El caso del máster de Cristina Cifuentes, que provocó su dimisión –junto a un vídeo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid llevándose dos cremas de una tienda sin pagar-, ha perdido fuelle político pero sigue adelante en los tribunales. Hoy viernes la titular del juzgado número 51 de Instrucción de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha llamado a declarar el próximo 26 de junio a Cifuentes como investigada por los delitos de falsedad documental y cohecho, castigados cada uno con hasta seis años de prisión. La juez tomó esa decisión después de haber escuchado las declaraciones de las profesoras cuyas firmas aparecían en el acta que acreditaba falsamente que había presentado un Trabajo Fin de Máster en la Universidad Rey Juan Carlos y de otras personas relacionadas con el caso.

La expresidenta, durante las semanas que precedieron a su dimisión, repitió un mantra: si había alguna irregularidad en el máster en derecho autonómico y local que cursó en la Rey Juan Carlos, y cuyo título obtuvo sin ir a clase ni hacer los exámenes, era problema de los profesores y del centro. Ella, según decía una y otra vez, no sabía nada, fue a defender su Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012 con total normalidad y, más allá de eso, lo que hubiera sucedido era achacable a la universidad. Sin embargo, la profesora que elaboró el acta que avalaba falsamente la presentación de dicho TFM asegura que una amiga de Cifuentes la presionó durante toda la mañana del 21 de marzo –cuando eldiario.es destapó el caso- para que elaborara el acta, para que le redactaran un TFM (algo que jamás llegó a suceder) y, finalmente, para que le pasaran referencias bibliográficas de un trabajo inexistente con las que poder defenderse de las acusaciones.

La profesora asegura que le dijo frases como “Cristina os va a matar a todos” o “Tenéis que darnos un TFM». Cuando ella le respondió que no había tal y que no podían hacerlo, Feito le pidió entonces unas referencias bibliográficas. La docente tiene el registro de llamadas entre su teléfono y el de Feito. La última se produce 20 minutos después de que el acta falsa sea enviada por correo electrónico al rector, quien después la reenvía al entorno de Cifuentes.

Rosado declaró el jueves como investigada, contestó a todas las preguntas y aseguró que no hubo TFM; que ella y sus compañeras Alicia López de los Mozos y Clara Souto jamás se reunieron como tribunal ni evaluaron a Cifuentes; que el acta se elaboró el 21 de marzo de 2018, no el 2 de julio de 2012; y que todo fue dirigido y encargado por Enrique Álvarez Conde. Las tres docentes coinciden en estos puntos.

Un acta con dos firmas imitadas

Rosado reconoce que fue ella quien elaboró el acta y puso su firma y las de sus dos compañeras, López de los Mozos y Clara Souto. Todas, colegas del área de Derecho Constitucional. Lo hizo porque se lo pidió Álvarez Conde y porque sus dos compañeras le habían enseñado a través de videollamada su DNI para que viera su firma y pudiera copiarla. Así lo reconoció también López de los Mozos en su declaración ante la policía el pasado 10 de abril, aunque aseguró que no sabía para qué era. Rosado, por su parte, contradijo esta versión, asegurando que López de los Mozos sabía perfectamente para qué le estaba enseñando su firma, y que nunca lo hubiera hecho sin permiso.

Souto, por su parte, también admitió el jueves que enseñó su firma a Rosado, pero afirmó que era una práctica tan habitual en el Instituto de Derecho Público que no supo para que se iba a usar en ese caso concreto. Aseguró que como la universidad tiene varios campus en distintas localidades, muchas veces lo hacían para facilitar las cosas. La profesora declaró como testigo, sin abogado, y no fue imputada. En su caso, Rosado ratificó su declaración y declaró que no recordaba si habían hablado de para qué era la firma, que ella lo dio por hecho cuando Souto le enseñó su DNI, y confirmó que hacer firmas de compañeros era práctica habitual en el Instituto de Derecho Público.

Por otro lado, y por otra cuestión, López de los Mozos, que comparecía como testigo, pasó a ser investigada por prevaricación administrativa. Durante su declaración le preguntaron por la nota que había puesto a Cifuentes en una asignatura y respondió que no recordaba haberla evaluado. Como aparecía su firma, la juez decidió seguir la investigación sobre estos hechos. Souto también había aprobado una asignatura a Cifuentes, pero en una clase que impartía a medias con Álvarez Conde en la que ella daba muy pocas clases y era él quien evaluaba y le decía la nota correspondiente de cada uno. No fue imputada.

