Ya había hecho antes algún amago en otras capitales de provincia. Pero las circunstancias no habían sido propicias. De manera que en 1999, cuando un agente de la firma Santa Mónica le hizo ver que el histórico Real Murcia, además de arrastrarse desde tiempo atrás por los campos de la Segunda B, se había situado al borde mismo del precipicio con el obligado proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), el abogado y empresario Jesús Samper se lanzó con avidez sobre la pieza. Si algo había aprendido en sus largos años como secretario general de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) -sobrados ejemplos había conocido con otros clubes y en otras ciudades- es que no hay ecuación más infalible que la que se deriva de sumar el fútbol a los negocios. Porque nada como la pasión por una camiseta y por un escudo es capaz de cegar los ojos y obnubilar las mentes del pueblo de tamaña manera, hasta el extremo de llevar a perdonar lo imperdonable y de justificar lo injustificable.

Con el Real Murcia -adquirido a precio de saldo- ya en el bolsillo y los sentimientos de la afición en un puño, Samper se presentó en la Alcaldía de Murcia con la misma actitud del jugador de mus que lleva un ‘solomillo’ de mano. Bien consciente de que el club boqueaba en busca de oxígeno y de que al municipio le urgía contar con un nuevo estadio por la jubilación forzosa de La Condomina, no debió de costarle mucho a Cámara convencerse de las bondades de la oferta. De manera que si fue en marzo cuando se celebró la Junta de Accionistas del Real Murcia en la que Samper asumió la vicepresidencia de la entidad, y su socio, Joaquín Romeu, la presidencia, apenas cuatro meses después ya tenía en su mano este hombre de negocios un compromiso por escrito, firmado por el alcalde de su puño y letra, que era de lo más parecido a un cheque en blanco.

El documento expresaba la voluntad política de impulsar un gran proyecto urbanístico -residencial, comercial y deportivo-, cuyas millonarias plusvalías permitieran al Real Murcia obtener los fondos necesarios para levantar un nuevo campo de fútbol y, en el menor plazo de tiempo posible, situarse en la cúspide del fútbol profesional.

El acuerdo, que años más tarde sería bautizado en ámbitos judiciales como el ‘protocolo secreto’ debido a que nunca se le dio publicidad y a que incluso fue negado por los protagonistas más veces que Cristo por Judas, parecía colmar las necesidades de todos los jugadores de esta partida: el Real Murcia, que se preparaba para dejar atrás definitivamente el pozo económico y deportivo; los miles de fieles y sufrientes seguidores granas, que aventuraban un futuro preñado de éxitos, y el alcalde popular, que legítimamente podría esperar algún rédito político de todo ese asunto.

Al cabo, todo más o menos opinable, incluso discutible, pero comprensible. Salvo por el hecho de que fue Samper y sus empresas, y no el Real Murcia, los que desde el minuto cero se apropiaron de la tajada, ante la más absoluta pasividad, cuando no la aquiescencia y hasta el servilismo, de la primera autoridad municipal. El temprano día en que el empresario madrileño instó públicamente a Cámara «a callarse y a dedicarse a trabajar» para impulsar Nueva Condomina, en respuesta a unas suaves críticas que el alcalde había deslizado horas antes sobre el ritmo del proyecto, quedó de manifiesto quién llevaba las riendas y quién el bocado.

Un presunto delito prescrito

Un dicho huertano viene a mantener, con otras palabras más gruesas, eso sí, que con un buen atributo sexual buen sexo se practica. De igual forma, con un compromiso por escrito como el que le había suscrito Cámara, el dueño del Real Murcia se dispuso a explotar «el mayor pelotazo urbanístico de la historia», como un día definió a ‘Nueva Condomina’ uno de los más conocidos promotores murcianos.

Samper ni siquiera tuvo que arriesgar un duro propio. En cuanto mostró el mencionado ‘protocolo secreto’, dos entidades bancarias se apresuraron a entrar en el negocio, otorgándole un préstamo de 750 millones de pesetas y entregando -a fondo perdido- una suculenta ‘prima única’ a cambio de participar en un futuro reparto de plusvalías.

En noviembre de 1999, la empresa Sport Management and Projects SL -ojo, no el Real Murcia- adquirió casi un millón de metros cuadrados en la zona norte del municipio. Se trataba de un terreno sobrante de la urbanización La Ladera, cuyos cooperativistas lo sacaron a subasta después de que en el Ayuntamiento les aseguraran que jamás podría dársele un aprovechamiento urbanístico.

