siempre llamó la atención a sus compañeros de profesión. Su gestión de lo público también fue cuestionada por muchos medios de comunicación. Sin embargo, muy pocos hablaron de las sombras en la gestión del político valenciano.

Y es que aunque este martes Zaplana acabó siendo detenido por blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, el exministro de José María Aznar ya era noticia a comienzos de los años 2000 por el (mal) uso que hacía del dinero público.

Los turrones a periodistas

Uno de los ejemplo más escandalosos guarda relación con su etapa en el Ministerio de Trabajo. Entonces, Eduardo Zaplana decidió gastarse 55.000 euros en turrones. El exdirigente del PP enviaba este manjar en acicaladas cajitas de madera a decenas de periodistas. Exquisitos dulces de la marca Picó que en total superaban las cuatro toneladas.

Derroche de dinero público que avergonzó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, en 2004, cuando José Caldera sustituyó a Zaplana al frente del ministerio, el socialista rehusó pagar tres facturas de turrón. El impago se produjo porque el nuevo equipo ministerial no encontró los certificados que justificaran ese gasto ni logró que nadie lo validara en los meses siguientes.

Catorce años después de aquel derroche de dinero público en dulces, el Partido Popular, que en su día le justificó y defendió con ahínco al exalcalde de Benidorm (gracias a una tránsfuga que le dio su voto en 1994), intenta ahora desligarse de sus prácticas políticas.

Unos papeles aportados en el juzgado por el exgerente de Imelsa y autodenominado Yonki del dinero, Marcos Benavent, al inicio de esa conocida causa en Valencia, y que a su vez le había entregado un imán sirio, han sido el origen de la investigación de la ‘operación Erial’ que arrancó en 2015 y que culminó este pasado martes con la detención del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

El obrero sirio los habría encontrado en un falso techo al hacer obras en su casa, en el edificio de La Pagoda de València, una vivienda que con anterioridad había pertenecido al exministro, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

Se trataría de esquemas hechos de la mano del propio de Zaplana y que presuntamente recogerían movimientos ilícitos de dinero. El trabajador vio que se trataba de documentos muy delicados y se los entregó a Benavent, con el que mantenía una buena relación, para que la custodiara e hiciera lo que creyera conveniente con ella.

Y el Yonki del dinero los entregó en el juzgado en 2015, en el germen del conocido como caso Imelsa que afectaba en aquel momento a la Diputación de València presidida por Alfonso Rus y que acabó implicando al grupo municipal popular en el consistorio valenciano con Taula y otras piezas, como las relativas a la construcción de colegios a través de la empresa pública Ciegsa.

Entre toda la documentación aportada por Benavent -que ya en mayo de hace tres años advirtió de que iba a colaborar con Fiscalía Anticorrupción para «contar toda la verdad»- estaban estos papeles que recayeron en el Juzgado de Instrucción número 8 de València, en una investigación que ha permanecido -y continúa- declarada secreta, en coordinación con la Fiscalía.En la operación se ha detenido al exministro de Trabajo y a otras seis personas más, entre ellas los empresarios José y Vicente Cotino, y se investiga al tío de estos últimos, el exvicepresidente del Consell, expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino.

De hecho, en la jornada de este martes, en la que se llevaban a cabo las detenciones y hasta 22 registros-, Benavent estaba citado como testigo en el Juzgado de Instrucción número 8, donde ratificó lo que ya dijo hace tres años sobre la forma en la que el imán le entregó los documentos y sobre cómo fueron hallados por su conocido.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales presuntamente recibidas por la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.

Entre los contratos públicos que examinan los investigadores se encuentra la concesión de las ITV y del Plan Eólico diseñado durante la etapa de Zaplana al frente del Gobierno valenciano.