Álvarez Conde se hace responsable del acta falsa por escrito

Por otro lado, Álvarez Conde, maestro, mentor y tutor de las tesis doctorales de Rosado, Souto y López de los Mozos, ha firmado un documento —que ayer entregó Rosado a la juez— asumiendo la responsabilidad de lo que pasó. Afirma que en el grupo de investigación que él dirige, y en el que están las tres docentes, es muy normal pedir que se firme en nombre de otros por razones de eficiencia y que siempre existe un consentimiento por parte de las personas involucradas, sea expreso o presunto. En relación al acta del 21 de marzo, declara expresamente que fue él quien pidió a Cecilia Rosado que pusiera su firma y la de sus compañeras en el documento, y quien le indicó lo que tenía que escribir en el papel en blanco.

Durante el curso 2011/12 la directora del curso era Rosado, pero ella aseguró ayer que se ocupaba sobre todo de la gestión mientras las decisiones importantes las tomaba Álvarez Conde. Clara Souto confirmó este hecho, asegurando que tanto ella como Rosado eran las últimas en la jerarquía del Instituto y que la relación entre Álvarez Conde y Rosado se había deteriorado mucho sobre todo a partir de 2014.

Sobre el acta del TFM, López de los Mozos, en su declaración ante la policía el pasado 10 de abril, dijo que sobre las 12 de la mañana del 21 de marzo, el día que se publicó el caso, Álvarez Conde “le dijo literalmente ‘te tengo que meter en esto’, si bien no le dio explicaciones de la actuación exacta que requería”, según señaló la docente. Ella asegura que le pidió “que no la metiera en el asunto”. Él, siempre según su versión, le respondió que “iba a buscar a otras personas, pero que de no encontrarlas tendría que acudir a ella”.

López de los Mozos declaró que lo siguiente que vio fue la rueda de prensa en la que el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, dijo su nombre como presunto miembro del tribunal, que Álvarez Conde no la atendió hasta las tres de la tarde, y que en ese momento le dijo que “estaban recabando información del máster” y que tenía que darle a Cecilia todo lo que esta le pidiera. Posteriormente ella contactó con la profesora Rosado. Según su versión, no le quiso dar su firma pero más tarde le enseñó por videollamada su DNI, aunque según su relato “en ningún caso” la autorizó “a plasmarla en ningún documento”. Rosado desmintió esto último con firmeza.

En su declaración del jueves ante la juez, que fue suspendida más tarde cuando fue declarada investigada, López de los Mozos aseguró que más tarde se había sentido muy presionada para mentir por Enrique Álvarez Conde. A la policía le había asegurado que tenía grabaciones que así lo acreditaban, pero ayer señaló que no encontraba el pen drive y que había borrado los whatsapps.

Irregularidades en las convalidaciones

Las diligencias de la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid no se abrieron por el acta del TFM, sino tras una querella presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca, Ángela Figueruelo, por unas convalidaciones en las que aparece su firma –que ella asegura que ha sido falsificada-. Se trata de un escrito de convalidación del mismo curso de Cifuentes (2011-2012) en el que aparecen distintas firmas, también la de López de los Mozos. A esta investigación se unió la del acta relativa al TFM después de que la Fiscalía de Móstoles, que era quien llevaba el caso en origen, remitiera las actuaciones al juzgado de Madrid para que se investigara todo conjuntamente.

En relación a estas convalidaciones, tanto José Antonio Lobato (responsable de la unidad de posgrado de la Rey Juan Carlos) como Pilar Trinidad (jefa de Inspección de la universidad), que declaraban como testigos, aseguraron que no les constaba que se hubieran usado; es decir, que esas convalidaciones se hayan trasladado a las notas de los alumnos. Si esto fuera así, no habría delito aunque se hayan falsificado firmas, puesto que el delito exige que la falsificación se introduzca en el tráfico jurídico.

El jueves declaró también como investigada Amalia Calonge, la funcionaria de la universidad que cambió dos notas de Cifuentes de no presentado a notable (lo hizo como investigada). Aseguró que lo hizo ante la petición de uno de los profesores, Pablo Chico. José Antonio Lobato, responsable de la unidad de postgrado y títulos propios de la universidad, aseguró sin embargo que la forma de modificar las notas no era la normal y que los cambios de actas no pueden hacerlos los profesores -ni siquiera el profesor del máster- pidiéndolo a un funcionario.