Lo que nadie sabía es que Samper guardaba en su portafolios la piedra filosofal del urbanismo: un compromiso que todo lo que tocara se convertiría en urbanizable. Así, mientras otros postores pujaban por unos huertos de limoneros resecos, el propietario del Real Murcia ya podía vislumbrar los bloques de viviendas y los magníficos complejos comerciales.

Huelga decir que se adjudicó ‘de calle’ la subasta por 578 millones de pesetas de la época -unos 3,5 millones de euros-, merced a una manifiesta situación de ventaja en la que, años más tarde, la Fiscalía entrevió un presunto tráfico de influencias, ya imposible de perseguir por la prescripción del delito.

El club como señuelo

Con el proyecto lanzado a toda máquina y sin nadie que en apariencia quisiera ponerle freno desde las instituciones públicas, el papel del club bien podría quedar ya reducido al de mero señuelo. El 20 de noviembre de 1999, dos meses después de adquiridos los terrenos, el Real Murcia suscribió con Sport Management and Project SL -o lo que es igual, Samper firmó consigo mismo- un contrato privado por el que el club cedía a esa mercantil todo el negocio inmobiliario: todos los derechos y obligaciones, todos los costes y gastos y, sí, también todos los futuros beneficios. A la vez, el Real Murcia le entregaba sus derechos de imagen a cambio de recibir doce millones de euros, que acabaron quedándose en poco más de diez (4,1 millones entre 1999 y 2002 y 6,2 entre 2002 y 2007).

Ese sería todo el dinero que la entidad deportiva como tal acabaría recibiendo de las empresas de Samper -y no por las plusvalías de ‘Nueva Condomina’, sino por los derechos de imagen del club-, tal y como se acredita en las diligencias judiciales abiertas en 2008 por estos hechos, que dieron origen al llamado ‘caso Umbra’. Los réditos económicos del negocio inmobiliario, que el propio Samper valoró en 260 millones de euros (94 millones del parque comercial, 60 del centro comercial y 105 del complejo residencial) irían a parar donde quiera que fueran -inversiones inmobiliarias en Sudamérica, adquisición de apartamentos en Cancún, cuentas en Suiza…-, pero desde luego no a las arcas granas.

Lo peor del hecho de permitir que todo el proyecto quedara en manos de ese grupo empresarial, en vez del Real Murcia, como estaba previsto en origen, estribaba no ya en que los beneficios para el club quedaran al libre albedrío de Samper, sino que este además era libre de abandonar el proyecto deportivo cuando quisiera y, a pesar de ello, mantener el control absoluto de la vertiente inmobiliaria.

De hecho, en junio de 2003, Sport Management and Project firmó un contrato privado con dos firmas inmobiliarias para venderles las fincas que se le adjudicaran una vez aprobado el proyecto de reparcelación. El precio de la transacción se cerró en más de 50 millones de euros, más otros siete percibidos como adelanto. El pelotazo se había consumado.

De esa millonada, más la que hubiera de llegar con la posterior venta del centro comercial a un fondo de inversión extranjero, con la enajenación de otras parcelas y con las torres de viviendas que se construyeron, al club de fútbol no le llegó ni el aroma de los billetes.

Insistir en que el Real Murcia tampoco ha acabado situándose en la cúspide del fútbol profesional -dos veces ascendió a Primera y las dos descendió a la temporada siguiente- resultaría en extremo cruel en las actuales circunstancias.

Legalidad en entredicho

Hasta ahí, el balance que para la entidad deportiva tuvo el convenio suscrito entre Samper y el Consistorio murciano, a lo que hay que sumar que, a trancas y barrancas, contra viento y marea, se acabó construyendo el estadio de fútbol Nueva Condomina para disfrute -al menos en teoría- del municipio. Lo cierto es que, nada más finalizadas las obras, el Ayuntamiento cedió el campo al club grana para su uso exclusiva durante un periodo de 50 años, con lo que se cerraba la puerta, por ejemplo, a que cualquier otra entidad deportiva pudiera disfrutarlo sin el visto bueno de los gerifaltes del Real Murcia.

De los hechos aquí relatados -todos ellos respaldados por documentos oficiales, de las empresas de Samper y del propio club grana recabados durante la investigación del ‘caso Umbra’- no se deriva, en apariencia, responsabilidad penal alguna. Otra cuestión serían las responsabilidades políticas, mucho más subjetivas, pero que, de cualquier modo, más que depuradas estarían a estas alturas con Cámara apartado de la vida pública desde hace una legislatura.

Lo que se tratará de establecer a partir del próximo miércoles en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia, que preside la magistrada Natividad Abolafio, es si el Ayuntamiento de Murcia, y en concreto quien era su alcalde, pudo incurrir en un delito continuado de prevaricación por haber forzado las normas urbanísticas a su acomodo, con el único fin de favorecer los planes de Jesús Samper no solo más allá de lo razonable, sino incluso más allá de lo legal. Junto a Cámara se sentarán en el banquillo dos supuestos cooperadores necesarios, el exdirector de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, y el antiguo jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, sin cuyos informes técnicos no habría resultado posible -según la acusación pública y las privadas- sacar adelante un proyecto presuntamente trufado de irregularidades.

Para empezar, el Ministerio Fiscal sostiene que ya el mismo ‘protocolo secreto’, que le sirvió a Samper para comprar los terrenos con ventaja y obtener financiación para el proyecto, no fue sometido a la firma del secretario municipal, ni estaba sostenido por informe técnico o jurídico, ni fue debatido en el Consejo de Urbanismo, la Junta de Gobierno o el Pleno.

Durante la tramitación del plan urbanístico se habrían utilizado «a conveniencia» dos textos normativos distintos sobre el PGOU -el redactado el 31-1-2001 y un texto refundido de fecha 31-5-2001-, con el aparente fin de aprovechar de cada uno de ellos lo que más favorecía a los propósitos del dueño del Real Murcia.

También se habrían obviado los requerimientos formales de la Consejería de Obras Públicas, que advirtió de que ese proyecto no se podía tramitar como un plan parcial, sino que necesitaba de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El fiscal reprocha igualmente a Cámara y a los dos antiguos responsables de Urbanismo que se hubiera modificado el PGOU a la presunta voluntad de Samper, ‘inventándose’ una denominada ‘alternativa B’ antes no contemplada, que permitió otorgarle un volumen de edificabilidad en el área residencial de hasta 0,63 m2/m2, que excedía presuntamente del límite legal máximo de 0,40 m2/m2. Esta circunstancia fue también objeto de una doble advertencia por parte de los técnicos de la Consejería de Obras Públicas, sin que nada se rectificara.

Todo ello se habría traducido en la posibilidad teórica para Samper de construir 1.584 viviendas más de las previstas en origen. Lo que simplemente a 120.000 euros por inmueble habría supuesto unos ingresos adicionales de 190 millones de euros.

En ese aparente afán de favorecer el proyecto Nueva Condomina más allá de lo razonable y hasta de lo legal, el Consistorio llegó a perdonarle a Samper la cesión -obligada e irrenunciable por ley- del 10% del aprovechamiento urbanístico, provocando a las arcas públicas un perjuicio de 18 millones de euros.

Cuestión de justicia

Para justificar tal decisión, Morillas habría redactado un informe técnico en el que curiosamente no hablaba de legalidad, sino de justicia, lo cual resulta bastante insólito en el ámbito de la Administración pública. Para concluir que era «justo» que el promotor no tuviera que abonar ese 10%, el técnico se basó en que ya se había comprometido a construir un estadio de fútbol y un campo de golf para el municipio, obviando -según la Fiscalía- que esas dos infraestructuras eran las que le habían permitido entrar en la ‘alternativa B’ y disfrutar de un tremendo incremento de la edificabilidad, pero que en absoluto podían eximirle de cumplir con ese precepto legal.

Solo la presentación de un recurso contencioso por parte de una de las mercantiles que impulsaban el centro comercial Thader, al sentirse discriminada en ese aspecto, permitió al municipio recuperarse de ese perjuicio de 18 millones. Aunque para ello hubo que asistir antes al paradójico e insólito espectáculo de ver al representante legal del Consistorio defendiendo ante un juez, en contra de la norma y de toda lógica, que no tenía derecho a percibir esa cuantía.

La juez establecerá ahora si tales conductas, al margen de cualquier otro juicio que se pueda llegar a hacer, son merecedoras de un reproche penal.